La criminalidad de Haití ha estado determinada por la tumultuosa historia del país, definida por la inestabilidad política, las dificultades económicas y los constantes desastres naturales.

Las pandillas y otras redes criminales de Haití han ganado poder e influencia después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, que sigue sin resolverse. La falta de un liderazgo político legítimo en el país, junto con el deterioro de su situación de seguridad, han llevado a algunos expertos a advertir que los problemas de delincuencia interna de Haití podrían tener impactos a largo plazo en toda la región.

En este perfil:

• ¿Cómo favorece la geografía de Haití al crimen organizado?
• ¿Cómo es la historia del crimen organizado en Haití?
• ¿Tiene Haití sus propios grupos criminales?
• ¿Cómo están conformadas las fuerzas de seguridad de Haití?
• ¿Cómo es el sistema judicial de Haití?
• ¿Cómo es el sistema penitenciario de Haití?

¿Cómo favorece la geografía de Haití al crimen organizado?

Haití es uno de los 16 países soberanos del Caribe. Ocupa el tercio occidental de la isla de La Española, junto con República Dominicana, ubicada al este. Al oeste, a través del Paso de los Vientos, se encuentran Cuba y Jamaica. Al norte se encuentran las Islas Turcas y Caicos, las Bahamas y el estado de Florida, Estados Unidos.

Las porosas fronteras marítimas y terrestres del país, y su proximidad a Estados Unidos, lo convierten en un punto ideal para el tránsito de drogas, las cuales llegan en aviones y barcos desde Colombia y Venezuela, o por tierra desde y hacia República Dominicana. Puestos de control fronterizo abandonados, pistas de aterrizaje clandestinas, aeropuertos, puertos marítimos y muelles escondidos a lo largo de la extensa costa del país, han facilitado por mucho tiempo el trasiego de drogas a través del país.

Dependiente en gran medida de las importaciones internacionales en casi todos los sectores de su economía, Haití alberga un amplio intercambio de bienes y servicios que ofrece a los actores criminales oportunidades para contrabandear mercancías.

La ubicación del país lo ha hecho especialmente vulnerable a huracanes y terremotos, que han causado importantes daños económicos y generado inestabilidad política. Estos desastres han atraído flujos de ayuda internacional hacia Haití, pero estos han sido objeto de escándalos de corrupción. La asistencia internacional posterior a los desastres también se ha extendido al ámbito de la seguridad, aunque esos despliegues también han estado plagados de problemas. La turbulenta situación política de Haití, los frecuentes desastres naturales y la actividad de las pandillas han llevado a casi 1,5 millones de haitianos a huir del país. Este éxodo ha impulsado el crecimiento de redes de tráfico de migrantes y trata de personas que atraviesan las peligrosas y, en ocasiones, mortales aguas entre países vecinos del Caribe.

El panorama criminal interno de Haití se concentra en el área metropolitana de Puerto Príncipe, donde las principales zonas están casi totalmente controladas por pandillas armadas. Estas estructuras controlan todas las vías de acceso a Puerto Príncipe, incluidas las rutas marítimas hacia los principales puertos, las redes viales internas que conectan la capital con el norte y el sur del país, y las principales rutas terrestres que unen Puerto Príncipe con la frontera con República Dominicana.

El dominio territorial de las pandillas les permite regular casi por completo el movimiento de entrada y salida de la capital y generar ingresos mediante la extorsión al transporte comercial. Ese control requiere acceso sostenido a armas de grado militar mediante el tráfico de armas, un suministro que rivaliza con el de las fuerzas de seguridad haitianas.

¿Cómo es la historia del crimen organizado en Haití?

Tras convertirse en colonia francesa en el siglo XVIII, la población esclavizada de Haití se sublevó en 1791, liderada por Toussaint L’Ouverture. Después de años de luchas, Haití declaró su independencia de Francia en 1804, convirtiéndose en la primera nación en liberarse exitosamente de sus amos coloniales.

