Comprender la razón de ser y la utilidad práctica de ciertos requisitos de la vida democrática nos interesa como venezolanos. Apelar a la memoria no es suficiente, porque casi tres décadas después quedan pocos que se acuerdan y además, porque tampoco se trata de idealizar con nostalgia la democracia que tuvimos.

No me pasa por la cabeza proponer la restauración de aquella etapa en la que tuve tantas responsabilidades que no fue tan buena como nos gusta recordarla ni tan mala como la propaganda interesada la ha presentado para ahorrarse comparaciones que la dejan mal parada.

Usando metáfora procesal, intentar reponer la causa al estado donde se encontraba en 1998 es absurdo e inútil y ya nos consta que la historia no se devuelve, como ha quedado comprobado con el intento de regresar a la gesta independentista o a la guerra federal, fracasado y costoso.

Bien parados en el presente hay que mirar adelante, para no reincidir en errores e intentar no cometer yerros nuevos y acaso peores.

Una vez, cuando lo recibía en el extinto Congreso, al Presidente de Italia Oscar Luigi Scalfaro le comenté que se sentiría en casa, pues había sido parlamentario distinguido por varias décadas. Me replicó con una pregunta: En Venezuela ¿El Congreso controla al Gobierno? que respondí explicándole las competencias del órgano a ese efecto. No le bastó y me dijo, mientras caminábamos al lado de la fuente rumbo al hemiciclo: “No sé en Venezuela, pero si en Italia el parlamento hubiera controlado al Gobierno realmente, nos habríamos ahorrado muchos dolores de cabeza”. Scalfaro, un estadista trascendente, se había significado como enemigo frontal de la corrupción.

El poder distribuido en niveles y dividido en funciones que diseña el 136 constitucional no es un capricho sino el resultado de la experiencia histórica de este y todos los países. El poder concentrado tiende inevitablemente al abuso por el exceso que produce la superstición de la omnipotencia. Todo estaría perdido, dice Montesquieu, si uno solo o un grupo o aún el pueblo todo, ejerciese todos los poderes.

Democráticamente, no es concebible el poder ilimitado. Tampoco, por cierto, si la medida es deficiencia o eficacia. Si lo duda, revise cuales son los países más avanzados, aquellos a donde tanta gente quiere irse.

Controlar el poder es una constante aspiración humana, para que el poder le sirva y no le estorbe u oprima. Para el control fiscal existe la Contraloría que debe controlar. Para el control judicial están los tribunales que deben impedir abusos, corregir desviaciones y restablecer cauces. Para el control político está el parlamento que entre nosotros es la Asamblea para el poder nacional, el Consejo Legislativo para el regional y el Concejo Municipal en el ámbito local, cuerpos que tienen tres tipos de funciones: las de representación, la de legislación y las de control.

En cuanto a la Asamblea Nacional, la mitad de las atribuciones que le asigna el artículo 187 de la Constitución son de control. Una genérica en el numeral tercero “Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional” y las restantes son para impartir aprobaciones y autorizaciones que no deben ser saludos a la bandera, sino actos responsables, bien analizados con base a información completa y confiable, debatidos abiertamente y solo entonces decididos. No hacerlo así y despachar los asuntos velozmente, como si de la línea de producción de un matadero se tratara es la irresponsabilidad de quienes no están cumpliendo con su deber.

Mecanismos pone en sus manos la Constitución (Art. 222) para cumplir: interpelaciones, investigaciones, preguntas, además de las dichas autorizaciones y aprobaciones previstas constitucional o legalmente. Y todos los funcionarios (Art.223) están obligados a dar toda la información que se les requiera. Como conclusión de cualquier investigación que determine responsabilidades políticas, puede la Asamblea solicitar a la Fiscalía o a la Contraloría las acciones para hacer efectiva la responsabilidad penal o administrativa.

El control parlamentario es un requisito de buen funcionamiento del Estado Democrático, para mantenerlo al servicio de todas las personas. Exigirlo como ciudadanos es pertinente hoy y lo será mañana.