La ubicación estratégica de Panamá, que conecta a Centro y Suramérica, lo ha convertido en un punto clave de tránsito para el comercio ilícito, así como en refugio y espacio de negociación para organizaciones criminales. Su economía dolarizada y orientada al comercio, junto con el dinámico mercado de contrabando de la Zona Libre de Colón (ZLC), han atraído durante décadas a lavadores internacionales de dinero.

La lentitud del sistema judicial y la persistente corrupción han permitido que redes transnacionales consoliden sus operaciones en el país, incluidas organizaciones de tráfico de drogas (DTO) colombianas y mexicanas.

Actores extranjeros cooperan con las bandas locales para coordinar envíos de droga a través de Panamá. El aumento constante de las incautaciones sugiere que el volumen de droga que transita por el país ha crecido en los últimos años, alimentando la violencia.

En este perfil:

• Geografía
• Historia
• Grupos criminales
• Fuerzas de seguridad
• Sistema judicial
• Prisiones

Geografía

Panamá es el país más meridional del istmo centroamericano. Limita al este con Colombia, al oeste con Costa Rica, al sur con el océano Pacífico y al norte con el mar Caribe. Conocido a veces como la “boca del embudo”, ha sido durante décadas un punto de tránsito para drogas que salen de Suramérica rumbo a México, Estados Unidos y, más recientemente, Europa.

La mayoría de los cargamentos llegan por rutas marítimas que parten de Colombia, Ecuador y Perú. Una espesa franja selvática en la frontera con Colombia, conocida como el Tapón del Darién, también facilita el tráfico de armas, drogas y personas, aunque en menor medida.

El Canal de Panamá ha servido como puerta de enlace entre los hemisferios oriental y occidental desde su inauguración en 1914, y desde entonces ha sido usado para el contrabando de todo tipo de mercancías ilegales. La infraestructura logística avanzada desarrollada alrededor del Canal convirtió al país en un centro global de transporte marítimo, lo que ha llevado a los traficantes a aprovechar sus puertos para despachar droga y mercancía de contrabando a mercados internacionales.

Las incautaciones de varias toneladas de cocaína son frecuentes tanto en los puertos del Pacífico como del Caribe. La ciudad de Colón, que alberga los puertos caribeños más activos del país, se ha convertido en un punto de salida clave para cargamentos de cocaína hacia Europa o hacia países africanos que también abastecen ese mercado.

El país cuenta además con numerosas islas con escasa vigilancia que funcionan como puntos de acopio para traficantes que envían droga por rutas marítimas hacia México y Estados Unidos.

Historia

La participación de Panamá en el narcotráfico comenzó a inicios del siglo XX con el tráfico de opio desde Asia hacia Europa a través del Canal.

Durante las décadas de 1960 y 1970, Panamá cultivó cannabis, pero el auge de la cocaína desplazó rápidamente ese mercado. A medida que los grupos suramericanos que introducían cocaína en Estados Unidos comenzaron a abandonar las rutas caribeñas en los años ochenta, la frontera compartida con Colombia convirtió a Panamá en un punto natural de tránsito hacia el norte.

En esa misma década, Panamá se convirtió en uno de los ejemplos más emblemáticos de “narcoestado” en América Latina bajo el dictador militar Manuel Noriega, quien colaboró con el Cartel de Medellín y con traficantes centroamericanos.

Noriega se convirtió en gobernante de facto en 1983 y mantuvo una estrecha relación con Estados Unidos, colaborando durante décadas con la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA), pese a su involucramiento en el narcotráfico y el lavado de dinero.

Tras llegar a un acuerdo con Pablo Escobar en 1982, Noriega empezó a cobrar US$100.000 por cada cargamento de cocaína que ingresaba al país por vía aérea. Durante toda la década, los traficantes colombianos utilizaron Panamá como refugio, sitio para procesar cocaína y centro bancario para lavar dinero, marcando una tendencia que perduraría por años.

