La ciencia política contemporánea ha aprendido a analizar con gran precisión la distribución del poder y la lógica de las instituciones. Pero ha aprendido mucho menos a pensar la dimensión simbólica de la vida política. Sin embargo, sostengo que la monarquía parlamentaria sólo se entiende cuando se advierte que su peso no deriva tanto de lo que hace, sino de lo que significa como cabeza visible de un país, que se articula como tal en ese espejo.

La Constitución española lo dice con claridad extraordinaria en su artículo 56.1: El Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Es decir, antes incluso de enumerar funciones (moderar, arbitrar…), define al Rey como símbolo. Y no de cualquier cosa, sino de los dos atributos decisivos de toda comunidad política: su unidad (en el espacio) y su permanencia (en el tiempo). No es pues intelectualmente serio relegar esa mención a una nota retórica.

Pero ¿qué es un símbolo? Como dice Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón el símbolo… no es tanto un instrumento para pensar la realidad como una nueva realidad que pensar. No es una máscara que encubra la realidad, sino parte de ella. Y ya Walter Bagehot, en su célebre estudio de la constitución inglesa (1894), distinguía entre la parte 'efficient' y la parte 'dignified' de la constitución. Y escribió una frase memorable que no sé bien cómo traducir: «The use of the Queen, in a dignified capacity, is incalculable». La parte 'dignified' es 'incalculable'. No era una concesión decorativa al gusto victoriano; hay instituciones cuya eficacia consiste, precisamente, no en hacer (parte «eficiente»), sino en ser.

Las sociedades modernas, incluso las más secularizadas, necesitan ceremonias, narrativas, lugares de memoria, necesitan representarse a sí mismas; la política es también puesta en escena. No olvidemos que los humanos no actuamos en función de cómo son las cosas sino en función de cómo las percibimos. Y por eso la política moderna (¿solo la moderna?) pertenece más al espacio del decir que al espacio del hacer, es más relato que acción. Y no necesito mencionar ejemplos.

Si el poder efectivo del monarca es escaso, los análisis funcionalistas concluyen apresuradamente que su relevancia también lo es. Pero ocurre lo contrario: precisamente porque no gobierna se hace más visible que su función pertenece a otro orden. La monarquía parlamentaria es, en este sentido, una institución de baja capacidad decisoria y alta capacidad figurativa. Decide poco, pero representa mucho; su fuerza procede menos de la potestas que de la 'auctoritas'. Y por eso la pregunta correcta no es qué poder conserva, sino qué trabajo simbólico realiza. Una tarea esencialmente performativa: hace muchas cosas, pero no las hace mandando. Tarea que, sospecho se despliega en al menos cinco dimensiones que expondré brevemente.

La primera es evidente: la personificación de la nación. La nación, el Estado, el pueblo, son abstracciones. La Corona permite convertir esa abstracción en una figura humana, la incorpora. Lo que explica la relevancia de la biografía regia, de la Familia Real, la sucesión, el nacimiento y muerte, la enfermedad, elementos, que una teoría institucionalista tendería a considerar contingentes o anecdóticos. El cuerpo del Rey es la nación, decía Kantorowicz.

La segunda es la actualización de esa unidad en rituales políticos. Proclamaciones, funerales de Estado, mensajes navideños, visitas territoriales, honores, conmemoraciones, aperturas solemnes de las Cortes: todo ello no es un residuo arcaico adherido a una política racional. Los ritos políticos instituyen una temporalidad solemne, casi trascendente, separada del tiempo ordinario de la competencia política. Sincronizan emociones colectivas y convierten una abstracción –el Estado, la nación– en escenarios de «efervescencia colectiva» (Durkheim) en los que la emoción se desborda, y se genera comunidad.

La tercera es esa misma unidad, pero en el tiempo, ya no en el espacio, como dice agudamente la Constitución. Los gobiernos democráticos viven inevitablemente en el corto plazo, al ritmo de la legislatura y la próxima elección. La Corona es la única institución democrática que tiene interés personal en la 'longue durée', porque esa es su temporalidad. El automatismo de la sucesión hereditaria dramatiza esa continuidad de manera singular: el Rey ha muerto, Viva el Rey. El cuerpo muere; la Corona jamás.

La cuarta es esa misma unidad en el tiempo, pero no sólo hacia adelante, también hacia atrás. Hablo de la administración de la memoria histórica. Toda comunidad política vive de recuerdos compartidos, lugares de memoria, duelos, victorias y episodios ejemplares. Pero esa memoria necesita selección, jerarquía. La Corona no refleja simplemente la historia pues, al hacerlo, la ordena, puntúa y enmarca el tiempo histórico de un país. Algo tan moderno como el 'framing' ha sido practicado inmemorialmente por todas las monarquías.

La quinta –quizá la más importante en democracias polarizadas–, es la neutralidad, no política, pero sí partidista. Precisamente porque el Rey no es elegido y no necesita competir por el poder, puede aspirar a representar el todo. Es la paradoja contraintuitiva de la monarquía parlamentaria: lo que parece ser su gran defecto, el carácter hereditario de la magistratura, constituye su principal ventaja. El Rey no es un representante de una mayoría coyuntural, que se debe a ella, sino símbolo de la permanencia del cuerpo político frente a la contingencia de las mayorías históricas. No es sólo una magistratura política sino (si se me permite la expresión), meta-política, está en la frontera exterior de la política y por eso «modera y arbitra»; no juega el partido, lo observa desde fuera haciendo respetar sus reglas.

La monarquía parlamentaria importa menos por lo que decide que por lo que es capaz de significar. Y en tiempos de fragmentación, polarización y deterioro institucional, ese significar es definitivo. Neutralidad partidista, decía, pero no política, y por eso la unión entre Corona y Constitución democrática es inseparable pues ambos marcan las fronteras de la política. Y por eso también Gregorio Peces-Barba pudo escribir, ya en 1996, una frase rotunda: «Tengo la firme convicción de que, después de la Transición, la monarquía y la democracia están indisolublemente unidas y de que el daño a la monarquía es un daño irreparable a la democracia».