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El Consejo Económico y Social (CES), que aglutina tanto a patronal como sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, considera que la elevada tasa de pobreza infantil en España es "una lacra" para un país democrático y desarrollado como el nuestro y defiende que la única manera de reducirla es introduciendo una nueva "prestación universal por crianza" para todas las familias, independientemente de su nivel de renta.
"España presenta unas tasas de pobreza infantil anómalas para su nivel de vida, lo que hace urgente reforzar las políticas públicas en materia de garantías de renta, incluyendo, entre otras, la introducción de una prestación universal por crianza", recoge la Memoria de 2025, presentada este miércoles.
Durante la presentación, su presidente, Antón Costas, recordó el refrán de que "los niños vienen con una barra de pan debajo del brazo" y reivindicó que debería ser así en todos los casos: en forma de prestación y universal, independiente del nivel de renta, y por lo menos hasta los 3 años de edad del menor, "en línea con la mayoría de los países de nuestro entorno".
Los miembros del CES no han llegado a un acuerdo sobre la edad hasta la que debería extenderse esta prestación, siendo algunos partidarios de aplicarla de 0 a 6 años y otros de 0 a 12, pero sí están todos de acuerdo en que debería implantarse por lo menos hasta los 3.
Respecto a la forma -que tendría que decidir el Gobierno-, podría ser una prestación directa o podría articularse como un impuesto negativo sobre la renta. "Ya existe pero sólo beneficia a las familias con bases imponibles que les permiten beneficarse de las deducciones por hijos. Las que tienen niveles de renta superiores no se benefician de una prestación", precisó Costas.
A la vista de las dificultades administativas que ha tenido una prestación como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que no llega a todos sus potenciales beneficiarios, Costas cree que explotar esta vía en el IRPF sería más interesante.
"No es posible erradicar la pobreza infantil en España, una lacra impropia de un país como el nuestro, sin la introducción de una prestación universal. Después ya veremos si de 0 a 6 años o de 0 a 12", ha concluido.
Otras medidas que contribuirían a reducir la pobreza infantil, en opinión del CES, serían hacer rembolsable el mínimo por descendientes del IRPF para que beneficie a las familias con bajos ingresos, lo que aumentaría la progresividad de esta medida y permitiría avanzar en la línea de la mayoría de los países europeos; y reforzar y rediseñar el CAPI (Complemento de Ayuda para la Infancia), duplicando su cuantía, priorizando la infancia de 6 a 17 años. Sería necesario asimismo disminuir la alta brecha de cobertura actual (en torno al 76%), apuntan.
En España, el riesgo de pobreza y exclusión social infantil sigue afectando a más de un tercio de los menores de 16 años, una de las tasas más elevadas de la UE. "Más de la mitad de los hogares monoparentales y el 27,4% de los hogares compuestos por una pareja y uno o más niños sufren esta situación que, además del grave impacto personal y en la igualdad de oportunidades, menoscaba las capacidades futuras de nuestro país en términos de capital humano y de competitividad".
"Se estima que la pobreza infantil en España supone un coste anual equivalente a 63.000 millones de euros al año en pérdidas de productividad y costes asociados a problemas de salud (en torno al 5,1% del PIB)", recuerdan.
Las altas tasas de pobreza que sufre la población infantil en España constituyen "una anomalía para el nivel social y económico general del país" y son una de las principales debilidades del sistema de protección a la infancia español. "Los menores de edad son claramente el grupo etario con unas tasas de pobreza monetaria relativa más altas desde principios de este siglo, exceptuando 2018, cuando los jóvenes entre 18 y 29 años presentaron tasas de pobreza superiores. Desde ese año, las tasas de pobreza infantil han seguido una tendencia ligeramente ascendente, lo que evidenciaría que, en conjunto, y pese a los esfuerzos realizados en los últimos años, las políticas públicas de garantía de ingresos no están siendo todo lo eficaces que deberían, al menos para las familias con menores".
"En un contexto de alta fragmentación y limitado esfuerzo presupuestario, resulta conveniente revisar y simplificar el actual sistema de prestaciones económicas orientadas a la infancia, de tal forma que los supuestos actualmente abordados por una pluralidad de instrumentos se integren en una política de carácter universal", insisten.
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