En sus declaraciones públicas durante sus cuatro viajes a China en los últimos cuatro años, el presidente Pedro Sánchez pedía que la creciente presencia inversora de las empresas tecnológicas chinas en España no se limite a levantar fábricas, comprar activos o colocar capital, sino que llegue acompañada de algo incluso más valioso a largo plazo: transferencia de conocimiento, cooperación tecnológica y desarrollo conjunto de capacidades industriales.

El líder socialista lo planteó con especial insistencia durante su visita de 2025 y volvió a repetirlo en abril de este año. Sin embargo, mientras España y otros países europeos reclaman una relación económica más equilibrada y una mayor integración en las cadenas de valor tecnológicas chinas, Pekín avanza exactamente en la dirección contraria.

La última muestra ha llegado con la publicación de una nueva normativa que endurece de forma significativa el control sobre las inversiones chinas en el extranjero y blinda la salida de tecnologías consideradas estratégicas. Las reglas, aprobadas por el Consejo de Estado y anunciadas esta semana, constituyen el marco legal más sólido hasta la fecha para impedir que datos, propiedad intelectual o talento vinculados a sectores sensibles crucen las fronteras chinas sin pasar un filtro más rígido por parte de la supervisión estatal.

Durante años, varios gobiernos europeos han reclamado un acceso más amplio al mercado chino, menos restricciones regulatorias y una cooperación industrial más fluida. España, que ha ido estrechando la relación con el régimen de Xi Jinping, ha sido uno de los países que más ha insistido en esa idea. Antes del último viaje de Sánchez a Pekín, Bloomberg señalaba que uno de los objetivos del Ejecutivo español era lograr precisamente que las inversiones chinas generaran empleo cualificado, participación de empresas españolas en proyectos tecnológicos y transferencia efectiva de conocimiento.

Pero la lógica estratégica de Pekín va por otro lado, sobre todo después de que la rivalidad tecnológica con Estados Unidos haya convertido la innovación en una cuestión de seguridad nacional. Si durante décadas la prioridad china fue atraer tecnología extranjera para acelerar su desarrollo económico, ahora el objetivo es evitar que las ventajas acumuladas por la superpotencia asiática en sectores emergentes -como los vehículos eléctricos o la computación avanzada- terminen beneficiando a competidores extranjeros.

Basta observar algunas de las grandes inversiones chinas en España para entender hacia dónde sopla el viento. Los proyectos industriales ligados al automóvil eléctrico en Aragón o en Galicia responden principalmente a la necesidad de las empresas chinas de producir dentro del mercado europeo y esquivar barreras comerciales, no a una estrategia de transferencia tecnológica. En Zaragoza, incluso, el plan para la gigafactoría de baterías de CATL junto a Stellantis es que gran parte del personal especializado proceda directamente de China. Es una filosofía que encaja con la creciente obsesión de Pekín por mantener el control sobre el conocimiento crítico.

Las nuevas normas de Pekín otorgan a las autoridades amplios poderes para "revisar inversiones exteriores que puedan afectar a la seguridad nacional". También permiten "ordenar la paralización de operaciones ya ejecutadas y exigir la venta de participaciones o activos adquiridos en el extranjero si se considera que incumplen los intereses estratégicos del país". Y se prohíben las transferencias indirectas mediante "el despliegue transfronterizo de personal técnico, servicios de consultoría, programas de formación y otros acuerdos".

Las empresas que vulneren las disposiciones podrán enfrentarse a sanciones de hasta el 1% del valor de la transacción. La normativa entrará en vigor el próximo 1 de julio. "Dichas medidas serían de carácter protector y defensivo y no afectarán las actividades comerciales normales del mercado", aseguraba el comunicado oficial publicado esta semana.

Uno de los aspectos más relevantes afecta directamente a la transferencia tecnológica. El texto prohíbe la transmisión no autorizada de determinadas tecnologías y datos. En la práctica, esto significa que ingenieros, investigadores y expertos chinos podrían encontrar crecientes obstáculos para trabajar en proyectos internacionales si estos implican compartir conocimientos considerados sensibles.

La medida llega en un momento especialmente delicado para la industria de la inteligencia artificial, convertida en el principal frente de la competición de Pekín con Occidente, principalmente con Washington. El gigante asiático ya ha mostrado hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger su ecosistema tecnológico. El ejemplo más reciente lo encontramos en abril, cuando ordenó revertir la adquisición de la startup china de IA Manus por parte de Meta.

Esa operación estaba valorada en 2.500 millones de dólares y Meta había cerrado la compra a finales del año pasado. Pero los reguladores chinos iniciaron una revisión que acabó desembocando en la anulación de la operación.

La nueva normativa institucionaliza formalmente ese movimiento: se podrá examinar cualquier transacción que implique la salida de activos tecnológicos estratégicos y bloquearla si se considera que perjudica los intereses nacionales.

El objetivo declarado es evitar que empresas extranjeras, como Meta, accedan a tecnologías desarrolladas dentro de China.

Las nuevas directrices también exigen a las compañías tecnológicas líderes del país que pasen automáticamente por la supervisión reguladora antes de recibir cualquier inversión extranjera. Además, la normativa levanta un muro defensivo contra compañías extranjeras que "dañen los intereses chinos o interfieran en las inversiones del país". Las entidades que así sean clasificadas enfrentarán sanciones y bloqueos de inversiones.

China lanza el mensaje de que las puertas de su capital siguen abiertas, pero no está dispuesta a compartir aquello que considera la base de su actual y futura ventaja competitiva. Y esto frustra las aspiraciones de países como España, que confiaba en que la inversión china contribuyera al desarrollo industrial local mediante proyectos conjuntos y transferencia tecnológica.