Los arrestados hacían publicidad de sus productos en redes sociales e internet y hacían reuniones para captar a clientes
Un agentes con dinero incautado a los detenidos.
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La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a estafar a decenas de inversores mediante falsas inversiones en criptomonedas. La operación se ha saldado con 23 detenidos en la Comunidad de Madrid, Guadalajara y Barcelona, acusados de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La investigación ha permitido identificar a 121 perjudicados que acumulan pérdidas cercanas a los 288.000 euros, según fuentes policiales. Los arrestados captaban a sus víctimas prometiendo elevadas rentabilidades a través de inversiones en criptomonedas y utilizando para ello la plataforma de comercio Tofro, que figura en las alertas de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) como una posible operación fraudulenta relacionada con criptoactivos.
El entramado utilizaba un sistema piramidal conocido como esquema Ponzi. Los captadores localizaban a personas interesadas en obtener altos beneficios mediante inversiones digitales y campañas en redes sociales y las convencían a través de reuniones presenciales, llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería. Una vez ganada su confianza, les instaban a realizar transferencias bancarias o a adquirir criptomonedas que posteriormente quedaban bajo el control de la organización.
Según la Policía, uno de los elementos clave del fraude consistía en entregar inicialmente pequeñas cantidades de dinero a algunos inversores. Estas devoluciones parciales actuaban como cebo y generaban una falsa sensación de solvencia, animando a las víctimas a aumentar progresivamente sus aportaciones e incluso a captar nuevos clientes entre familiares y conocidos.
Falsa rentabilidad
Para reforzar la apariencia de legalidad, la organización disponía de oficinas abiertas al público, imagen corporativa, personal uniformado y una aplicación móvil que simulaba el funcionamiento de una entidad de inversión legítima. Todo ello contribuía a transmitir confianza y a ocultar el carácter fraudulento de la actividad.
Las pesquisas revelaron además un complejo sistema de movimientos financieros destinado a dificultar el rastreo del dinero. Los fondos eran distribuidos entre numerosas cuentas bancarias controladas por miembros de la red y una parte importante se transformaba en criptomonedas que eran transferidas a través de múltiples carteras digitales para ocultar su origen.
Durante la operación, los agentes practicaron cinco registros, tres de ellos en Madrid, uno en Torrejón del Rey (Guadalajara) y otro en Rubí (Barcelona). En los inmuebles intervenidos se incautaron cerca de 15.000 euros en efectivo, más de una veintena de teléfonos móviles, tres ordenadores portátiles y un vehículo. Además, fueron bloqueadas 38 cuentas bancarias con un saldo próximo a los 75.000 euros.