El Gobierno está preocupado por los efectos dañinos que está teniendo la pornografía entre los menores de edad. Pero la herramienta que ha diseñado para reducir su consumo, el sistema de verificación de edad, se pondrá en marcha con al menos dos años de retraso. Los trabajos técnicos de esta aplicación, integrada en la Cartera Digital Beta y conocida popularmente como pajaporte, han concluido un año más tarde de lo previsto. Además, España se ha sumado al proyecto de la UE para ofrecer una solución similar en los países comunitarios y eso demorará que este método de identificación digital llegue a los ciudadanos. No será hasta por lo menos 2026 cuando se termine el proyecto piloto de la CE y pueda generalizarse su uso.
Fuentes del Ministerio de Transformación Digital, que dirige Óscar López, explican que la aplicación ya «está desarrollada» y que «ningún otro país europeo va tan avanzado» como España, pero que el deseo del Gobierno es «ir de la mano de la UE».
No era esa la intención del predecesor de Óscar López, José Luis Escrivá, cuando en julio de 2024 anunció que, con la publicación de las especificaciones técnicas, había culminado la fase del diseño de la herramienta y que la fase de desarrollo duraría «algo más de dos meses, de forma que esté disponible para todos los ciudadanos al final del verano», anticipándose España así al resto de países.
El reglamento europeo eIDAS 2 establece la obligatoriedad por parte de las plataformas de contenidos de aceptar el uso de carteras europeas de identidad digital como muy tarde en octubre de 2027. Pero España quería dar una solución antes, «con la mayor celeridad», por los «preocupantes» datos que le llegaban sobre el acceso de menores a contenidos para adultos y «sus posibles consecuencias».
El Gobierno ya no tiene tanta prisa pero sigue preocupado. Precisamente Óscar López estuvo ayer, junto al presidente Pedro Sánchez y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la presentación de la investigación sobre los efectos de las pantallas más ambiciosa que se ha realizado en España hasta la fecha, con una muestra de cerca de 100.000 niños y adolescentes.
Este estudio, en cuya elaboración ha participado Red.es, entidad dependiente del propio Ministerio de Óscar López, reclama mecanismos de verificación de edad «efectivos» y advierte de que un 8% de alumnado estaría haciendo un consumo problemático de pornografía, que podría tener «consecuencias psicosociales relevantes, como el aumento de sentimientos de culpa o malestar, la afectación de la autoestima y la dificultad para establecer relaciones afectivas equilibradas», además de «limitar» el desarrollo de la sexualidad.
La investigación, realizada también por Unicef, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática, deja entrever que el problema exige una solución urgente porque un tercio de los casi 100.000 entrevistados consume pornografía diaria, semanal u ocasionalmente y el 73% admite que le resulta bastante fácil o muy fácil acceder a estos contenidos para adultos.
El primer acceso al porno se produce, de media, a los 11,5 años, según este estudio. Los chicos son conscientes de que estos contenidos no les sientan bien: más de la mitad ve que ofrecen una imagen distorsionada del sexo, incitan a presionar a otras personas para realizar determinadas prácticas sexuales o tratan mal a las mujeres. Los investigadores alertan que estos usos problemáticos suelen estar «fuertemente asociados» con problemas de nivel emocional y una peor calidad de vida, «reflejándose en mayores niveles de ansiedad, depresión, somatización e incluso de riesgo suicida».
Ante este consumo dañino para los menores, el llamado pajaporte podría funcionar para reducirlo, al menos de forma disuasoria y en combinación con otras medidas. La herramienta, que ha dado muchos bandazos (inicialmente fue diseñada por la Agencia de Protección de Datos, pero luego se apropió de ella el Ministerio de Transformación Digital), suscita muchas dudas entre los juristas y expertos en ciberseguridad porque el hecho de tener que presentar un DNI para verificar la edad, aunque se haga de forma anónima y no quede almacenado en ninguna parte, podría «restringir el derecho a la intimidad de los adultos».
El Ministerio de Transformación Digital sostiene, sin embargo, que la aplicación «es totalmente garantista con los datos porque sólo se limita a decir si el usuario es o no mayor de edad y genera un QR para poder acceder de forma anónima».
El otro instrumento novedoso que tiene el Gobierno contra los peligros de las pantallas es el anteproyecto de Ley para la Protección de los Menores en los Entornos Digitales. Esta norma ha sufrido casi tantos contratiempos como el pajaporte, pues surgió de Sira Rego (IU) aunque finalmente se la quedó el ministro de Justicia, Félix Bolaños (PSOE). Actualmente se encuentra en el Congreso de los Diputados, donde se están produciendo una serie de comparecencias de expertos en torno a la norma. A pesar de que su tramitación es urgente, el plazo de ampliación de enmiendas se ha ampliado en una veintena de ocasiones.
La fragilidad parlamentaria del Gobierno de coalición amenaza con dejar en el aire una norma que pretende elevar de 14 a 16 años la edad para acceder a redes sociales y que obligaría a que todos los dispositivos electrónicos tengan controles parentales gratuitos instalados por defecto, entre otras medidas.
Más concienciación social
La investigación que se presentó ayer y que clausuró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la mayor que se realiza en España (con una muestra de casi 100.000 niños y adolescentes) sobre el impacto de la tecnología en los menores. Algunas preguntas de la encuesta permiten comparar la situación con un estudio anterior de 2021 y sus autores ven «cierta mejoría que refleja mayor concienciación social» en torno a los peligros de la tecnología, según explica José María Vera, director ejecutivo de Unicef España, que ha participado en la elaboración del trabajo.
Ha descendido un poco el porcentaje de menores con móvil propio (del 94% al 92%), de menores que llevan el móvil a clase (del 59% al 53%), de menores que duermen con el teléfono(del 58% al 47%) y de menores con más de un perfil en una misma red social (del 61% al 57%).
También ha bajado el sexting (del 26% al 15%), la aceptación de desconocidos en redes sociales (del 57% al 39%), la práctica de quedar en persona con gente conocida a través de internet (del 21% al 15%) y las propuestas sexuales 'online' por parte de adultos (del 9,8% al 8%). Además, más de la mitad de los encuestados (sobre todo las chicas) comienza a manifestar cierta necesidad de desconexión digital a juzgar por las respuestas de la encuesta.
«Hay que seguir muy preocupados y no se debe bajar la alerta, pero los datos reflejan que los chicos y chicas empiezan a ser conscientes de los daños, y eso se extiende al entorno familiar, educativo y regulatorio, así como al sector privado, aunque éste va muy atrás», indica Vera.
El estudio advierte, por otro lado, que a uno de cada tres adolescentes su pareja le controla el móvil o las redes sociales. Además, los investigadores han visto que las conductas de riesgo se duplican cuando los entrevistados duermen con el 'smartphone' en la habitación o ven a sus padres utilizando sus teléfonos durante las comidas.
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