Luego de la independencia, Haití estuvo afectada por la inestabilidad política y las dificultades económicas. Muchos haitianos atribuyen los problemas financieros y el subdesarollo del país —que persisten hoy en día— a las inmensas sumas que Francia los obligó a pagar como reparación por su independencia. Haití también ha sido objeto de intervenciones extranjeras, incluida una ocupación por parte de las fuerzas estadounidenses entre 1915 y 1934.  Luego, Estados Unidos apoyó significativamente a los líderes autoritarios en el país, especialmente a la familia Duvalier, encabezada por François “Papa Doc” Duvalier, y más tarde por su hijo Jean-Claude, apodado “Baby Doc”. Padre e hijo gobernaron Haití en una brutal dictadura que se prolongó de 1957  hasta 1986, cuando Baby Doc huyó a Francia durante una revuelta popular.

Durante este tiempo, el país se convirtió en un resguardo criminal. En las décadas de 1970 y 1980, la mayor parte de la cocaína consumida en Estados Unidos era traficada a través del Caribe, incluidos países como Haití y República Dominicana. El tráfico de drogas se convirtió en una importante fuente de ingresos para las élites políticas y empresariales de Haití, que utilizaron sus conexiones para proteger a los narcotraficantes y lavar dinero. El gobierno de Jean-Claude Duvalier fue particularmente conocido por su participación en el tráfico de drogas. El régimen brindó protección y apoyo logístico a los narcotraficantes colombianos, entre ellos Pablo Escobar, que utilizaron a Haití como punto de tránsito.

En 1986, las protestas y huelgas motivadas por la crisis económica y política condujeron al derrocamiento de Baby Doc Duvalier. Haití experimentó una breve transición hacia la democracia en 1990, cuando Jean-Bertrand Aristide fue elegido presidente. Sin embargo, Aristide fue derrocado mediante un golpe militar y forzado a exiliarse al año siguiente. El país estuvo gobernado por un régimen militar hasta 1994, cuando las tropas estadounidenses intervinieron para volver a instaurar a Aristide en el poder. A su regreso, Aristide disolvió el ejército haitiano, un organismo de seguridad bastante corrupto, pero también limitó la infraestructura del país para la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.

Durante la segunda mitad de la década de 1990, la presidencia de Aristide se vio empañada por su presunta participación en actos de corrupción, violencia política y tráfico de drogas. Durante sus mandatos como presidente, los narcotraficantes haitianos trabajaron con el Cartel de Medellín, y más tarde con el Cartel del Norte del Valle, para traficar cientos de toneladas de cocaína de Colombia a través de Haití y hasta Estados Unidos. Estas redes presuntamente sobornaron a funcionarios locales, policías e incluso al propio Aristide.

En 2004, Aristide, que había formado su propia red criminal, fue derrocado de nuevo, y se estableció una misión de la ONU para el mantenimiento de la paz, con el fin de estabilizar al país. Los narcotraficantes cambiaron sus métodos y empezaron a utilizar rutas terrestres por Centroamérica, después de que las autoridades comenzaron a actuar de manera enérgica contra el tráfico por vías marítimas. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos estimaba que, hacia 2006, el 8% de la cocaína que llegaba a Estados Unidos todavía pasaba por La Española.

En 2010, un devastador terremoto causó la muerte de más de 200.000 haitianos, llevó al desplazamiento de millones y causó una enorme destrucción.

En 2011, poco después del terremoto, Michel Martelly fue elegido presidente, heredando el control de un país con niveles extremos de pobreza, una creciente violencia y una corrupción arraigada. Martelly fue acusado de malversación de fondos, como parte del infame escándalo de Petrocaribe que salió a la luz en 2017, que involucró la desaparición de US$3.800 millones de un programa de subsidios petroleros de Venezuela, que tenía el objetivo de proporcionar petróleo con bajos precios a Haití. También fue vinculado con pandillas, tráfico de drogas y lavado de dinero.

En 2016, Haití celebró elecciones, pero las acusaciones de fraude y supresión de votantes provocaron protestas y deslegitimaron al recién elegido Jovenel Moïse. En 2018, estallaron protestas en todo Haití, en las que se pedía la renuncia de Moïse, quien fue acusado de corrupción y mala gestión de los recursos del país. En vez de renunciar, Moïse se quedó luego de que su mandato expirara, desatando una crisis constitucional y política que terminó en 2021, cuando fue asesinado en su casa en Puerto Príncipe. El asesinato causó mayor agitación política en el país. Ariel Henry se convirtió en el primer ministro interino, en medio de protestas y actos de violencia en todo el país.

Desde el magnicidio, el gobierno interino no ha logrado encontrar su ritmo, y tiene problemas para controlar gran parte del territorio del país. La presencia y control permanente de las pandillas en Puerto Príncipe, los secuestros masivos y el flujo incesante de armas hacia el país han contribuido al continuo deterioro de Haití.

En 2022, la ONU y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá impusieron sanciones de manera coordinada contra líderes de pandillas y las élites políticas y empresariales de Haití por su presunto papel en el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el financiamiento de actividades delictivas, pero las sanciones han tenido pocos efectos.

Meses después, un órgano haitiano encargado de gobernar el país y organizar elecciones, llamado Consejo Presidencial de Transición (Transitional Presidential Council, TPC), llegó al poder. Sin embargo, no logró organizar los comicios durante un mandato marcado por denuncias de corrupción y fue disuelto en 2026. El primer ministro Alix Didier, respaldado por Estados Unidos, asumió el control total del gobierno de Haití en febrero de 2026. Poco después, los contingentes policiales kenianos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) se retiraron oficialmente del país y Naciones Unidas reconfiguró la misión en una nueva iniciativa, llamada Fuerza de Supresión de Pandillas (Gang Suppression Force, GSF). En abril de 2026, la misión GSF desplegó oficiales militares de Chad para reforzar la defensa de Haití frente a las pandillas.

¿Tiene Haití sus propios grupos criminales?

En Haití existen cientos de pandillas, y Puerto Príncipe es la ciudad que más ha padecido la violencia proveniente de los grupos criminales. La ONU estima que las pandillas controlan la mayoría de la capital, pero muchos haitianos creen que prácticamente toda la ciudad ha caído bajo el control de grupos criminales.

En los últimos años, el panorama criminal del país ha sido dominado por dos facciones de pandillas. La primera, el G9 y Familia (G9 an fanmi) es una federación de grupos que congrega a algunas de las pandillas más poderosas de Puerto Príncipe. El G9 está dirigido por el expolicía Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”. El grupo estuvo vinculado previamente al Partido Haitiano Tèt Kale, de Moïse y Henry (Parti Haïtien Tèt Kale, PHTK), actuando como justicieros del partido. Barbecue rompió relaciones con ellos después del asesinato de Moïse, ya que el grupo ha ganado un capital político significativo en las áreas de Puerto Príncipe donde opera.

El G9 se dedica sobre todo a la extorsión, pero también lleva a cabo secuestros extorsivos y, en algunos casos, se ha apoderado de servicios públicos como la electricidad o el suministro de agua, por los cuales cobran. Por ejemplo, Barbecue y el G9 han bloqueado la Terminal Varreux, la terminal petrolera más grande de Haití, acción coordinada por varios grupos criminales para restringir el acceso al combustible en el país, con el fin de desestabilizar al gobierno.

La segunda facción es el G-PEP, otra federación de pandillas y rivales históricos del G9. Los opositores políticos del PHTK han apoyado al grupo, pero no está claro hasta qué punto le ofrecen apoyo material o financiero. En ocasiones se han aliado con 400 Mawozo, una pandilla que comenzó a ser conocida luego del secuestro de miles de haitianos y extranjeros, entre ellos 17 misioneros extranjeros en 2021.

Existen muchas otras pandillas, como 5 Seconds (5 Segonn), que ha sitiado importantes obras de infraestructura e instalaciones, como el edificio de la Corte Suprema de Haití, y le exigió al gobierno un pago por su liberación. La pandilla Kraze Baryè, basada en Puerto Príncipe, llegó a ser conocida tras asesinar a varios policías e incendiar una estación de policía a principios de 2023.

