Geraldin Moreno era el sol de su casa. Estudiaba citotecnología, soñaba con una Venezuela libre y contagiaba de su alegría al que se le acercara. Tenía una marcada sensibilidad por los demás. Durante los años de escasez en su país, hacía largas colas para conseguir alimentos que daba a las personas mayores que no podían soportar las horas de espera. De ella se habla en pasado porque fue asesinada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras protestaba pacíficamente. Tenía 23 años.

Ephraín Verdú Torrelles, entonces coronel de la GNB, estaba a cargo del operativo de seguridad desplegado en la localidad de Naguanagua, próxima a la ciudad de Valencia, durante las protestas estudiantiles que sacudieron Venezuela en 2014. Según la investigación impulsada por la ONG Interjust, sustentada en 15.000 páginas de documentación, el ex mando militar presuntamente ordenó la represión que acabó con la vida de Geraldin.

Él continuó con su vida en España y nunca rindió cuentas por el delito. Hasta ahora: Verdú deberá presentarse ante la Audiencia Nacional española el miércoles 10 de junio. Argentina reclama su extradición para ser juzgado por homicidio en el contexto de crímenes de lesa humanidad, al amparo del principio de jurisdicción universal, con el que algunos países pueden investigar y juzgar estos crímenes, independientemente del país donde se cometieron y de la nacionalidad de los implicados.

«Yo acostumbré a mi hija a que lo primero era la libertad», cuenta Rosa Orozco, madre de la joven. Ambas defendían su derecho a manifestarse. No obstante, dada la tensión política y la represión desatada en 2014, ese día Rosa le pidió a Geraldin que no saliera. Pero la valentía ya estaba irremediablemente inoculada en la joven. Aquel 19 de febrero, a las puertas de su edificio, ella tocaba cacerola contra Nicolás Maduro cuando llegó el destacamento de Seguridad Urbana, comandado por Verdú, disparando contra los ciudadanos.

«Geraldin salió corriendo y le dispararon dos veces», relata su madre. El sargento Francisco Caridad Barroso la hirió en la espalda y su compañero Albín Bonilla Rojas, en la cabeza. «Cayó al piso y puso la mano para pedir clemencia. Pero el guardia Albín Bonilla le disparó a 10 centímetros del rostro... El cuerpo de mi hija parecía un colador». La joven murió tres días después, el 22 de febrero, en un hospital de Valencia. Desde entonces, Rosa ha dedicado su vida a buscar justicia para su hija.

Rosa no sólo conoce el caso de su hija. También el de otros cientos de venezolanos que murieron en el contexto de la represión estatal. Como directora y cofundadora de Justicia, Encuentro y Perdón, una organización que documenta y acompaña a víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, ha dedicado los últi mos años a reconstruir historias que el sistema judicial del país rara vez ha investigado. Las cifras las recita de memoria: «Fueron 43 víctimas en 2014, dos en 2015, siete en 2016, 143 en 2017...». La cuenta asciende ya a 331 personas asesinadas por motivos políticos o en el contexto de la represión, según los registros de la organización.

A la lucha de Rosa se sumó el abogado argentino Ignacio Jovtis, director de Interjust para América Latina. La causa arrancó en junio de 2023. «Cuando impulsamos la investigación tuvimos que demostrar que se trataba de un crimen de lesa humanidad, porque se hizo de manera sistemática y generalizada y, por tanto, Argentina tenía que investigar. En ese contexto vimos la actuación de la GNB e identificamos a 14 perpetradores. Uno de ellos es Verdú», señala el letrado.

Este ex funcionario, además, aparece mencionado en el informe de Naciones Unidas de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela por su vinculación en temas de tortura y agresión. Tanto Amnistía Internacional como la ONG Human Rights Watch se han manifestado sobre la importancia del caso y han solicitado cooperación entre España y Argentina.

«Presentamos un documento de 400 páginas con más de 15.000 páginas de evidencia... Cuando supimos que Verdú estaba en España, dimos esa información al juzgado argentino y le pedimos que solicitara la extradición», continúa Jovtis. Así, el juez federal argentino Sergio Ramos pidió a España, en febrero de este año, la extradición. El Consejo de Ministros aprobó la continuidad del proceso y el miércoles Verdú tendrá su primer cara a cara con la Justicia. Ese día, se podrían imponer medidas cautelares, como la prohibición de salida del país.

Jovtis aclara que no interviene en esta fase del proceso, ya que la víctima directa no tiene legitimidad activa en este tipo de procedimientos. No obstante, conoce los pasos que siguen. «En el juzgado de instrucción se le preguntará si quiere ser extraditado o no. Es una formalidad. A partir de ahí, se eleva a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la que dice si considera que tiene que haber extradición o no. Si considera que sí, se debe aprobar nuevamente del Consejo de Ministros», detalla.

"Lo que pedimos es justicia y verdad"

«Ahora la pelota está en el tejado de España», enfatiza Jovtis, y matiza que se podría dar el caso de que la Justicia española decida no extraditar a Verdú y, por el contrario, juzgarlo en nuestro país. Sin embargo, Rosa preferiría que el juicio sea en Argentina. «Me da mucha confianza su sistema judicial», afirma. «Lo único que pedimos es que nos ayuden a tener justicia y verdad». El abogado Jovtis es optimista con la situación. «Tengo la convicción de que están todos los elementos dados para que Verdú sea extraditado y eventualmente comience un juicio oral y público en Argentina», augura. «Rosa nunca estuvo tan cerca de tener justicia para Geraldine».

Esta madre venezolana considera que este caso marcaría un precedente para otras víctimas. «Nos abre la puerta a todos los familiares que anhelamos justicia. Es el impulso que tenemos». En la misma línea, Jovtis considera que este hecho envía un mensaje: «No hay refugio seguro para los responsables de graves violaciones de derechos humanos».

Rosa lleva más de 12 años esperando el fin de la impunidad. Ha aprendido a ser paciente, pero insta a las autoridades españolas a «tomar la decisión correcta», aquella que «impulsará a muchas personas a tener paz y tranquilidad». «No queremos retaliaciones, no tenemos rabia, lo único que queremos es la verdad... Lo que estamos haciendo es por la paz de Geraldin y todos los muchachos que perdieron la vida», finaliza.