Dos magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo consideran que sus compañeros de la Sección Quinta deberían haber paralizado el decreto de regularización de inmigrantes del Gobierno porque se trata, a su juicio, de una «amnistía administrativa" encubierta.
Así lo aseguran ... Wenceslao Olea y Fernando Román en un voto particular contrario a la decisión de la mayoría de desestimar la suspensión cautelar del decreto que habían solicitado, entre otros, Vox, la Comunidad de Madrid y tres asociaciones cuya legitimación para impugnar este decreto no se ha reconocido. Los dos magistrados consideran que dos disposiciones de este decreto chocan con el derecho de la Unión Europea, por lo que creen que debería haberse elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión.
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