El Gobierno ha confirmado a Bruselas que tiene previsto aprobar este mes o el próximo una modificación o reducción de los beneficios fiscales que se aplican en España en algunos impuestos con el objetivo de incrementar los ingresos públicos de forma estructural -de aquí en adelante- en un 0,1% del PIB, el equivalente a unos 1.600 millones de euros.

Así figura en el Informe de Progreso Anual 2026 remitido a la Comisión Europea el pasado jueves, víspera de fiesta, al filo de la medianoche, en el que señalan que estas medidas se corresponden con el hito 386 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -componente 28, reforma 2-, "cuyo cumplimiento está previsto dentro de los plazos establecidos en próximos desembolsos (Q2 2026)" con el objetivo de "aumentar de forma permanente los ingresos públicos en al menos un 0,1 % del PIB, derivado de modificaciones de beneficios fiscales".

Esta medida forma parte de los compromisos que hizo el Gobierno a Bruselas a cambio de conseguir una ampliación a siete años del periodo de ajuste que tiene que hacer en su senda de gasto neto (el indicador que revisa la Comisión), para conseguir así un esfuerzo presupuestario menos exigente. En concreto, el Ejecutivo pactó aprobar medidas destinadas a elevar los ingresos públicos "de forma permanente" por el equivalente al 0,4% del PIB de aquí a 2028: 0,3 puntos antes de que acabara 2025 y 0,1 puntos en una segunda etapa.

La primera se ha cumplido ya, con medidas como el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, para patrimonios de más de tres millones de euros; nuevos impuestos sobre el tabaco; subida del tipo del ahorro en el IRPF; o la tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades y otros retoques en ese tributo; mientras que para la décima adicional el Gobierno ha optado por no deflactar el IRPF al menos hasta que acabe 2028. "La combinación de ambas etapas arroja un compromiso acumulado de un incremento de ingresos públicos de más del 0,4% del PIB en 2028, dando por tanto pleno cumplimiento al compromiso de reforma adquirido en el Plan Fiscal Estructural", señalan.

Aparte, el Ejecutivo tiene previsto en este segundo trimestre del año, para dar cumplimiento al Plan de Recuperación, acabar o retocar algunos beneficios fiscales para conseguir un aumento de los ingresos tributarios de una décima adicional de PIB, una medida que se tenía que haber aprobado inicialmente antes de que acabara 2025 pero que fue pospuesta a este periodo. La Comisión confirmó este lunes en un documento que los estados miembro deberán completar las reformas e inversiones comprometidas antes del 31 de agosto de 2026 para poder acceder a los últimos pagos, desoyendo así las peticiones de algunos países como España de tener más plazo.

El compromiso concreto consiste en "la entrada en vigor de normas por las que se eliminen o modifiquen beneficios fiscales y que supongan, según estimaciones en el momento de su entrada en vigor, un aumento permanente de ingresos de 0,1 puntos porcentuales de PIB", lo que supone que el Gobierno debería tratar de aprobarlas cuanto antes para cumplir con los plazos. "El objetivo de esta reforma es aumentar los ingresos de la Hacienda Pública y modernizar el sistema fiscal", admiten.

¿Qué beneficios fiscales se van a modificar o eliminar? El Ministerio de Hacienda no quiere dar pistas por el momento, pero es obvio que utilizará para su propuesta el informe que hizo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a petición suya sobre la eficacia de los beneficios fiscales existentes en España.

En ese documento, la AIReF proponía, en el IRPF, que el Gobierno acelere en hacer desaparecer la reducción por tributación conjunta para matrimonios -actualmente de 3.400 euros- estableciendo un régimen transitorio hasta su total extinción, ya que supone un desincentivo a que el segundo perceptor de rentas (en el 80% de casos, la mujer) trabaje. En este mismo impuesto, otra recomendación formulada por la AIReF ya ha sido implementada como la disminución de la reducción en el IRPF por aportar a planes de pensiones (que antes era de 8.000 euros y ahora es de 1.500 euros, el tope máximo permitido para las propias aportaciones).

Las propuestas de la Autoridad Fiscal en cuanto al IVA tendrían un coste electoral más alto y es previsible que no sean las elegidas por el Ejecutivo. En concreto, proponían que a medida que la economía se recuperaba del impacto de la pandemia se revisaran los tipos superreducidos (del 4%) y reducidos (10%) para elevarlos al tipo normal (21%), para así "mejorar la eficiencia distributiva del impuesto", ya que esos tipos benefician más a las rentas más altas, que son las que más consumen. Para no perjudicar a las familias con menos renta, se proponía articular medidas de gasto para los colectivos más vulnerables.

La AIReF vio no concluyente su análisis sobre si la exención de la sanidad y educación privadas de pagar el IVA era eficiente, algo que sí podría utilizar el Ejecutivo para hacer reformas, dado además que la facción de Sumar ha pedido en numerosas ocasiones que sean gravados con este impuesto.

En el Impuesto de Sociedades, la AIReF evaluó entre otras cosas los tipos reducidos de las sicavs y las socimis, diseñados para fomentar la inversión colectiva, y concluyó que existe una elevada concentración de la inversión en manos de pocos accionistas pese a los requisitos de la ley (que exige contar con cien accionistas), por lo que cree que deberían reforzarse esas condiciones para asegurar que la inversión es realmente colectiva.