Este miércoles 22 de julio concluyó en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, la audiencia en que se debatió acerca del calendario del proceso judicial del presidente venezolano Nicolás Maduro, detenido ilegalmente por la Casa Blanca tras violar su inmunidad como jefe de Estado durante la invasión del 3 de enero pasado.

Junto al presidente venezolano, acudió a la audiencia su esposa, la primera combatiente y diputada Cilia Flores, también secuestrada durante la agresión. Durante la vista, el juez encargado del proceso, Alvin Hellerstein, propuso que el juicio empiece el 1 de junio de 2027, tras dos bloques de mociones en los que la defensa solicitará la inmunidad de los acusados.

La sesión, realizada en la Corte Federal del Distrito Sur, se centró en el cronograma para la entrega de pruebas e información clasificada que será sometida a evaluación jurisdiccional. Este proceso continuará el 17 de noviembre, cuando se analizará la admisibilidad de dichas evidencias.

La defensa presentará una moción para solicitar la desestimación del caso. De no ser acogida, el 11 de marzo se celebrará una nueva audiencia de exhibición probatoria, donde el material clasificado deberá superar un nuevo examen judicial.

En las inmediaciones de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York decenas de manifestantes rechazaban la ilegal detención de un Presidente en ejercicio, secuestrado en su propio país, que junto a la violación de la soberanía configuran como graves violaciones del derecho internacional.

Durante la primera audiencia, el 6 de enero, Maduro se declaró «prisionero de guerra» y rechazó categóricamente los cargos presentados en su contra, reafirmando su condición de jefe de Estado legítimo de la República Bolivariana. Junto a Cilia Flores, fue acusado de presunto delito de narcotráfico.

«Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas», declaró el líder venezolano ante el juez Hellerstein. En esa vista él y Cilia se declararon inocentes de los cargos en su contra. Además, su defensa legal denunció que el Presidente venezolano no conocía previamente qué cargos se le imputaban, lo cual configura como violación a las garantías del debido proceso.

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