El estilo de vida lujoso de Noriega –caracterizado por fiestas con drogas y mansiones opulentas– terminó abruptamente en 1989, cuando las fuerzas de Estados Unidos invadieron Panamá y arrestaron al dictador. Noriega fue acusado de lavar millones de dólares, traficar marihuana y colaborar con el Cartel de Medellín. Tres años después, un tribunal estadounidense lo condenó a 40 años de prisión. Posteriormente fue extraditado a Francia por cargos de lavado de dinero y más tarde regresó a Panamá, donde también fue condenado por abusos contra los derechos humanos.

En los años noventa, tras la invasión estadounidense, Panamá abolió su ejército y transfirió las funciones de seguridad a nuevas fuerzas públicas dirigidas por el Ministerio de Seguridad Pública. La falta de capacidad y experiencia de estas instituciones permitió que el crimen organizado prosperara.

Las bandas panameñas crecieron en medio de la disolución del ejército, políticas de seguridad incoherentes y altos niveles de pobreza. La tendencia continuó en los años 2000: entre 2005 y 2010, datos oficiales expusieron que el número de bandas en el país se había triplicado.

Durante la década de 2010, los intentos del gobierno para contener el problema no tuvieron mayor éxito. La amnistía propuesta por el presidente Juan Carlos Varela en 2014 para que los miembros de las bandas se desarmaran no produjo una reducción sostenible del crimen. En 2016, las autoridades lanzaron una ofensiva contra una de las principales bandas y afectaron las operaciones de otra vinculada al tráfico internacional de cocaína. Si bien estas acciones marcaron un giro hacia políticas más represivas, no lograron desarticular de forma significativa sus actividades.

Al igual que las bandas locales, las DTO internacionales aprovecharon la salida de Noriega para expandirse en Panamá. Un informe del gobierno estadounidense publicado en 1991 ya advertía que el narcotráfico estaba en aumento. Para 1999, una década después del arresto de Noriega, el Departamento de Estado seguía describiendo al país como “un punto clave de transbordo para drogas ilícitas provenientes de Colombia”. En 2016, Panamá decomisaba cifras récord de drogas, impulsadas en parte por el aumento en la producción de cocaína en Colombia. Desde entonces, el país ha mantenido este patrón, ubicándose entre los mayores incautadores de droga del mundo.

El estilo de gobierno de Noriega, marcado por el clientelismo y la corrupción, dejó un legado que alimentó una de las principales economías criminales del país: el lavado de dinero.

Panamá ha sido históricamente un centro del lavado internacional debido a su amplio sector bancario, su economía dolarizada y la existencia de la Zona Libre de Colón (ZLC), una zona franca creada en 1948 que hoy es de las más grandes del mundo. La supervisión débil sobre delitos financieros, un sistema judicial laxo, y una corrupción persistente han facilitado estas economías ilícitas.

El rol central de Panamá en el lavado global quedó expuesto en 2016 con la publicación de los llamados “Papeles de Panamá” (Panama Papers). La filtración mostró cómo el bufete Mossack Fonseca montó cuentas offshore y empresas fachada para miles de clientes alrededor del mundo, incluidos prominentes narcotraficantes mexicanos, una “reina” del narcotráfico en Guatemala y un jefe criminal salvadoreño.

Ese mismo año, Estados Unidos sancionó a varios miembros de una de las familias empresariales más poderosas del país, los Waked, por sospechas de lavado. En 2017, Nidal Waked Hatum –considerado por la Administración por la DEA como “uno de los lavadores de dinero y facilitadores criminales más importantes del mundo”– se declaró culpable de participar en una conspiración de lavado.

La falta de coherencia y recursos en las fuerzas de seguridad y en el sistema judicial ha alimentado la corrupción en Panamá, lo que a su vez ha facilitado no solo el lavado, sino también el tráfico de drogas y otras economías criminales.

A inicios de los años 2010, cables diplomáticos filtrados de Estados Unidos revelaron preocupación por la presunta participación de políticos panameños en el narcotráfico. Estas inquietudes continuaron durante la década; a finales de 2017, por ejemplo, las autoridades desmantelaron una presunta red internacional de tráfico con vínculos a un alcalde local. Semanas después, un traficante colombiano afirmó a un medio local que las autoridades panameñas revendían cargamentos incautados.

