Modificará el real decreto para blindarse ante una batalla judicial posterior que da por segura, pero no cederá a las peticiones de Economía
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de TrabajoEFE
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El Ministerio de Trabajo ha decidido que seguirá adelante con la tramitación del real decreto por el que quiere reforzar el registro horario -para que sea digital, accesible por la Inspección de Trabajo y no manipulable- a pesar de los varapalos que le ha dado el Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos, y asegura que el presidente le apoyará a pesar del rechazo de Economía para no vulnerar el acuerdo de Gobierno.
Según han informado este martes por la tarde fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz, éste tiene previsto ahora incluir ciertos cambios en el decreto, sobre todo para tener garantías y evitar que los tribunales lo anulen después en una batalla judicial que dan por segura. En concreto, darán más espacio a la negociación colectiva, dejarán claro que el tratamiento de datos no puede conllevar violación de la intimidad de los trabajadores y pondrán en valor que uno de los consejeros del Consejo de Estado ha manifestado sus dudas sobre que la norma no pueda instrumentalizarse en un desarrollo reglamentario.
Una vez realizados estos cambios, el Ministerio de Díaz no está seguro de si el proyecto debe pasar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), según admiten fuentes del departamento, ya que ya lo hizo la norma que preveía aprobar la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, que finalmente no vio la luz y de la que emana este proyecto. Aún así, aseguran que de ser así será un mero trámite administrativo. Pese a que la CDGAE está presidida por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha mostrado su disconfirmidad con ciertos aspectos de la norma -como el plazo de entrada en vigor, la no discriminación por tipo de empresa o que no haya peculiaridades por sectores, entre otras-, el equipo de Díaz le resta importancia.
Fuentes del Ministerio que piden no ser entrecomilladas aseguran que Carlos Cuerpo está en contra de la norma, a pesar de decir públicamente que apoya sus objetivos. Dan por descontado que no va a cambiar de opinión, pero aseguran que no van a ceder ante sus reivindicaciones porque supondría vulnerar el Acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, algo que ahora no creen conveniente para la parte socialista.
Por tanto, incluso aunque el ministro se oponga a la norma a su paso por la CDGAE, Díaz cuenta con Sánchez intercerderá a su favor y se aprobará próximamente. No irá de forma inmediata al Consejo de Ministros porque antes deben ultimarse esos cambios y pasar los trámites correspondientes, pero lo hará en cuestión de semanas, confían.
Para Díaz, que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Función Pública y Transformación Digital hayan emitido sendos informes desfavorables sobre el proyecto roza la deslealtad; ella asegura que jamás en seis años ha presentado informe desfavorable de ninguna norma del Ejecutivo, aunque haya estado en contra.
Atacan frontalmente también al Consejo de Estado, al que acusan de haber copiado los argumentos de Economía y de la patronal, tildando su informe de desafortunado, demoledor, extravagante, poco serio o poco riguroso, entre otros. Recuerdan, no obstante, que no es vinculante y aseguran que el Gobierno en esta legislatura ya ha aprobado catorce normas con el informe desfavorable de este organismo, bajo la fórmula "Oído el Consejo de Estado...", mismo sistema que pretenden emplear ahora.
Fuentes del Ministerio de Trabajo señalan que Yolanda Díaz no ha podido este martes hablar con el presidente del Gobierno después de que se haya hecho público el informe del Consejo de Estado ni tampoco después de que Cuerpo haya insistido en la rueda de prensa posterior que Econonía comparte el objetivo y "la ambición" de la norma, pero cree que debe compatibilizarse con una "tramitación equilibrada", especialmente pensando en las pequeñas y medianas empresas, para las que el Consejo de Estado ha estimado un coste de implementar el nuevo registro de 867 millones de euros.