La normativa europea busca alargar la vida útil de los dispositivos y reducir los residuos electrónicos
Un chico arreglando un teléfono
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En el año 2022 la humanidad generó 62 millones de toneladas de basura electrónica a nivel mundial. Entre ellas se incluyen móviles, electrodomésticos y ordenadores, representando un peligro creciente para el medio ambiente. De hecho, se contempla que para 2030, estos desechos electrónicos podrían alcanzar los 82 millones de toneladas, lo que ha obligado a buscar soluciones.
La Unión Europea ha aprobado varias medidas sobre el derecho a reparar, que pretenden reducir los residuos y reforzar el sector de la reparación, para lo que se facilitará el arreglo de bienes a un precio más asequible. En este sentido, se busca alargar la vida útil de los productos electrónicos y combatir la obsolescencia programada de las marcas.
Es en este punto donde alcanzan un lugar importante las baterías de los smartphone. Cabe recordar que antes eran fácilmente reemplazables por el propio usuario, pero que en los últimos años esta posibilidad se ha complicado. Los terminales tienen estructuras compactas y las baterías se encuentran en el interior, imposibilitando en la mayoría de los casos su extracción por parte del cliente.
En la práctica esto se traduce en que un cambio de batería requiere de profesional cualificado y, en ocasiones, puede salir más a cuenta cambiar el dispositivo que arreglarlo. Esto va a cambiar porque desde el año 2027 la UE impone que las baterías deben ser fácilmente extraíbles por parte del usuario.
Ahora, el texto legal señala que una batería es "fácilmente extraíble" si puede retirarse utilizando "herramientas comercialmente disponibles" y sin necesidad de utillaje especializado. Si se requiere una herramienta concreta, el fabricante está obligado a suministrarla de forma gratuita junto con el producto o el repuesto.
Además, la ley especifica que bajo ninguna circunstancia el usuario deberá hacer uso de "herramientas protegidas por derechos, energía térmica o disolventes para desmontar el producto". Es decir, que la época de las baterías pegadas a la placa, como actualmente, va a llegar obligatoriamente a su fin.
El software no lo puede bloquear
Aunque hay baterías que pueden sustituirse de forma sencilla, puede ocurrir que el software o sistema operativo se encargue de bloquear el teléfono, pero la normativa también corta de raíz este problema:
"El software no deberá utilizarse para obstaculizar la sustitución de una pila o batería portátil por otra compatible", señala.
Finalmente, la batería deberá estar a la venta como pieza de recambio durante un mínimo de cinco años y su coste deberá ser razonable, potenciando la sustitución y reparación por encima de la adquisición de un nuevo terminal.