La corrupción en las élites sigue siendo un problema grave, como lo muestra el caso del expresidente Ricardo Martinelli. El exmandatario huyó del país en 2016 y buscó refugio en Estados Unidos ante una investigación por su presunta participación en múltiples esquemas de corrupción. Martinelli fue arrestado en 2017 cerca de su casa en Miami tras una solicitud de extradición que lo acusaba de espionaje ilegal y de aceptar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, entonces en el centro de un escándalo de corrupción multinacional.

Martinelli y el expresidente Varela fueron acusados en 2019 por cargos separados de corrupción y lavado de dinero, aunque Martinelli ha evitado hasta ahora una condena definitiva. La justicia avanzó contra él en 2021 con la captura en Guatemala de sus dos hijos.

Ambos fueron extraditados a Estados Unidos, donde se declararon culpables de lavado de dinero. De acuerdo con la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI), los hermanos crearon cuentas offshore para ocultar ganancias de empresas fachada y facilitar sobornos de Odebrecht.

En 2023, un juez panameño condenó a Martinelli a 10 años de prisión por lavado de dinero. Sin embargo, el exmandatario ha evitado ir a la cárcel tras refugiarse en la Embajada de Nicaragua en la Ciudad de Panamá y luego obtener asilo en Colombia.

Grupos criminales

Panamá ha tenido presencia de bandas desde la década de 1980, aunque en menor medida que otros países de la región. Durante años, estos grupos se dedicaron principalmente a delitos menores, pero con el tiempo crecieron y se organizaron, participando en el tráfico transnacional de drogas y en asesinatos por encargo.

El panorama criminal del país está dominado por dos facciones rivales: Bagdad y Calor Calor. Ambas comenzaron como pandillas juveniles, pero evolucionaron hasta convertirse en poderosos sindicatos criminales capaces de absorber decenas de bandas más pequeñas y asociarse con algunas de las organizaciones de tráfico de drogas más poderosas de América Latina.

En términos operativos, las dos facciones funcionan de manera similar. Su prioridad es controlar los corredores del tráfico de cocaína que conectan a Panamá con los mercados internacionales. Buscan dominar áreas estratégicas a lo largo de las principales rutas de contrabando y en los puertos marítimos, especialmente en las zonas costeras cercanas a Ciudad de Panamá y Colón.

Ambas han construido amplias redes de colaboradores para acceder a rutas transatlánticas. Estas redes suelen comenzar en comunidades costeras, donde habitantes y pescadores recogen y almacenan cargamentos de cocaína que llegan desde Suramérica. Luego, los grupos dependen de contactos dentro de navieras para identificar contenedores susceptibles de contaminación, y sobornan a transportistas y operadores de carga para ingresar la droga a los puertos y cargarla en embarques específicos. También recurren a informantes en aduanas, la policía y la seguridad portuaria para obtener información sobre operativos antidrogas, como los contenedores programados para inspección.

La competencia por el control de estas rutas genera violencia constante entre ambas facciones, con enfrentamientos que inciden en el aumento de homicidios en Panamá.

Algunas bandas locales se especializan en robar cargamentos de otros grupos criminales, una práctica conocida como “tumbe”.

Diversas organizaciones criminales transnacionales —especialmente de Colombia y México— dependen de las bandas panameñas para mover cocaína por Centroamérica. Estas alianzas permiten que los traficantes extranjeros operen de manera remota, enviando representantes para negociar en lugar de mantener presencia permanente. A través de estas colaboraciones, algunos miembros de bandas panameñas han escalado en la cadena del narcotráfico, convirtiéndose en copropietarios de cargamentos o viajando al exterior para manejar operaciones en lugares como Europa y Dubái.

La organización colombiana más influyente en Panamá es las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo. El grupo aprovecha su amplio control territorial en el norte de Colombia para dominar las rutas de contrabando marítimo y terrestre que conectan ambos países.

