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Las patronales, los sindicatos y el resto de organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo Económico y Social (CES) han advertido conjuntamente en su memoria de 2025, presentada este miércoles, que el robusto crecimiento de la economía española no se ha traducido en los últimos años en una mejora del bienestar social debido principalmente a dos problemas: la vivienda y el coste de la vida.
"Aquel puente que existía entre crecimiento y bienestar se ha roto, principalmente por dos motivos: uno es la vivienda, que se come, viendo los datos de precios de alquiler y de compra, toda la mejora de los salarios reales y del empleo. El otro es el coste de la vida, especialmente de aquellos bienes y servicios que han quedado congelados arriba tras la etapa anterior de inflación y que no bajan", ha explicado en rueda de prensa Antón Costas, presidente del CES, quien ha apuntado que "probablemente en muchos mercados de bienes y servicios tenemos un problema de competencia", una idea que no figura en la Memoria.
Respecto al primero de ellos, la vivienda, "un agujero negro", Costas ha alertado de que si no se consigue avanzar en la flexibilización de la regulación para tener suelo disponible y licencias de forma más rápida, es muy difícil que aumente la oferta de vivienda, aunque a corto plazo ha mencionado algunas "medidas paliativas" que podrían mejorar la situación. Entre ellas ha señalado las incluidas en el decreto ley de precios en zonas tensionadas o el avance en el parque público de vivienda social en alquiler, que en los últimos años ha alcanzado las 20.000 viviendas.
"Es un problema de intensidad excepcional, nos ha cogido a todos sin preparar. Lo único bueno es que como novedad ahora hay una mayor concienciación política de que esto es un reto fundamental", ha apuntado.
Ha destacado también que existe a nivel internacional una relación directa entre la edad de emancipación de los jóvenes y el nivel de innovación de un país, de modo que cuanto antes se independizan los jóvenes de un país, más innovador es este. "El retraso en la emancipación de los jóvenes españoles, derivado, en parte, de la dificultad de acceso a la vivienda, es un obstáculo formidable a la innovación y el dinamismo económico de nuestro país", ha alertado.
El segundo de los problemas que dificulta que el alza del PIB se traduzca en una mayor prosperidad es el coste de la vida, pero es más difícil encontrar medidas que puedan solucionarlo.
El CES sugiere ayudar a aquellas familias que sufren de una manera más directa el incremento de algunos precios, ya que las medidas deben ser "selectivas y dirigidas más específicamente a aquellos sectores y familias que sufren de manera más intensa ese efecto".
"Mi propia reflexión personal va en la línea de que hay que abordar problemas de competencia que existen en algunos mercados de bienes y servicios", ha señalado Costas, que no ha querido precisar a qué sectores se refiere.
Uno de los asuntos que más preocupa tradicionalmente al CES es la elevada tasa de pobreza infantil, que consideran "una lacra" para un país democrático y desarrollado como España.
En este sentido, todos sus miembros coinciden en que sería necesaria una nueva prestación universal por crianza para todas las familias que tengan hijos. "España presenta unas tasas de pobreza infantil anómalas para su nivel de vida, lo que hace urgente reforzar las políticas públicas en materia de garantías de renta, incluyendo, entre otras, la introducción de una prestación universal por crianza", recoge la Memoria.
Antón Costas ha recordado el refrán de que "los niños vienen con una barra de pan debajo del brazo" y ha reivindicado que debería ser así en todos los casos, en forma de prestación y universal e independiente del nivel de renta.
Los miembros del CES no han llegado a un acuerdo sobre la edad hasta la que debería extenderse esta prestación, siendo algunos partidarios de aplicarla de 0 a 6 años y otros de 0 a 12, pero sí están todos de acuerdo en que debería implantarse.
Respecto a la forma -que tendría que decidir el Gobierno-, podría ser una prestación directa o podría articularse como un impuesto negativo sobre la renta. "Ya existe pero sólo beneficia a las familias con bases imponibles que les permiten beneficarse de las deducciones por hijos. Las familias que tienen niveles de renta superiores no se benefician de una prestación", ha precisado.
A la vista de las dificultades administativas que ha tenido una prestación como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que no llega a todos sus potenciales beneficiarios, Costas cree que explotar esta vía en el IRPF sería más interesante.
"No es posible erradicar la pobreza infantil en España, una lacra impropia de un país como el nuestro, sin la introducción de una prestación universal. Después ya veremos si de 0 a 6 años o de 0 a 12", ha concluido.
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