Este sábado 11 de julio, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció que el Parlamento impulsará una reforma a la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Lo hizo en el marco de la respuesta oficial al doble terremoto del 24 de junio que además de dejar miles de fallecidos y heridos, demanda del Estado atención para miles de familias damnificadas. Según el hermano de la presidenta encargada y devenido en vocero gubernamental tras el 24J, se necesitarán 25.000 viviendas para atender a las víctimas de los seísmos.
En este contexto, una opción rápida de respuesta ante una crisis crónica de viviendas, es la opción de que las familias afectadas puedan alquilar, pero según Rodríguez, la norma vigente es “muy regresiva” y ha provocado que hasta 200.000 viviendas permanezcan desocupadas porque sus propietarios prefieren no alquilarlas por temor a no recuperarlas.
Lo que Rodríguez presentó como una medida pragmática para aliviar la emergencia habitacional tras la catástrofe sísmica tiene un trasfondo incómodo: la ley que ahora se califica de regresiva fue impulsada personalmente por Hugo Chávez y aprobada el 10 de noviembre de 2011, cuando Rodríguez era alcalde del municipio Libertador de Caracas y formaba parte activa del aparato de gobierno que la defendía.
El congelamiento de alquileres no comenzó en 2011. Desde abril de 2003, tras el paro petrolero, el gobierno de Chávez decretó la congelación de cánones de arrendamiento de vivienda como parte de un paquete de controles de precios. Esa medida se prorrogó de forma casi automática durante años. La ley de 2011 no corrigió el problema: lo institucionalizó y lo agravó, tal como lo señalan informes de la ONG Provea de la época.
La norma creó la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi), estableció fórmulas rígidas para calcular los cánones (generalmente muy por debajo del valor de mercado), impuso trámites obligatorios para cualquier contrato y, sobre todo, complicó extraordinariamente los desalojos. Lo que antes era un proceso judicial relativamente predecible se convirtió en un laberinto administrativo y judicial que podía durar años, con prórrogas legales automáticas a favor del inquilino y causales de desalojo muy restrictivas.
Organizaciones de propietarios y cámaras de construcción advirtieron en 2011 que la ley destruiría el mercado formal de alquileres. Sus pronósticos se cumplieron.
La ley fue aprobada por una Asamblea Nacional de amplia mayoría oficialista presidida por Fernando Soto Rojas, un histórico militante de izquierda y exguerrillero que en esa época expresaba sin rodeos su rechazo a la propiedad privada como institución central del modelo que se quería construir. Soto Rojas defendía una concepción “comunal” del poder y consideraba que los poderes públicos debían actuar de forma coordinada bajo una misma lógica revolucionaria.
En ese contexto, la ley de arrendamientos no fue un error técnico aislado, sino una pieza coherente con una visión más amplia que subordinaba el derecho de propiedad a objetivos políticos de control social y redistribución forzada. El resultado fue previsible: inseguridad jurídica para los propietarios y desincentivo total a la inversión en vivienda para renta.
Medios independientes como Prodavinci y diversos análisis especializados en derecho inmobiliario también advirtieron, ya en 2011 y en los años siguientes, que la combinación de control de precios, trámites excesivos y protección casi absoluta al inquilino generaría escasez en la oferta. Los dueños de inmuebles prefirieron mantener vacías sus propiedades ante el riesgo de perderlas.
Quince años después, Jorge Rodríguez reconoce públicamente lo que entonces se negaba: que la ley desincentiva la oferta de alquileres. La admisión llega tarde y en medio de una tragedia. El doble sismo del 24 de junio expuso no solo la vulnerabilidad sísmica de muchas construcciones, sino también la fragilidad estructural de un mercado de vivienda que el chavismo contribuyó a asfixiar durante más de dos décadas.
La ausencia de una oferta amplia y formal de alquileres obliga a miles de familias a depender de soluciones precarias, hacinamiento o la espera de una vivienda estatal que nunca llega en la cantidad prometida. El déficit habitacional sigue siendo estructural. En 2025, según el informe anual de Provea, el país necesitaba dos millones de viviendas.
Hasta el momento, la reforma sigue siendo un anuncio. No se ha presentado un proyecto concreto ni se ha debatido en profundidad. Mientras tanto, la ley de 2011 sigue vigente y el mercado de alquileres formales permanece deprimido. La experiencia de otros países muestra que los controles rígidos de alquileres suelen reducir la oferta, deteriorar el parque inmobiliario y generar mercados negros o informales. Venezuela no ha sido la excepción.
La vivienda en Venezuela no es solo un problema de construcción o de recursos. Es también un problema de reglas del juego. Durante más de dos décadas, el chavismo optó por controles cada vez más estrictos en nombre de la protección al inquilino. El resultado fue menos oferta, más informalidad y mayor vulnerabilidad para todos, especialmente para quienes hoy, en medio de la emergencia tras los terremotos, necesitan con urgencia una vivienda que alquilar o que les alquilen rápidamente.
La ley que ahora se califica de regresiva siempre lo fue para el funcionamiento normal de un mercado de alquileres. Solo que durante mucho tiempo el chavismo prefirió no escucharlo.
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