Cuando Guadalupe Fernández Valencia, alias “La Patrona”, fue fotografiada sentada en la parte trasera de una patrulla después de su arresto en 2016 en Culiacán, México, su expresión no decía demasiado.

Vestía un cárdigan de estampado de leopardo y llevaba el cabello peinado con una trenza larga. La mujer, de unos sesenta años, tenía los brazos cruzados y mantenía un gesto inexpresivo. Se parecía menos a una figura clave capturada por cargos de tráfico internacional de drogas que a una abuela molesta por el tránsito.

Quizás esa aparente indiferencia fue parte de lo que le permitió ascender tan lejos dentro de una de las redes de tráfico más poderosas del hemisferio occidental.

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Hacia finales de la década de 2010, mientras los fiscales de Estados Unidos comenzaban a cerrar el cerco sobre el círculo interno del Cartel de Sinaloa, Fernández Valencia se consolidaba como un punto de convergencia entre dos de los flujos centrales de la organización: las drogas que viajaban hacia el norte y el  dinero que regresaba al sur.

Una figura clave en las finanzas del Cartel de Sinaloa

Durante años, Fernández Valencia fue una figura clave en la supervisión del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos —y de los millones de dólares que regresaban a México—. Según los fiscales, cumplía un rol equivalente al de jefa financiera del Cartel de Sinaloa y era la mano derecha de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “Alfredillo”, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y figura fundadora de la facción de los Chapitos.

Tener un lugar en la cúpula del Cartel de Sinaloa requería confianza —y la posicionó en un nivel inusualmente elevado dentro de una organización criminal históricamente dominada por hombres—. Fue arrestada un mes después de Joaquín “El Chapo” Guzmán —bajo la misma acusación que eventualmente lo llevaría a él a cadena perpetua—.

Pero los orígenes de Fernández Valencia en el tráfico de drogas fueron modestos.

Tras dejar su estado natal de Michoacán y trasladarse a California en la década de 1990, fue condenada por microtráfico. Los cargos le costaron una década en prisión en California, antes de ser deportada a México en 2007.

Su regreso a México marcó un nuevo capítulo en su trayectoria criminal.

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Se trasladó a Culiacán —capital del estado de Sinaloa y bastión de la red de “El Chapo”— y se conectó con su hermano Manuel, quien ya estaba vinculado al cartel. Los contactos que había construido en California, mientras vendía drogas en las calles, se convirtieron entonces en un activo clave para el tráfico transnacional de drogas y el lavado de dinero.

Pero cuando Manuel fue arrestado en 2010, ella suspendió sus actividades de tráfico y, según documentos judiciales, se trasladó con su familia a Guadalajara.

Dos años después, retomó sus operaciones y regresó a Culiacán. Durante la década siguiente, evolucionó de traficante de drogas a operadora de finanzas ilegales. Las ganancias del narcotráfico recolectadas en Los Ángeles fueron canalizadas a través de casas de cambio en Guadalajara para que pudieran regresar a México.

El transporte de efectivo a granel, los depósitos bancarios estructurados, las transferencias electrónicas y los sistemas alternativos de crédito formaban parte de su esquema de lavado de dinero.

El ascenso de Fernández Valencia culminó en una línea directa de reporte a Alfredillo, cuyas operaciones ayudó a supervisar como su principal lugarteniente, desde el suministro hasta la entrega. En 2019, se declaró culpable ante un tribunal en Chicago.

Durante su sentencia, un juez federal señaló que su cooperación con los fiscales había puesto en grave riesgo tanto su vida como la de sus cinco hijos. Fue liberada en 2023 tras cumplir aproximadamente 3 años de una condena de 10.

Su paradero actual sigue siendo desconocido.

Imagen principal: Guadalupe Fernández Valencia tras su captura en México en 2016. Crédito: Policía mexicana.