El primer cruce
Lo m�s abracadabrante no es que niegue los delitos que se imputan a Bego�a G�mez, sino que considere que su conducta es irreprochable. Esta negaci�n en bloque le resta credibilidad y revela que su prioridad es salvar a la persona
El ministro de Justicia, F�lix Bola�os.EFE
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Una cosa es el derecho del ministro Bola�os a tener una opini�n, y otra su legitimidad institucional para expresarla. El ministro puede creer que el auto del juez Peinado es aberrante, e incluso que lo motivan oscuros intereses. Pero hasta quienes comparten esta tesis entender�n que el ministro de Justicia no es un comentarista m�s, y que su deber como miembro del Ejecutivo es respetar, tambi�n en las formas, la independencia judicial. Al ministro de Justicia no le corresponde desautorizar a un magistrado ni quejarse ante el CGPJ, como no corresponde al ministro de Deportes arremeter contra un �rbitro ni solicitar su sanci�n al CTA. Y menos por pitarle un penalti en contra al equipo de su jefe.
Pero concedamos, a efectos dial�cticos, la tesis del ministro y su derecho a expresarla. Se plantea entonces otra cuesti�n inc�moda: si en Espa�a existen jueces que se extralimitan (y ser�a estad�sticamente extravagante que los �nicos fueran aquellos que investigan al entorno del presidente), cabe preguntarse por el criterio del ministro para erigirse en juez de jueces. �Act�a con la misma diligencia en todos los casos? �Remite escritos al CGPJ cada vez que un ciudadano an�nimo es objeto de una instrucci�n desali�ada? Como no es as�, el problema deja de ser la conducta de un juez en cuesti�n y pasa a ser la del propio ministro: no hace una defensa abstracta del Estado de derecho, sino una intervenci�n selectiva en beneficio de una particular.
Su sesgo se aprecia tambi�n en la forma en que defiende a Bego�a G�mez. Para convencernos de su inocencia, le recomiendo que comience por reconocer que su conducta no fue precisamente ejemplar. Si admitiera que determinados comportamientos de G�mez fueron impropios, pero no delictivos, ser�a m�s natural defender que el derecho penal no es el instrumento adecuado para sancionarlos. Desde el punto de vista racional, lo m�s abracadabrante no es que niegue los delitos que se imputan a Bego�a G�mez, sino que considere que su conducta es irreprochable. Esta negaci�n en bloque le resta credibilidad y revela que su prioridad no es evaluar los hechos, sino salvar a la persona, aun a costa de enfangar la administraci�n de justicia por cuya reputaci�n deber�a velar.
Con cada intervenci�n de un ministro sobre el caso Bego�a G�mez la paradoja se hace m�s evidente. Insisten en que no existe tr�fico de influencias mientras proyectan la imagen de un poder ejecutivo movilizado en defensa de una ciudadana cuya �nica particularidad es ser la esposa del presidente del Gobierno.