La nueva deuda neta del presupuesto federal alcanzará en 2027 los 110.800 millones de euros y escalará hasta 152.700 millones en 2030
La ministra alemana de salud, Nina Warken, junto al canciller alemán Friedrich Merz.AP
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La coalición de Gobierno alemana dirigida por el conservador Friedrich Merz aprobó este miércoles las líneas maestras del presupuesto para 2027 y la planificación financiera hasta 2030, un marco que confirma un giro estructural en la política económica alemana: más deuda, más gasto en defensa y una presión creciente sobre el Estado del bienestar.
La nueva deuda neta del presupuesto federal alcanzará en 2027 los 110.800 millones de euros y escalará hasta 152.700 millones en 2030. Si se suman los créditos de los fondos especiales financiados con deuda, el endeudamiento total previsto asciende ya a 196.500 millones de euros en 2027, lo que sitúa el volumen de nueva deuda entre los más elevados de la historia reciente de la República Federal, solo superado por los niveles excepcionales alcanzados durante la pandemia.
El aumento del gasto es sostenido —de 543.300 millones de euros en 2027 a 625.100 millones en 2030—, pero su distribución revela un cambio de prioridades. Mientras el gasto en defensa seguirá ganando peso hasta alcanzar unos 180.000 millones de euros en 2030 y representará el 3,1% del producto interior bruto ya en 2027, el ajuste se desplaza hacia otras áreas, especialmente el ámbito social y sanitario.
Para 2027 se contemplan recortes aún no plenamente cuantificados, junto a la introducción de nuevas figuras fiscales, como impuestos al plástico y al azúcar. Aun así, la planificación financiera arrastra un desfase de alrededor de 140.000 millones de euros hasta 2030. Al mismo tiempo, el coste de la deuda se dispara: el pago de intereses prácticamente se duplicará, pasando de 42.700 millones de euros en 2027 a 78.700 millones en 2030. Para entonces, uno de cada ocho euros del presupuesto federal se destinará a cubrir esa carga financiera.
Detrás de este equilibrio inestable se ha producido un enfrentamiento político de última hora dentro de la coalición. El Partido Socialdemócrata de Alemania ha tratado de evitar aparecer como el responsable directo de los recortes sociales, consciente del coste electoral que implicaría en un contexto de creciente presión sobre el modelo de bienestar. La magnitud del endeudamiento, inicialmente controvertida, terminó por desactivarse como foco de conflicto tras una negociación final en la que se suavizaron o retiraron algunas de las medidas con mayor impacto social, como la reducción del subsidio por enfermedad, el endurecimiento del aseguramiento familiar o el aumento de las cargas para los cónyuges coasegurados.
Esa tensión se refleja especialmente en la reforma del sistema público de seguros sanitarios, aprobada también este miércoles y considerada uno de los proyectos clave de política interior. El ahorro previsto se ha reducido de 19.600 a 16.300 millones de euros, tras eliminar medidas especialmente controvertidas. Asimismo, el recargo para los cónyuges coasegurados sin cotización se rebaja del 3,5% al 2,5%.
Como novedad, el Ejecutivo prevé introducir el mencionado impuesto al azúcar a partir de 2028, con el objetivo de recaudar unos 450 millones de euros anuales para aliviar las finanzas del sistema sanitario público.
El resultado es un presupuesto que refleja una transición aún incompleta. Alemania acepta aumentar de forma significativa su endeudamiento para financiar inversión y defensa, pero no ha resuelto cómo repartir el coste político del ajuste que ese giro implica. El gasto crece, pero lo hace de forma desigual: mientras algunas partidas se expanden, otras —las más sensibles desde el punto de vista social— quedan sometidas a una presión creciente.