En los últimos meses de 2023 surgió una alianza sin precedentes entre el G9 y el G-PEP, que buscaron formar un frente común contra el Estado. La alianza, conocida como “Viv Ansanm” (Viviendo Juntos), le ha dado a las pandillas una plataforma para engendrar el caos político lanzando ataques coordinados contra infraestructura clave, como aeropuertos, puertos marítimos, edificios gubernamentales y prisiones. 

Los repetidos ataques contra infraestructura clave han paralizado la capital, frustrando los esfuerzos por restablecer el orden y permitiendo que Viv Ansanm se expanda hacia nuevos territorios. En 2024, la actividad de las pandillas aumentó en los departamentos cercanos a Puerto Príncipe, desplazando a miles de personas. Los niños varones, en particular, son blanco de reclutamiento forzado por parte de grupos criminales, ya que el desplazamiento interno y la precariedad económica hacen que este grupo sea más vulnerable a la trata y la extorsión.

Según Naciones Unidas, al menos 26 pandillas, con casi la mitad de sus miembros menores de edad, controlan ahora la gran mayoría de los barrios de Puerto Príncipe y han desplazado mediante la violencia a por lo menos 1,4 millones de personas.

En los últimos años, las pandillas han masacrado a cientos de civiles. Grupos criminales como Gran Grif asesinaron a decenas de personas en 2024 en la región de Artibonito, justo al norte de Puerto Príncipe, mientras que la pandilla de Wharf Jeremie mató a casi 200 personas en Cité Soleil meses después. En marzo de 2026, antes de la esperada llegada de la GSF, las pandillas llevaron a cabo un ataque de varios días contra poblados en Artibonito, durante el cual sus miembros quemaron viviendas y dispararon contra decenas de civiles, desplazando a miles de personas más.

¿Cómo están conformadas las fuerzas de seguridad de Haití?

Haití cuenta con fuerzas de seguridad débiles, plagadas de corrupción, ineficacia, vínculos con pandillas y permanente falta de personal, poco entrenamiento y escasos recursos.

El principal organismo encargado de hacer cumplir la ley es la Policía Nacional de Haití (Police Nationale d’Haiti, PNH), creada en 1995 para remplazar a las disueltas Fuerzas Armadas de Haití, acusadas de violaciones a los derechos humanos y de participar en golpes de Estado.

La ausencia de un gobierno electo operativo implica que las fuerzas de seguridad tienen poca supervisión y reciben poca instrucción, y constantemente se dedican al crimen. Los agentes de la PNH, cuya remuneración siempre ha sido deficiente, han sido acusados de participar en tráfico de armas y en masacres de civiles patrocinadas por el Estado, así como de tener vínculos directos con las pandillas de Haití, o incluso de pertenecer a ellas.

La Guardia Costera de Haití, parte de la PNH, también carece de personal suficiente, a pesar de tener la tarea de proteger las más de 900 millas de costa.

El profundo control de las pandillas en Haití propició la creación de una fuerza de seguridad multinacional apoyada por las Naciones Unidas, para socorrer a la desgastada policía del país. Pero la MSS, desplegada a mediados de 2024 y liderada por Kenya, ha hecho poco para combatir a las pandillas dada su falta de personal y financiación, y apoyo político inestable.

Las deficiencias de la iniciativa llevaron a la reestructuración de la MSS como la Fuerza de Supresión de Pandillas (Gang Suppression Force, GSF), autorizada nuevamente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Desde 2023, Haití también ha registrado un aumento de miembros armados de grupos de autodefensa desplegados junto con fuerzas estatales para contener la expansión de Viv Ansanm y otras pandillas. Las barricadas semipermanentes en las entradas de los barrios, las patrullas, los puestos de control temporales y las verificaciones de identidad para controlar el acceso a las comunidades y detectar posibles miembros de pandillas han aumentado en zonas urbanas de todo el país, mientras las fuerzas policiales han ampliado los permisos de porte de armas para ciudadanos.

En 2025, el TPC confirmó que el gobierno estaba utilizando contratistas extranjeros para combatir a las pandillas. El contrato más importante fue con Vectus Global, dirigida por Erik Prince, exdirector ejecutivo de la firma militar privada Blackwater.

