El proyecto de real decreto ya ha recibido dos dictamenes desfavorables y no es visto con buenos ojos en Economía
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.EFE
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El Ministerio de Trabajo asegura que el real decreto que refuerza el registro horario verá la luz en Consejo de Ministros en cuestión de semanas, a pesar de que el Ministerio de Economía le ha puesto muchas pegas y de los informes desfavorables del Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos.
¿Es viable que se apruebe?
Técnicamente, según recuerda el Ministerio, no sería la primera vez que el Consejo de Ministros aprueba una norma que ha tenido dictamen desfavorable del Consejo de Estado. De hecho, lo ha hecho ya catorce veces está legislatura, con la fórmula «Oído el Consejo de Estado...».
¿De qué depende?
La aprobación de la norma depende exclusivamente de la voluntad política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es quien puede imponer la voluntad de su vicepresidenta segunda sobre la del Ministerio de Economía, como ya ha hecho en anteriores ocasiones en disputas entre Díaz y la exministra Nadia Calviño. Sólo Sánchez puede decidir qué le conviene más política y electoralmente, si concederle esta pequeña victoria a Díaz -que lleva meses sin poder sacar adelante una norma- o posicionarse del lado de la ortodoxia de su Ministerio de Economía y evitar una medida que podría suponer un coste millonario a las pequeñas y medianas empresas.
¿Qué incentivos tiene?
El principal es que el Acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar ya incluía el compromiso de reforzar el registro horario, por lo que el Ministerio de Trabajo se niega a claudicar en que el registro sea digital, accesible por parte de la Inspección y aplicable en «todas» las empresas, tal y como recoge el pacto. Fuentes de su Ministerio sugieren que a Sánchez podría no convenirle ahora romper ese acuerdo y poner en riesgo la alianza de investidura.
¿Qué quiere Economía?
El Ministerio de Carlos Cuerpo se hace eco de algunas de las quejas de la patronal. Reclama un periodo de entrada en vigor más laxo, no de sólo 20 días;que haya excepciones o matices en función del tamaño y sector en el que opera la empresa, y que se preste atención al derecho a la intimidad de los trabajadores, que podría quedar vulnerado, según la Agencia Española de Protección de Datos.