Los precios en España son hoy un 3,2% más altos en media que el año pasado, un incremento que lleva la inflación acumulada desde la pandemia a rozar el 25%, según el Instituto Nacional de Estadística, y que supera al 3% de subida media de los salarios en lo que va de año, lo que se traduce en una pérdida inmediata de poder adquisitivo para los trabajadores.

Según recoge la Estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo, publicada esta semana, los sueldos en el país están subiendo por debajo de la inflación: sólo tres de cada diez (un 28,9%) han pactado con su empresa un incremento de sueldo superior al 3%, en línea con el alza de los precios, mientras que el 70% restante se sitúa por debajo, habiendo trabajadores para los que ni siquiera se producen incrementos salariales y cuya situación es especialmente preocupante.

A menos que en los próximos meses se acelere el incremento de sueldos pactados, los empleados del país experimentarán este ejercicio una pérdida de poder de compra, ya que la inflación seguirá acelerándose en los próximos meses, avivada también por la retirada de algunas medidas de alivio.

BBVA Research, por ejemplo, estima que la inflación general podría incrementarse hasta el 3,6% o el 3,7% en junio y que en el conjunto del año estará en media en el 3,8%, un punto por encima del nivel del año pasado y su cota más alta en 18 años sin contar 2022, cuando se alcanzó un nivel histórico por la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Cuando arrancó 2026 nadie podía esperar que se produjera una aceleración en la inflación como finalmente se está produciendo con motivo de la guerra en Irán, el conflicto en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Se trata de un escenario sobrevenido que ha generado subidas de los precios a nivel mundial, empezando por los productos energéticos y propagándose paulatinamente a otros bienes y servicios, como los alimentos, ya de por sí afectados en el caso de los frescos por la disrupción en la cadena de suministros de los fertilizantes.

Los datos del INE de este viernes demuestran que el transporte es el grupo de bienes que más se ha encarecido -sube un 7,4% en mayo frente al mismo mes del año pasado, debido al alza de carburantes como el gasóleo (+23,9% interanual) o la gasolina (+7,5%) y a pesar de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno-. Los alimentos y bebidas no alcohólicas, por su parte, suben un 2,2%, con algunos productos exhibiendo incrementos de doble dígito como los huevos (+14%), el pescado (10%) o las legumbres (16%).

Con todo, los servicios son los que más está sorprendiendo al alza, con un incremento promedio del 4,1%, sustentando en una subida de precios del 4,8% en los restaurantes y servicios de alojamiento o del 4,6% en los seguros y servicios financieros. Este grupo es, de hecho, el principal responsable del diferencial de inflación con la Unión Europea, que se sitúa en 0,4 puntos, por encima del histórico del 0,3, lo que restacompetitividad a nuestra economía.

Falta de guía de los agentes sociales

Uno de los factores que influye directamente en la pérdida de poder de compra de los empleados en España es el retardo que se produce desde que se genera un pico de inflación y hasta que es recogido en los convenios colectivos, un mal que tras la pandemia contribuyó al empobrecimiento de la clase trabajadora.

Después de varios años hasta el estallido de la crisis financiera en que los salarios crecían por encima de los precios, desde 2011 y hasta la pandemia los sueldos perdieron poder de compra o apenas superaron la inflación, salvo en los años de deflación que sirvieron para ayudar a recuperarse a las familias.

En 2020, la inflación promedio fue del -0,3%, debido a la contracción del PIB y el hundimiento del consumo, pero la salida de esa crisis con un desacoplamiento entre la oferta y la demanda despertó las tensiones inflacionistas en 2021, lo que dejó el IPC promedio de ese año en el 3,1% frente a una subida salarial media del 1,7% ese año. El problema se agravó en 2022, con la guerra de Ucrania, que llevó la inflación en España al récord del 8,4%, mientras los salarios volvían a crecer tan sólo un 1,7%.

La situación era tan insostenible que los agentes sociales consiguieron en 2023 firmar el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que sirve de guía para empresas y trabajadores a la hora de negociar sus convenios y que aconsejaba incrementos salariales superiores a los de años anteriores, entre el 3% y el 4%, para los años 2023, 2024 y 2025.

Esto ha permitido que en los últimos años los salarios recuperaran parte del poder adquisitivo perdido, pero la inflación inesperada de este año y la falta de un nuevo AENC aplicable a 2026 complican la situación de los trabajadores para este ejercicio.

UGT defendió este viernes que el próximo AENC incorpore una aumento salarial mínimo del 4% para cada uno de los años del periodo 2026-2028, "complementada con mecanismos que permitan aumentos salariales de hasta un 3% adicional a ese 4 en aquellos sectores o empresas en los que exista una brecha relevante -de un 10%, un 20% o un 30%- entre los salarios de convenio y el salario medio de la economía".

Pese a que esas son sus propuestas, el diálogo social se mantiene parado y los sindicatos no ejercen presión, ni en público ni en privado, para que la patronal se siente a negociar un nuevo Acuerdo.