Ayuso buscará acuerdos con otras regiones para universitarios que llegan a la capital, como ocurre con Castilla-La Mancha y Castilla y León
Ayuso, ayer en una visita al Centro de Transfusiones.CM
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El contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90 % del transporte público. Lo utilice o no». Sobre esta piedra construye Isabel Díaz Ayuso el argumentario que blinda la medida más cuestionada de los últimos tiempos en la Comunidad de Madrid: desde ahora es necesario estar empadronado para usar el abono transporte mensual. Una decisión que mientras el Partido Popular justifica con la legislación y los datos en la mano, se usa por el resto de partidos, al completo, como ariete contra Ayuso. «Se disfraza de Vox», dicen precisamente en Vox, algo que comparte también la izquierda, aunque los de Santiago Abascal aún consideran «insuficiente» esta medida y siguen apretando a la presidenta regional con su discurso sobre la inmigración.
Se trata del último capítulo de la particular guerra que Sol mantiene abierta con el Gobierno central a cuenta de la regularización «masiva» de inmigrantes. La Comunidad ya denunció cómo las oficinas de Metro se han llenado en las últimas semanas en busca de documentación que justifique la temporalidad exigida para acceder a la regularización. Desde ayer, no obstante, Ayuso va un paso más allá al restringir a ciudadanos empadronados en municipios de la región la obtención de la tarjeta.
Un abono que a día de hoy reina en la movilidad urbana de la capital y cuyas nuevas condiciones, según la Comunidad, apenas influirá en su expedición, ya que sólo afectará a un 3,4% de los usuarios, según los cálculos de la Administración territorial, donde se acogen a la legislación autonómica -en concreto, a la Ley del Consorcio Regional de Transportes, de 2011- para defender su posición: las bonificaciones financiadas con recursos públicos deben destinarse a los residentes madrileños. Con la medida, defienden en los pasillos de la Comunidad, se pone fin a una «anomalía» de tres lustros, ya que no se estaba cumpliendo a rajatabla las exigencias de la normativa autonómica.
Aún así, la polémica generada en torno a esta decisión ha llevado a la presidenta regional a flexibilizar en las últimas horas la medida. Ayuso anunció ayer que la Comunidad alcanzará acuerdos con «el resto» de comunidades autónomas para, igual que con Castilla-La Mancha y Castilla y León, los estudiantes universitarios procedentes de otros puntos de España puedan beneficiarse del abono joven y otras bonificaciones.
Es de hecho esto, el abanico de subvenciones que ofrece el Consorcio Regional de Transportes (CRTM), sobre lo que se escuda la Comunidad ante las críticas que recibe del resto de partidos por «quitar derechos» a la ciudadanía y «cerrar» una región conocida precisamente por su espíritu de acogida y puertas abiertas, una seña de identidad de la que presume tanto la Administración regional como todos los partidos que componen el arco parlamentario en la Asamblea.
La medida ha generado una fuerte contestación política desde la oposición de izquierdas. La portavoz regional de Más Madrid, Manuela Bergerot, calificó la decisión como una «prioridad nacional de tapadillo» y afirmó que «Ayuso no necesita a Vox para complicarle la vida a la gente y quitar derechos con trabas burocráticas». El grupo parlamentario ha registrado una PNL para exigir la retirada inmediata de la restricción. Desde el PSOE-M, su secretario general, Óscar López, también reclamó la derogación de la medida:Ayuso, dijo, «sólo gobierna para hacerle más complicada la vida a la gente, cebándose siempre con los más vulnerables».