Las extradiciones a Estados Unidos de miembros clave de los Choneros son una prueba de fuego para la estrategia de Ecuador de combatir a las organizaciones criminales mediante el desmantelamiento de sus cúpulas.
Entre los integrantes de la organización criminal que están en la lista de extraditables se encuentra Ronald Javier Macías Villamar, alias “Javi”, hermano del excabecilla de los Choneros José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”. Javi fue detenido por homicidio y lavado de dinero en Bogotá, Colombia, el 16 de junio, y trasladado a una prisión de máxima seguridad en Ecuador. El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, dijo que sería extraditado a Estados Unidos “en las próximas semanas”.
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Javi figuraba entre los posibles sucesores de Fito, luego de que este se convirtiera en el primer ciudadano ecuatoriano extraditado a Estados Unidos en julio de 2025, tras una reforma legal aprobada el año anterior.
Otro posible heredero, Celso Miguel Moreira Heredia, alias “Patucho Celso”, fue extraditado a Estados Unidos el 18 de junio. Había sido detenido dos años antes durante su fiesta de cumpleaños en Guayaquil, a la que, según reportes, asistió un exvicepresidente del Congreso ecuatoriano. Aunque fue liberado mientras esperaba juicio, volvió a ser capturado en la provincia de Manabí en septiembre de 2025.
Las extradiciones podrían reducir los niveles de criminalidad en Ecuador y desarticular de manera definitiva a los Choneros, pero solo si el gobierno acompaña estas acciones con otras medidas para debilitar a las facciones que suelen surgir tras una decapitación abrupta de sus estructuras de liderazgo.
Aunque Ecuador ha desplegado una ofensiva en las cárceles, las autoridades no han logrado impedir que los presos mantengan comunicación con el exterior, lo que permite que algunos cabecillas sigan coordinando operaciones criminales desde prisión. Si bien las extradiciones sacarán a Javi y a Patucho Celso del panorama criminal ecuatoriano, también podrían abrir una disputa por la sucesión entre los actores que permanezcan activos.
“Los lugartenientes tienen ese know-how [conocimiento] y conexiones de interés dentro de los sectores público y privado, que les da esa facilidad de migrar a otro grupo de delincuencia organizada”, dijo la analista de crimen organizado Michelle Maffei a InSight Crime.
Países como Colombia y México ya han vivido este proceso. Las capturas, asesinatos y extradiciones de cabecillas criminales han impulsado la proliferación de nuevos grupos y generado un escenario de fragmentación criminal. Decenas, y en ocasiones cientos, de organizaciones han acabado compitiendo entre sí y expandiéndose hacia economías ilícitas con bajas barreras de entrada.
“Hay que entender la experiencia que ya tuvimos en Ecuador, en México y en Colombia, que demuestra que cuando cae un cabecilla, normalmente no desaparece la organización. Se produce un proceso de sucesión, se reacomoda o fragmenta”, dijo Guillermo Palacios, consultor en criminología y exjefe regional de investigación antidrogas de Ecuador, a InSight Crime.
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Ecuador ya ha experimentado este proceso en una escala reducida. El año pasado, las autoridades ecuatorianas capturaron tanto a Fito como, en una operación conjunta con autoridades españolas, al cabecilla de los Lobos, el grupo criminal más importante del país.
A pesar de ello, la tasa de homicidios alcanzó niveles récord en 2025 y las extorsiones siguen creciendo.
Palacios sostiene que el gobierno debe priorizar la lucha contra la corrupción si quiere golpear de manera efectiva a los grupos criminales, pero también debe afectar sus fuentes de financiamiento.
Maffei, por su parte, señala que las autoridades deberían enfocarse en las élites políticas que facilitan el funcionamiento del crimen organizado.