Aunque el plazo para culminar la ejecución de los fondos europeos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia termina oficialmente el 31 de agosto, el Gobierno ya asume que tendrá tan sólo mes y medio desde ahora para rematar las inversiones vinculadas al Plan de Recuperación, ya que agosto es un mes tradicionalmente inhábil en la Administración Pública y de parón en la mayoría de empresas del país.

Desde el Ministerio de Economía asumen que "es el plazo fijado por la Comisión. A la hora de justificar la ejecución, tiene que finalizar antes del 31 de agosto" y confían en que en ese último mes continúe el proceso, pero en la práctica es un secreto a voces que España se para en agosto con motivo de las vacaciones.

Según los últimos datos, a cierre de abril, de la Intervención General de la Administración del Estado, de los 17.558 millones de euros asignados para este ejercicio una vez ajustado el crédito inicial, hasta el 30 de abril el Gobierno había autorizado proyectos por 4.851 millones (un 27,6% del total en cuatro de los ocho meses disponibles para ejecutar). Pese a que ese es el volumen aprobado, sólo se han reconocido obligaciones -ejecución real- por 1.034 millones (el 6%) y se han hecho pagos por 668 millones.

La Comisión no vigilará el día 31 que el dinero haya llegado a la economía real, pero sí que esté ejecutado y que las inversiones comprometidas a cambio de los fondos se hayan realizado. Pese al enorme esfuerzo de ejecución que están realizando las Administraciones Públicas, no todo el dinero podrá ser ejecutado y no todas las empresas receptoras podrán cumplir en tiempo, de ahí que el Gobierno ya haya articulado un procedimiento para devolver los fondos no utilizados.

Concretamente, publicó la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado una orden ministerial para explicar el procedimiento de reintegro de los fondos para casos en los que haya habido "incumplimiento total o parcial" de los hitos y objetivos previstos, o cuando no se haya realizado el gasto total o parcialmente (se haya reconocido la obligación) en relación con un proyecto, subproyecto, etc.

Para acreditarlo, España deberá presentar un certificado de cumplimiento y, en caso de no hacerlo, se entenderá incumplido y deberá reembolsar el dinero.

"La Comisión Europea parece que aceptará que se haya realizado la transferencia de fondos, aunque no se haya terminado de materializar la ejecución del proyecto, pero hay un riesgo importante de que parte de esos fondos no pueda llegar a ejecutarse, ni siquiera bajo esta consideración más flexible de la Comisión Europea. La fecha de 31 de agosto no se va a prorrogar, al menos según ha dicho la Comisión Europea y sí, durante el mes de agosto se puede seguir ejecutando, pero también es cierto que el nivel de actividad baja mucho y, por tanto, la ralentización en la tramitación es mayor y todo lo que no se haya hecho antes de agosto, corre el riesgo de que no llegue a ejecutarse", apunta a EL MUNDO José María Rotellar, economista y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.

En su opinión, los fondos europeos constituían una "oportunidad fantástica" para impulsar las inversiones en el país, pero "desgraciadamente es una oportunidad que se ha dejado perder y que se ha desperdiciado por pensar sólo en el corto plazo en lugar de en el medio y largo plazo", agrega.

Jorge Galindo, director de EsadeEcPol, recuerda a este medio que, según sus datos, a cierre de abril España había ejecutado 63.000 millones de euros de los casi 90.000 que tenía a su disposición y señala un matiz interesante: es lógico que el país haya empezado ejecutando lo más sencillo y quede lo más difícil para el final.

"El tramo final de los fondos se podría estar resistiendo en ejecución, probablemente porque durante los primeros años se empezaría a movilizar internamente y con una primera ronda hacia las empresas que tuvo menor resistencia administrativa, burocrática o de estructura del sector productivo. Los últimos serán más difíciles que que los primeros", agrega.

En esta línea, los ministerios se encuentran en un junio intenso en que se ha simultaneado la necesidad de adelantar la devolución de los fondos europeos para evitar un colapso en agosto con las líneas para la elaboración de un nuevo presupuesto, más necesario que nunca tras el fin del Plan de Recuperación. "Si se ha podido hacer algo estos años de presupuestos prorrogados es gracias a que teníamos los fondos", deslizan altos cargos de la Administración que ven con pesimismo el escenario a partir de septiembre.

Desembolsos pendientes

España tiene pendiente recibir dos últimos desembolsos del Plan de Recuperación. El sexto, de 7.256 millones y con el que recibirá el 75% del total asignado, fue solicitado en marzo, pero desde entonces el Gobierno está negociando con la Comisión Europea que los 78 hitos que lleva asociados se han cumplido. Previsiblemente, Bruselas dará el visto bueno a finales de este mes y habrá que ver si acepta todas las explicaciones o no.

Entre los hitos que España alega haber cumplido figura la Ley de Movilidad Sostenible, la creación de Casa 47 en materia de vivienda o ciertas inversiones en transformación digital y ciberseguridad, entre otras.

España aprovechó la solicitud de ese sexto desembolso para reclamar el pago de la cantidad que había quedado pendiente del quinto por incumplir el hito 167, en relación con la digitalización de entidades regionales y locales, y trató de convencer también a la Comisión de que sí se han llevado reformas fiscales que habían sido prometidas. Hay que recordar que el quinto pago fue aminorado en 1.000 millones por la falta de esa digitalización y otros dos motivos: no se había recortado la temporalidad en el empleo público y no se había modificado la fiscalidad del diésel.

El Gobierno argumenta que, pese a no emprender los cambios fiscales pactados, ha conseguido elevar la recaudación en un 0,3% del PIB, superando "ampliamente" los objetivos que se habían marcado, por lo que confía en que Bruselas lo dé por bueno.

Una vez recibido el sexto pago, España tiene previsto solicitar a finales de septiembre el séptimo y último, de 21.000 millones y asociado a otros 143 hitos y objetivos. Apurará así el plazo dado por la Comisión que termina el día 30 de ese mes. Posteriormente, Bruselas tendrá hasta final de año para comprobar la documentación justificativa, con lo que el dinero no llegará previsiblemente hasta principios de 2027.

Programas por adjudicar

Los ministerios ya llevan meses parando el ritmo de convocatorias circunscritas a los fondos europeos debido a la imposibilidad de terminar en tiempo los proyectos que se pusieron sobre la mesa en 2020 y que se han ido reajustando una vez se aterrizan las expectativas.

Según el portal web del Plan de Recuperación, quedan abiertas más de 120 convocatorias, si bien una parte importante son ayudas recurrentes, que estarán abierta hasta el fin como los bonos sociales a la conectividad o las ayudas del Perte de Descarbonización, que están lejos de agotarse.

También hay otras ayudas como la última ronda de subvenciones al 5G rural a las que se convocó a los operadores, pero que parece improbable que salga con fondos del Plan de Recuperación.

El flanco que está más activo es el de la inversión de los recursos públicos destinados a entidades para que inviertan directamente en empresas y fondos de inversión con la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) como principal protagonista. La entidad tiene previsto cerrar en estos 15 días que quedan de mes de junio más de una decena de inversiones, varias de ellas pendientes de recibir aprobación del Consejo de Ministros. En el caso de esta institución, los fondos son ejecutables hasta el 30 de junio, lo que también ocurre con otros dos fondos gestionados por Cofides como Foco y el Fondo de Inversión Social (FIS), que tenían 2.000 y 400 millones de año en fondos Next Generation asignados.