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Tras las numerosas escenas de confusión que ha dejado el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, el Gobierno encara ahora la fase de marcar y evaluar los objetivos de integración que pretende alcanzar para el año 2030. Y todo ello tras ser señalado por lo que muchos han descrito como un trámite improvisado y que se clausuró con un volumen de solicitudes que ascendió a 1.174.978, el doble de lo previsto.
Ahora, tras la avalancha de registros, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030 con el que fija diez objetivos medibles para así evaluar la integración de la población extranjera en ámbitos como el empleo, la educación o la vivienda.
71 páginas entre las que, analizando esas diez metas que el propio Ejecutivo pretende cumplir, destaca la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE). El plan prevé que, de cara al cambio de lustro, el 41,9% de los inmigrantes va a seguir en esta situación, rebajando tan solo 1,7 puntos respecto al 2024. El propio Gobierno asume de esta manera que, incluso cumpliéndose las metas que propone la cartera liderada por Elma Saiz, más de cuatro de cada diez inmigrantes seguirán en situación de vulnerabilidad.
Además de esto, se proyecta una mínima mejora en el dominio del castellano al estimar que la población extranjera con un nivel alto o intermedio, pasará del43% al 46%. Una cifra que, mirando más allá del propio dato, refleja que la propia meta marcada por el Gobierno continuará nueve puntos por debajo de la media europea, que alcanza el 55%.
El plan del Gobierno de Pedro Sánchez parte de un diagnóstico marcadamente favorable de la inmigración. Desde el Ministerio sostienen que España debe afrontar el incremento de la población extranjera, no como una amenaza o algo desestabilizador, sino como una oportunidad para el crecimiento económico y la sostenibilidad del Estado de Bienestar. "La inmigración es clave para mantener una economía dinámica y abierta a la innovación", afirma el informe, que también atribuye a la llegada de trabajadores extranjeros un papel fundamental para luchar contra el envejecimiento de la población y combatir la despoblación en las zonas rurales.
Sin embargo, ese planteamiento convive con un diagnóstico mucho menos optimista sobre el grado de integración de los inmigrantes. El propio Ministerio reconoce los "obstáculos burocráticos e idiomáticos", además de que "afrontan una desventaja estructural en el mercado de trabajo", con una tasa de desempleo superior a la de los españoles y una brecha salarial del 25%. También señala que las rentas disponibles de la población extracomunitaria son un 44% inferiores y que el riesgo de pobreza duplica al de los nativos.
Pero, pese a todos estos objetivos que el propio Ejecutivo pretende convertir en realidad, el escenario de cara al 2030 sigue siendo el de cerca de la mitad de la población extranjera en riesgo de exclusión social y de pobreza y el de una España situada detrás de la media de Europa en términos de integración lingüística. Son, precisamente, esos indicadores los que el Ministerio utilizará para evaluar el grado de cumplimiento del plan y, por tanto, el alcance de su política de integración.
El documento parte de la premisa de que la inmigración será uno de los principales motores para afrontar el envejecimiento de la población, sostener el mercado laboral y garantizar el relevo generacional en los próximos años. Sin embargo, el horizonte que dibuja para el final de la década refleja que esa aportación económica y demográfica no irá necesariamente acompañada de una convergencia rápida en los principales indicadores sociales.
El propio Ejecutivo reconoce que las brechas detectadas en ámbitos como la pobreza, el acceso al empleo, la vivienda o el aprendizaje del idioma persistirán, aunque con una evolución gradual, al término de la vigencia del plan. En otras palabras, el Gobierno plantea la integración como un proceso a largo plazo cuyos resultados, según sus propias previsiones, seguirán siendo parciales dentro de cinco años.
Un horizonte en el que la inmigración seguirá ocupando un lugar central en la estrategia económica y demográfica del Ejecutivo, pero en el que también continuará conviviendo con elevados niveles de vulnerabilidad social y con una integración que, según las propias previsiones del Ministerio, permanecerá por debajo de la media europea.
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