«¿Esto qué es, un club privado?» El inspector jefe, jubilado, Rafael Salvador le pregunta a Leire Díez, la llamada fontanera del PSOE, por el lugar, discreto, muy discreto, al que le había llevado. Es 14 de julio de 2020 y, tras varias charlas anteriores, habían acordado verse, cara a cara, en Madrid. El objetivo no era otro que armar una campaña de desprestigio contra la magistrada Mercedes Alaya.

La juez que destapó el caso de los ERE es uno de los objetivos a batir para la trama montada, según la investigación de la UCO, por Santos Cerdán y Díez con financiación del PSOE. Alaya había sentado en el banquillo a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y, además, había forzado la imputación y enjuiciamiento del caso Aznalcóllar, por el que se sentó en el banquillo Vicente Fernández, el ex presidente de la SEPI con el que la fontanera tenía una estrecha relación.

Había que «exterminar socialmente» a la juez y Salvador estaba dispuesto a «ayudar». No solo eso, sino que, las grabaciones que hizo la propia Leire de las reuniones entre ambos, recogen cómo el policía que investigó los ERE y el concurso minero de Aznalcóllar se ofrece a guiar los pasos de la fontanera del PSOE. «Yo te digo dónde están y cómo tienes que hacerlo», se le escucha al inspector jefe en los audios que forman parte del sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Rafael Salvador, al que la trama apoda 'Torrente' —por el personaje de la popular saga cinematográfica de Santiago Segura—, nunca le perdonó a la juez Mercedes Alaya que le apartase, de un día para otro, de la investigación por el mayor escándalo de corrupción en la historia de Andalucía. El caso de los ERE era el caso de su vida, la oportunidad soñada por un inspector jefe gris y de trayectoria discreta. En su destino, la unidad adscrita a los juzgados de Sevilla, llevaban asuntos muy menores, a años luz de un expolio de las arcas públicas que rondaba los 700 millones de euros. «Él quería llevar ese caso sí o sí», cuenta un veterano oficial de la Policía Nacional que coincidió con Rafael Salvador.

La herida que dejó en el policía que destapó los ERE su despido fulminante lo convirtió en presa fácil para el grupo que, liderado supuestamente por Cerdán y Díez, se propuso desmontar las investigaciones judiciales que salpicaban al PSOE y a Pedro Sánchez desacreditando a jueces, policías, fiscales...

Leire y 'Torrente' Salvador se verían en más ocasiones desde sus primeros encuentros en 2020, la última vez (documentada por la UCO) fue el 14 de julio de 2024, cuando se reunieron en Zaragoza con la asistencia de otro de los grandes protagonistas de la trama de la cloaca del PSOE, el empresario Javier Pérez Dolset. De aquella charla daría cuenta la fontanera a Gaspar Zarrías, histórico socialista que fue consejero de Presidencia de la Junta andaluza con Chaves y que fue condenado también por los ERE. A través de su empresa supuestamente canalizó el PSOE pagos a Leire. «¿Cómo te fue con el amigo zaragozano?», le preguntó Zarrías y ella respondió: «Nos va a dar la documentación y ya ha accedido a dar entrevista cuando veamos todo lo que tiene. Cuesta un poco, pero está dispuesto a ayudar».

La aparición del policía nacional que trabajó a mano a mano con la juez Alaya en el caso de los ERE en toda esta trama no ha sorprendido a algunos de los compañeros del cuerpo con los que coincidió en Sevilla en los años en los que las ayudas ilegalmente concedidas por los gobiernos socialistas copaban los titulares nacionales.

«Era un tipo muy raro, nunca había destacado como policía», cuenta un veterano oficial de la Policía Nacional retirado hace tiempo y que le conoció cuando Salvador estaba destinado en la sección de motos de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la capital andaluza.

Un alto mando del cuerpo en Sevilla, también jubilado, coincide en el «carácter raro» del entonces jefe de la unidad adscrita a los juzgados de la Policía Nacional. Era, explica, problemático y a la Jefatura Superior llegaron quejas de jueces con los que trabajó, incluida alguna de Alaya.

Sobre Salvador corrían rumores de lo más variopintos. Como que grababa todas las conversaciones que tenía con jueces o superiores, hasta el punto de que había quien, al entrar en su despacho, le cacheaba para evitar que llevase algún dispositivo de grabación y le obligaba a dejar encima de la mesa, a la vista, el teléfono móvil.

«Se quería guardar las espaldas», cuenta este oficial retirado, que hace hincapié en el interés personal que tenía para conservar la dirección policial de la investigación del caso de los ERE. A toda costa porque «le daba fama y relevancia».

Nadie discute que sus pesquisas fueron el origen de la macrocausa que acabaría levantando las alfombras de más de una década de gobiernos socialistas en los que las ayudas públicas, millonarias, se daban a dedo y sin control.

De hecho, fue su investigación sobre el caso Mercasevilla lo que derivó en el caso ERE. La juez Alaya abrió en enero de 2011 las diligencias 174/2011 y Salvador asumió, bajo su dirección, las indagaciones. Pero hacía meses que el policía iba detrás del rastro de las ayudas irregulares que se dieron desde la Consejería de Empleo y en diciembre, como cuentan los periodistas Antonio Salvador y Sebastián Torres en El botín de los ERE, tuvo su primer encuentro con el ex director de Trabajo, Javier Guerrero, en el epicentro de la trama corrupta, en un bar de Sevilla.

En un atestado elaborado por Salvador a partir del interrogatorio a Guerrero aparece, por primera vez, la expresión del «fondo de reptiles» usada por Guerrero —aunque después trató de retractarse— para hablar de la partida presupuestaria de la que se nutrían esas ayudas.

Los primeros seis meses de la instrucción judicial transcurrieron con normalidad y él hablaba de Alaya en términos elogiosos, alabando su capacidad de trabajo.

Pero todo cambió a mediados de año.

A finales de junio de 2011, la magistrada del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla dicta un auto por el que encarga la continuación de las pesquisas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civl, arrebatándosela a la Policía Nacional y al inspector jefe Salvador.

En teoría, según rezaba en la resolución judicial, el motivo no era otro que la falta de «capacidad» de la Policía Nacional para llevar a cabo una investigación de la «complejidad» y dimensiones de la de los ERE, aunque hay otras teorías para explicar el cese de Torrente.

Compañeros de entonces afirman que su investigación era «un desastre», en el peor de los casos, y que «no avanzaba con la velocidad que quería Alaya», en el mejor de los supuestos. Aunque también quien apunta a cuestiones personales del policía que interfirieron en su labor y que empujaron a Alaya al cambio de cuerpo policial.

Un mazazo a nivel profesonal y personal

Todas las fuentes consultadas coinciden, de forma unánime, en que la decisión de la juez estrella del momento fue un mazazo para Salvador y, por extensión, para todo el cuerpo. «Fue un shock», admite un policía que en aquellos años formaba parte de la cadena de mando de la Policía Nacional en Sevilla.

A nivel profesional, el golpe fue durísimo. Al jefe de la unidad adscrita a los juzgados le llamaron a capítulo en la Jefatura Superior de Policía, donde le pidieron explicaciones. Sobre todo porque, señalan las fuentes, no hubo aviso previo ni advertencia por parte de Salvador de que algo pudiera ir mal en su relación con Alaya o en la investigación de la causa. «Le dijimos que si hacían falta más medios nos los podía haber pedido», apuntan.

Es cierto, reconocen, que la unidad de los juzgados tenía pocos recursos, menos de una decena de efectivos con escasa cualificación y nada acostumbrados a llevar asuntos como un expolio de fondos públicos de casi 700 millones de euros como los ERE.

Visto con la distancia del tiempo, otro mando policial reconoce que aquello «lo tenía que haber llevado la UDEF, pero no me extraña que él se ofreciera a Alaya».

La unidad de los juzgados no contaba con la preparación y los recursos, según todas las fuentes, aunque los rumores de otros motivos detrás del despido de Alaya fueron intensos y perduran todavía hoy.

Aquello fue una mancha imposible de borrar en la carrera del inspector jefe, que al poco fue trasladado a otra unidad, donde investigaba fraudes cometidos con tarjetas de crédito. «Acabó mal con el cuerpo y en el cuerpo», puntualizan las fuentes.

A nivel personal cuentan que el impacto no fue menor. Personas que le trataron durante y después de su paso por el caso de los ERE detallan que «cogió casi una depresión después de que le cesaran» al frente de la investigación.

También recuerdan que poco antes había cambiado en él la percepción del propio caso que investigaba, mostrándose contrario a las tesis de Alaya que apuntaba ya entonces a la cúpula de los gobiernos socialistas mientras Salvador, sin abonarse a la teoría de los «cuatro golfos» que defendían Chaves y el PSOE, pensaba que las responsabilidades estaban en escalones no tan elevados.

Esa misma opinión es la que mantiene en las reuniones con Leire grabadas por la fontanera del PSOE a sueldo de Cerdán que han salido a la luz esta semana y que ella guardaba cuidadosamente en una carpeta denominada '2024-12-22 grabaciones Rafael Salvador' dentro de una cuenta compartida de Drive.

«Estaba resentida con la Junta por lo que sea» o «quería ser como [Baltasar] Garzón» son algunos de los comentarios que le hizo a Díez en las conversaciones que mantuvieron en 2024, justo después de que se activara el grupo de la cloaca a raíz del periodo de reflexión que se dio Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa por parte del juez Peinado.

Salvador justificó ante Leire su destitución alegando que «la Policía no quiso hacer la parte sucia, la parte política» de la investigación judicial y, en otro momento, arremetió contra Alaya diciendo que lo que hacía eran «guarradas» con el fin de alcanzar «el objetivo a cualquier precio».

Lo que le dijo ex militante socialista no era, por otro lado, nada nuevo ni secreto porque el policía, una vez retirado, se dedicó durante varios años a publicar artículos de opinión en un medio digital regional, El Confidencial Andaluz, donde aún se pueden consultar sus publicaciones en las que arremetía contra Alaya y sostenía su particular tesis sobre la causa.

De hecho, en julio de 2024, cuando se reunió con Leire en dos ocasiones, publicó una serie de artículos titulados 'Bajo el volcán de los EREs' en los que cuestionaba la labor de de la magistrada y apuntaba a la influencia del PP, incluso, en el cambio de la Policía Nacional a la Guardia Civil.

«Había que presionar y extorsionar a los implicados de grado bajo o medio para poder alcanzar, si quiera con sospechas o indicios a los de más alto nivel. Y, para eso no se dudó en imputar, encarcelar, poner fianzas astronómicas, ordenar registros, detenciones espectaculares a los señalados, ya fuese en sus casas, sus puestos de trabajo o en la vía pública. Todo para llegar a la cúpula», escribió el 8 de julio de 2024 en 'El método'.

Con este bagaje, Torrente Salvador estaba llamado a ser un fichaje estrella de la cloaca del PSOE, aunque él puso sus condiciones:«La retaguardia siempre a salvo, hay que proteger a la gallina de los huevos de oro», le exigió a Leire en el club privado.