Moreno, primer educador social en ocupar el cargo de consejero de Derechos Sociales, era el 'número dos' del Departamento
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en su comparecencia en el PalauJORDI BEDMAR
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Aunque se había especulado con una posible crisis de Gobierno el próximo otoño, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cierra el curso político con un movimiento por sorpresa en una de las consejerías más señaladas de su Gabinete, la de Derechos Sociales e Inclusión, marcada por los reiterados escándalos en la DGAIA, el servicio autonómico de atención a menores y jóvenes ex tutelados.
La consejera Mònica Martínez Bravo será relevada en las próximas horas por Raúl Moreno al frente del Departamento, tal y como ha anunciado el propio jefe del Govern en una comparecencia institucional desde el Palau de la Generalitat, convocada de urgencia.
Moreno, el primer educador social que asume esta cartera, ocupaba el cargo de secretario general de la conselleria y anteriormente había sido teniente de Alcaldía de Bienestar Social y Familias en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
Raúl Moreno y Mònica Martínez Bravo en el Parlament.PARLAMENT DE CATALUNYA
Según ha avanzado El Periódico de Catalunya, Martínez Bravo deja el cargo por motivos personales. Illa ha agradecido los servicos prestados por la consellera en los dos años de legislatura.
"Ser consellera ha sido el honor más grande de mi vida. La vocación de servicio público y haber visto cómo se puede mejorar la vida de la gente son una fuerza que me acompañará siempre. Ahora seguiré con la misma convicción, pero desde un ámbito diferente, contribuyendo desde la ciencia económica y el debate de las ideas", ha expresado Martínez Bravo a través de las redes sociales.
En estos dos años, la hasta ahora consejera del Govern del PSC ha recibido numerosas críticas por parte de algunos grupos de la oposición, que la han acusado de obstaculizar las investigaciones de distintos organismos sobre la gestión en el Departamento durante la última década, en la que estuvo, la mayor parte del tiempo, en manos de Esquerra Republicana, el principal socio parlamentario de los socialistas desde la investidura.
El Parlament en una comisión sectorial, la Oficina Antifraude, la Sindicatura de Cuentas y el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo autonómico) han abierto distintas investigaciones para fiscalizar los pagos irregulares detectados en la antigua DGAIA (renombrada hace un año como DGPPIA tras destaparse los escándalos) a entidades privadas por plazas fantasma, es decir, por las que la Generalitat pagaba pese a estar sin ocupar.