Cada euro que blindamos en pensiones es un euro que no irá a vivienda, natalidad o inversión. El debate español ignora esa renuncia.

Actualizado Domingo, 7 junio 2026 - 00:04

Hay una idea elemental en economía que la política española lleva décadas esquivando: el coste de oportunidad. El valor de cualquier decisión se mide por aquello a lo que renunciamos al tomarla. Y pocas renuncias salen tan caras como la de no reformar las pensiones, porque no figura en ningún presupuesto y se paga en forma de todo lo que dejamos de hacer.

Cada punto de PIB dedicado a sostener el envejecimiento deja de financiar otra cosa: vivienda asequible, una política familiar que frene el desplome de la natalidad o una rebaja de la presión fiscal que ya asfixia al trabajador medio. La factura no se paga solo con impuestos y cotizaciones. Se paga, sobre todo, con todo lo que el país decide no hacer.

Esa renuncia tiene cifras concretas, y las ha calculado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Sin reformas, el gasto público superará el 50% del PIB hacia 2045 y crecerá 7,1 puntos hasta 2050. Casi la mitad, 3,4 puntos, saldrá de una sola partida: las pensiones. En los peores años el gasto público crecerá cerca de 0,4 puntos del PIB en un solo ejercicio, unos 8.000 millones de euros a precios de hoy, más de lo que todas las administraciones juntas dedican a vivienda.

Ese desplazamiento ya está ocurriendo. España se comprometió ante Bruselas a contener el gasto, pero el de las pensiones empuja a la Seguridad Social a crecer un 4,6% anual hasta 2028, muy por encima del 3,4% pactado para el conjunto de las administraciones. Lo que se llevan de más se lo quitan al resto, y eso pesa ya en el presupuesto. En 2024 las pensiones contributivas sumaron 244.494 millones, frente a los 168.804 de la sanidad y la educación juntas. Una sola partida pesa más que los dos servicios que llamamos básicos.

Frente a un agujero así se invocan atajos, pero ninguno resuelve el problema. La inmigración, la primera candidata, tampoco lo hace. La regularización de cerca de 950.000 personas aportará 0,031 puntos de PIB en cotizaciones, una magnitud insignificante teniendo en cuenta el volumen de gasto en pensiones. Además, España solo retiene a uno de cada dos inmigrantes que llegan.

Si el gasto crece así y los ingresos no acompañan, la diferencia solo puede taparse de una manera: con deuda. La AIReF prevé que escale hasta el 123% del PIB en 2050, y casi dos tercios de ese deterioro procede de las pensiones. Los intereses pasarán del 2,4% al 4,4%, dos puntos que tampoco irán a nada útil. Y ese 123% es el escenario amable: descansa sobre una productividad optimista que, de fallar, llevaría la deuda al 137%.

Ante un cuadro así cabría esperar cierta alarma. En su lugar, el Gobierno exhibe un sello de aprobación. La propia AIReF certifica que las pensiones cumplen la regla de gasto. El problema es que ese aprobado no significa nada: el mismo organismo advierte que es compatible con un deterioro continuo de las cuentas. Celebrar su cumplimiento es mirar el termómetro y no al enfermo.

Esa enfermedad la padece quien aún no cobra pensión o ni siquiera ha pisado el mercado laboral: más deuda, más impuestos y menos margen para sus necesidades. Es la redistribución más silenciosa, la que va del que no vota al que sí.

Nada de esto pretende ser una enmienda al sistema de reparto ni es un reproche a quien cobra lo que cotizó. Por ejemplo, Suecia mantiene pensiones públicas de reparto, con ajustes automáticos, y son sostenibles, porque allí decidieron mirar las cuentas a tiempo. Reformar tiene un coste. No reformar también. La diferencia es que el primero se ve y se discute, mientras el segundo se acumula en silencio, en forma de todo lo que pudimos hacer y no haremos. Esa es la cuenta que de verdad importa.