Desde entonces, Vectus ha desplegado alrededor de 200 contratistas salvadoreños para entrenar a la policía local en el uso de drones comerciales cargados con explosivos contra las pandillas, una táctica militar tomada de Ucrania.

Haití también ha registrado un aumento de integrantes de grupos de autodefensa armada desplegados junto a las fuerzas del Estado para contener la expansión de Viv Ansanm y otras pandillas. En abril de 2023, un movimiento de justicia por mano propia conocido como “Bwa Kale” tomó fuerza tras el linchamiento y la quema de 14 pandilleros. Desde entonces, los actos de autodefensa han dado paso a milicias organizadas que operan junto a las fuerzas del Estado. Las barricadas semipermanentes en las entradas de los barrios, las patrullas, los puestos de control temporales y las verificaciones de identidad para controlar el acceso a las comunidades y detectar a posibles pandilleros han aumentado en zonas urbanas de todo el país, al tiempo que la policía ha incrementado los permisos para que los ciudadanos porten armas.

Pero la relación entre las fuerzas de seguridad y los civiles también puede ser conflictiva. Según informes de Naciones Unidas, entre marzo de 2025 y enero de 2026, la policía y fiscales del Estado mataron a más de 1.000 haitianos en operaciones de seguridad contra pandillas. Organizaciones de derechos humanos han advertido que la campaña con drones de las fuerzas de seguridad estatales ha dejado decenas de civiles heridos, incluidos niños.

¿Cómo es el sistema judicial de Haití?

El sistema judicial de Haití ha enfrentado múltiples desafíos en los últimos años, como falta de recursos, corrupción e interferencia política. El sistema prácticamente llegó a colapsar por la sobrecarga a causa de los retrasos en los nombramientos judiciales, el aumento de la violencia y las protestas de jueces y secretarios judiciales que pedían mejores salarios y condiciones de trabajo.

En junio y julio de 2022, las pandillas invadieron el edificio de la Corte Suprema en Puerto Príncipe, donde destruyeron registros y evidencias.

Los grupos de autodefensa también han impuesto mecanismos de justicia informal y castigos, lo que ha provocado represalias de las pandillas.

¿Cómo es el sistema penitenciario de Haití?

Las cárceles de Haití padecen de hacinamiento, falta de financiación, pocos recursos y deficiente supervisión.

En las cárceles de Haití hay diversas personas privadas de la libertad, muchas de las cuales han cometido delitos menores, como robos o disputas poco graves, o han sido encarceladas arbitrariamente por protestar; también albergan criminales violentos o miembros de pandillas.

Más del 80% de las casi 7.500 personas que conforman la población carcelaria del país se encuentran en prisión preventiva, según estimaciones de la ONU. 

Las constantes fugas masivas también ponen de relieve las deficiencias del sistema penitenciario. Más de 170 reclusos escaparon en un solo motín en 2016, y más de 300 se fugaron durante un tiroteo entre guardias y asaltantes armados en 2014. En 2024, Haití declaró un estado de emergencia luego de que más de 3.500 reclusos escaparan de la prisión más grande de Puerto Príncipe. 

Las prisiones también sufren constantemente de falta de alimentos y personal, lo que en 2022 llevó a la muerte de más de 100 haitianos privados de la libertad. Las dos principales cárceles de la capital fueron atacadas por pandillas, lo que provocó la fuga de 4.600 reclusos y el fortalecimiento de varias estructuras de liderazgo pandillero. En respuesta, Haití declaró el estado de emergencia, una estrategia que también aplicó en la región central del país en 2025.

La pérdida de capacidad de Haití para mantener a los detenidos bajo custodia ha desatado recientemente actos de violencia del grupo de autodefensa “Bwa Kale”, que ha recurrido a ejecuciones extrajudiciales en las calles y linchamientos públicos por turbas. Las pocas cárceles operativas fuera de la capital enfrentan un grave hacinamiento y registran altas tasas de muerte entre reclusos por inanición y enfermedades.