La organización ha buscado consolidar su influencia corrompiendo a las autoridades locales. La captura de unas 56 personas durante la Operación Fisher reveló hasta qué punto las AGC han cooptado al crimen organizado panameño, especialmente en el tráfico de cocaína. Entre los detenidos había policías y funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá, entre otros servidores públicos.

El grupo también participa en el tráfico de migrantes, utilizando comunidades locales como guías para mover personas a través del denso Tapón del Darién.

Los grupos criminales mexicanos, incluido el Cartel de Sinaloa, operan en Panamá desde la década de 1980. Al igual que sus contrapartes colombianas, estos emisarios buscan asegurar un suministro constante de cocaína más que ejercer control territorial. También dependen de las bandas panameñas para movilizar la droga por el país.

Fuerzas de seguridad

Desde la abolición de las fuerzas armadas en los años noventa, el Ministerio de Seguridad Pública se encarga de la seguridad ciudadana. Los esfuerzos contra el crimen dependen principalmente de tres instituciones: la Policía Nacional de Panamá (PNP), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT). Las tres participan en operativos contra traficantes de drogas y bandas locales.

La participación conjunta de estas instituciones ha fortalecido notablemente la capacidad de interdicción del país. Panamá incautó casi 100 toneladas de cocaína en 2024, una de las cifras más altas del mundo. La cooperación interagencial permitió incautaciones históricas, como las 13,5 toneladas de droga decomisadas a un remolcador frente a la costa del Pacífico en 2025.

Estos resultados han sido posibles gracias a la cooperación regional, incluidas operaciones conjuntas con Colombia y Estados Unidos. Washington provee a Panamá apoyo táctico, entrenamiento y asistencia de inteligencia. La colaboración con la DEA ha sido clave para golpear a Bagdad, una de las facciones criminales principales del país.

Aun así, las fuerzas de seguridad han enfrentado críticas persistentes por corrupción. Varias organizaciones de tráfico de drogas han infiltrado e incluso reclutado a agentes del Estado. En 2023, funcionarios de SENAFRONT, la Policía y otras entidades fueron arrestados durante una investigación sobre una red transnacional de narcotráfico. Operativos contra Bagdad también han demostrado cómo las bandas sobornan a policías para obtener protección.

Sistema judicial

Panamá tiene un sistema de derecho civil, cuya máxima autoridad es la Corte Suprema de Justicia. El resto del poder judicial está compuesto por tribunales superiores, provinciales y municipales.

La Procuraduría General de la Nación está a cargo de la persecución penal y está integrada por el procurador, fiscales de distrito y otros representantes. Las investigaciones criminales son realizadas por la Policía Técnica Judicial de la propia institución.

Aunque la Constitución panameña garantiza la independencia judicial, el sistema es vulnerable a la influencia política y a la corrupción. En 2021, Transparencia Internacional advirtió que Panamá tenía graves deficiencias en la autonomía de su sistema de justicia penal.

El proceso de selección de jueces también se considera politizado y lento. La corrupción sigue siendo un problema, incluso en la Corte Suprema, como lo demostró el caso contra un magistrado nombrado por el expresidente Martinelli.

Prisiones

El sistema penitenciario está bajo la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) del Ministerio de Gobierno. Las autoridades penitenciarias han enfrentado escasez de personal y recursos, lo que ha favorecido la corrupción. El sistema también ha sido criticado por su infraestructura deficiente y por abusos del Estado.

A septiembre de 2025, la tasa de ocupación carcelaria alcanzaba el 167%, tras un aumento sostenido de la población penitenciaria. Esta cifra no es de las más altas de la región. Además, el país mantiene una tasa relativamente baja de detención preventiva: 35% de las personas recluidas están a la espera de juicio.

La reputación del sistema penitenciario panameño se vio gravemente afectada por la masacre de 2019 en la cárcel de La Joyita, donde 14 reclusos fueron asesinados. Tras el ataque se incautaron múltiples armas de fuego, incluidos fusiles de asalto, lo que reveló un grave problema de contrabando dentro de las prisiones.