La prestación universal por crianza permitiría cobrar 200 euros al mes por cada menor a cargo, sin límite de renta. Por ahora, la medida no está en vigor y no existe un formulario oficial para solicitarla.
La nueva ayuda de 200 euros por hijo vuelve a situarse en el debate social y político en España. Se trata de una prestación universal por crianza pensada para todas las familias con menores a cargo, con independencia de sus ingresos, su situación laboral o si ya reciben otras ayudas públicas.
El Gobierno ha incluido esta prestación en la Estrategia de Desarrollo Sostenible como una de las medidas para reforzar el Estado del bienestar y combatir la pobreza infantil. El Ministerio de Derechos Sociales explicó que el objetivo sería que llegara al 100% de las familias con hijos menores a cargo.
El requisito principal sería tener hijos menores a cargo. A diferencia de otras prestaciones vinculadas a la renta familiar, esta ayuda por hijo tendría carácter universal, por lo que no dependería de superar o no un límite de ingresos.
La cuantía planteada es de 200 euros al mes por cada hijo o hija. Así, una familia con un menor recibiría 2.400 euros al año, mientras que un hogar con dos hijos alcanzaría los 400 euros mensuales y uno con tres menores, 600 euros al mes.
La propuesta defendida por Derechos Sociales contempla que la prestación llegue hasta los 18 años, aunque el Consejo Económico y Social ha planteado avanzar hacia una prestación universal no condicionada a la renta, al menos hasta los 3 años del menor.
Actualmente no se puede solicitar. La ayuda de 200 euros por hijo no está aprobada como prestación estatal en vigor, por lo que no hay plazo de solicitud, calendario de pagos ni enlace oficial en la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.
Para que las familias puedan pedirla, antes tendría que aprobarse una norma que regule sus requisitos, su financiación, el organismo encargado de gestionarla y el procedimiento de reconocimiento.
Una de las opciones planteadas es que se articule como ayuda directa mensual. Otra posibilidad sería aplicar un sistema fiscal, mediante una deducción reembolsable o un impuesto negativo en la declaración de la renta, fórmula defendida por distintos organismos por su menor carga administrativa.
Hasta que se apruebe la regulación, las familias no tienen que presentar ninguna solicitud. Cualquier trámite dependerá de la norma definitiva y deberá publicarse por los canales oficiales.
El coste es uno de los asuntos pendientes. Un informe de ISEAK calcula que una prestación universal de 200 euros mensuales por menor supondría 19.276 millones de euros al año, equivalente al 2,76% del gasto público.
Ese mismo análisis estima que la pobreza extrema infantil bajaría del 14% al 8% y que el porcentaje de menores en riesgo de pobreza descendería del 29% al 21% si se implantara una ayuda de 200 euros al mes por menor.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también ha defendido que la prestación universal por crianza se incluya en los Presupuestos Generales del Estado, al considerar que sería una herramienta eficaz contra la pobreza infantil.
Por ahora, la prestación sigue siendo una propuesta. La principal novedad es que ya figura dentro de la hoja de ruta estatal, pero su cobro dependerá de una aprobación normativa y presupuestaria.
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