Entre las actuaciones ya iniciadas hay requerimientos a bancos, despachos de abogados y empresas relacionadas con la selección española de fútbol y el Mundial de 2026
Paneles solares en un parque fotovoltaico
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Se despeja el camino para que el Tribunal estadounidense del distrito de Columbia realice nuevas actuaciones de ejecución e incautación de activos contra el Reino de España por parte de los acreedores de los laudos por el recorte a las renovables. En concreto, han ampliado la autorización de embargos por valor de 41 millones de euros adicionales.
Enmarcado en el denominado Caso InfraRed, uno de los arbitrajes internacionales derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables en una resolución firmada el pasado 12 de mayo, el tribunal permite iniciar procedimientos de ejecución forzosa y registrar la sentencia en otros distritos federales estadounidenses para tratar de localizar activos españoles susceptibles de embargo, indicaron en fuentes de los fondos acreedores a Europa Press.
Este caso corresponde al arbitraje impulsado por InfraRed Environmental Infrastructure, representada en este caso por Blasket Renewable Investments. El tribunal arbitral del Ciadi concluyó que España vulneró sus obligaciones bajo el Tratado de la Carta de la Energía y concedió inicialmente una indemnización de 28,2 millones de euros. Sin embargo, la prolongación del litigio, los intereses acumulados y las costas judiciales han elevado ya la cuantía reconocida por la justicia estadounidense hasta 47,6 millones de dólares (unos 41 millones de euros al cambio).
En su decisión, el juez rechaza la petición de España de suspender las medidas de ejecución y considera que mantener paralizado el cobro "pondría en peligro" las posibilidades de recuperación de los acreedores, especialmente teniendo en cuenta que existen numerosos laudos pendientes contra el Estado español y un número limitado de activos potencialmente embargables en Estados Unidos, añadieron las mismas fuentes.
Además, la corte también permite registrar la sentencia en otros tribunales federales fuera de Washington D.C., al considerar acreditado que España podría tener activos en distintas jurisdicciones estadounidenses.
Asimismo, el tribunal confirma que podrán continuar las labores de descubrimiento de activos y obtención de información financiera sobre propiedades españolas en Estados Unidos. Y entre las actuaciones ya iniciadas figuran requerimientos dirigidos a bancos, despachos de abogados y empresas relacionadas con la selección española de fútbol y el Mundial de 2026.
A este respecto, fuentes de los acreedores destacaron que el juez recuerda además que España no ha dado pasos efectivos para pagar el laudo y señala que, aunque el Gobierno argumenta que la normativa comunitaria dificulta dichos pagos, no ha acreditado haber solicitado formalmente autorización a la Comisión Europea ni haber activado otros mecanismos para tratar de cumplir con la sentencia.