En los próximos años se tendrá que enfrentar a las devoluciones por el Impuesto de Hidrocarburos, "el riesgo fiscal más acuciante", según la AIReF
Arcadi España, ministro de HMUNDO
Actualizado
España ha tenido que asumir en los últimos dos años 14.432 millones de euros extra de déficit público por sentencias judiciales desfavorables, de los que casi la mitad corresponden al IRPF de pensionistas que cotizaron en mutualidades laborales y a los que se ha reconocido el derecho a una reducción para evitar la doble imposición.
"El impacto sobre el déficit de las Administraciones Públicas derivado de las sentencias judiciales correspondientes a 2024 y 2025, que en conjunto superó los 14.400 millones, confirma la relevancia de este riesgo para la estabilidad fiscal. La actualización del análisis de las demandas judiciales contra el Estado que se presenta en esta Opinión vuelve a poner de relieve el riesgo significativo que las sentencias judiciales han supuesto en los últimos años para las finanzas de las Administraciones Públicas. En concreto, el efecto sobre el déficit ascendió a más de 11.200 millones en 2024 (0,7 % del PIB), a los que se sumaron 3.100 millones en 2025 (0,2 % del PIB)", recoge la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su segunda Opinión sobre Riesgos Fiscales, publicada este miércoles.
La mayor parte de ese impacto se concentró en la Administración Central, con cerca de 11.900 millones de euros, aunque también afectó a los Fondos de la Seguridad Social, con un gasto en torno a los 1.600 millones por el derecho reconocido a los pensionistas varones de cobrar también un complemento por hijos -considerado discriminatorio hasta 2023 por ser sólo para las mujeres-, y a las Corporaciones Locales -ayuntamientos, diputaciones, cabildos, etc.-, con unos 900 millones.
El gasto anual de los dos últimos ejercicios superó con creces la media história, de 1.617 millones de euros anuales en el periodo 2014-2025, lo que ha supuesto en agregado el 28% de las transferencias de capital que ha tenido que hacer la Administración.
El conflicto más costoso para el país en 2024 y 2025 ha sido el relativo a los pensionistas que cotizaron en mutualidades laborales, a los que el Tribunal Supremo reconoció el derecho a aplicarse una reducción para evitar la doble imposición en aportaciones realizadas entre 1967 y 1978. El Tribunal estableció que solo debe integrarse en la base imponible el 75% de la pensión correspondiente a dichos periodos y aclaró que el cálculo de la reducción debe realizarse considerando únicamente los 35 años necesarios para alcanzar el 100% de la pensión, lo que incrementa las devoluciones para quienes superaron ese periodo de cotización.
Estas sentencias han supuesto 5.936 millones de euros en el déficit de 2024 y de 2.700 millones en 2025, y se prevé un impacto en 2026 de 750 millones adicionales en devoluciones que ya estaban contabilizados en el déficit de 2024. "En caso de que las devoluciones finalmente realizadas superaran la estimación de 750 millones, sí que tendría impacto en déficit por el exceso", advierten.
Le siguen por importancia la reforma del Impuesto sobre Sociedades, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales y nulos varios preceptos del Real Decreto-Ley 3/2016, al considerar que modificaban elementos esenciales del Impuesto sobre Sociedades vulnerando el artículo 86.1 de la Constitución, con un impacto en déficit de 3.048 millones en 2024 y 1.075 millones en 2025; y el complemento de maternidad para pensionistas varones, que ha supuesto 1.108 millones en déficit para la Seguridad Social en 2024 y 529 millones en 2025.
El Impuesto de Hidrocarburos, el "gran riesgo" a la vista
Fuentes de la AIReF han puntualizado este miércoles de que dentro de los riesgos fiscales que suponen las sentencias judiciales, el "más acuciante" es el relativo a la sentencia del Impuesto sobre Hidrocarburos (IH).
Se refieren a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 30 de mayo de 2024 que declaró el tramo autonómico del IH contrario a una directiva europea, al permitir a las Comunidades Autónomas establecer tipos de gravamen del Impuesto de Hidrocarburos diferenciados por territorio no previstos en la normativa europea, aunque se respetaran los mínimos armonizados. El período afectado abarca de 2013 a 2018, años en que el impuesto estuvo vigente.
El Gobierno contabilizó en 6.500 millones de euros el impacto máximo que podría tener esta sentencia, ya que coincide con la recaudación obtenida por las comunidades que aplicaron el tipo autonómico durante todos los años en que el impuesto estuvo vigente. "El coste efectivo asciende, al menos, a unos 316 millones más intereses, importe que se registrará como déficit en el ejercicio 2026. Este coste podría incrementarse conforme el Tribunal Supremo vaya resolviendo los recursos de casación pendientes o aquellos que pudieran interponerse, en caso de que las sentencias resulten contrarias a los intereses del Estado".