La creación de un impuesto 'ad hoc' por la guerra en Irán no corrige anomalías; es una confiscación adicional sobre ganancias ya gravadas.
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Los Gobiernos de España, Alemania e Italia han decidido retomar la senda del populismo tributario. Bajo el eufemismo de la "distribución justa de la carga", proponen gravar a las compañías energéticas mediante un impuesto especial. El pretexto es impedir que obtengan ganancias excesivas derivadas del aumento de los precios del gas y del petróleo causado por la guerra en Irán. Esta iniciativa constituye un caso de libro de doble imposición y una ruptura flagrante de la seguridad jurídica. En España, el sector energético es uno de los mayores contribuyentes a las arcas públicas y soporta una carga fiscal asfixiante: IVA, impuestos especiales sobre hidrocarburos y el de sociedades. Si las empresas ganan más debido al alza de las materias primas, su factura fiscal se incrementa de manera automática a través de los mecanismos fiscales existentes. La creación de una figura ad hoc no busca corregir ninguna anomalía, sino ejecutar una confiscación adicional sobre ganancias ya debidamente gravadas.
Aquí y ahora, ese expolio tributario no es un ejercicio de justicia ni de reparto de los costes de la crisis; es una expropiación de las rentas legítimas que castiga a quienes mantienen el suministro de energía en un entorno hostil. El manido concepto de "beneficio extraordinario" carece de significado económico, de la misma manera que el de "pérdida extraordinaria". Si se asume que el Estado tiene derecho a confiscar aquel cuando las condiciones externas lo elevan, debería aceptarse, conforme a la misma lógica, que compensara a las energéticas con transferencias directas cuando los precios colapsan y pierden dinero por razones inesperadas. Semejante pretensión es aberrante y supone una perversión y un desconocimiento de las reglas básicas de lo que es una empresa y una economía de mercado. Pero ahí no termina la historia.
Un gravamen especial sobre las compañías energéticas drena su capacidad de autofinanciación. En un sector de alta intensidad de capital, la relación entre beneficios retenidos e inversión es directa: cada euro detraído arbitrariamente de su cuenta de resultados es un euro menos destinado a la exploración, al refino o a la mejora de unas infraestructuras críticas, que ya operan al límite de su capacidad. Sin embargo, el daño más profundo no es solo contable, sino de expectativas. Al introducir un sesgo de inseguridad jurídica y reducir la rentabilidad esperada de los proyectos, el Estado eleva artificialmente el coste del capital. Esto condena a la parálisis a inversiones milmillonarias que, por su propia naturaleza, requieren horizontes de amortización de décadas y una estabilidad normativa que el populismo fiscal dinamita. Pretender resolver una crisis de precios, que es, en esencia, una crisis de escasez, encareciendo y ahuyentando el capital de quienes tienen la capacidad técnica de producir y suministrar energía no es solo un contrasentido técnico; es una forma de realismo fantástico.
Por otro lado, la retórica oficial según la cual el impuestazo recorta los beneficios de las empresas y, en consecuencia, reduce las presiones inflacionistas es una falacia. La dinámica de precios responde fundamentalmente a desequilibrios entre oferta y demanda y no a un aumento de los márgenes empresariales. El alza de los hidrocarburos no genera inflación, sino una alteración de los precios relativos. Si el combustible se encarece, los agentes se ven obligados a detraer gasto de otros bienes, lo que en un mercado libre presionaría a la baja el resto de los precios. Para que se desate una inflación generalizada es condición necesaria que los bancos centrales intenten neutralizar ese proceso de ajuste mediante una expansión monetaria irresponsable. Dicho esto, los shocks de oferta no se abordan con subidas de impuestos, sino permitiendo al sistema de precios hacer su trabajo (Hansen, N-J., Toscani, F., & Zhou, J. Euro Area Inflation after the Pandemic and Energy Shock: Import Prices, Profits and Wages. IMF Working Paper, WP/23/131, 2003).
Pero esta ofensiva fiscal descansa también sobre una segunda falacia: la idea de que con el impuestazo sólo pierde el gran capital. Pues bien, las grandes compañías energéticas tienen cientos de miles de accionistas no institucionales ni megarricos; pequeños ahorradores, jubilados y familias que han depositado sus ahorros en estos valores en busca de una rentabilidad estable y previsible. Al hachazo fiscal a la empresa le sigue un hachazo al dividendo de esos ahorradores medios y al valor de sus títulos en el mercado bursátil. Al final es el ciudadano de a pie quien sufre por partida doble: como ahorrador ve mermado su patrimonio y como consumidor terminará por sufrir la falta de inversión en forma de precios más altos y peores servicios producida por el impuestazo.
La historia es implacable: no existe ni un solo caso en que la persecución fiscal de los sectores productivos haya beneficiado a los ciudadanos y, en concreto, a las clases medias y bajas. Para lograr ese objetivo se necesita más mercado y menos intervención; más seguridad jurídica y menos demagogia. Que el Gobierno español promueva el impuestazo era previsible, que se le sumen el alemán y el italiano es lamentable. El supuesto reparto de la crisis no es más que la máscara de una clase política miope e irresponsable.
*Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket.