Barlovento llevaba dos días cerrado tras la llegada masiva del 30 de julio y la suspensión de la Feria, mientras el Gobierno estudia compensaciones para el comercio.
Ángela Tendero, copropietaria del restaurante Barlovento, habló el 31 de julio en La Linterna de COPE. Su negocio pasó de tener todas las mesas reservadas a quedarse sin una sola reserva esa misma tarde. El establecimiento, ubicado en el Club Náutico de Ceuta, llevaba dos días cerrado en plena crisis migratoria. La suspensión de la Feria prevista del 1 al 8 de agosto agravó sus pérdidas, porque ya había invertido en una caseta.
La hostelera describió un cambio brusco en cuestión de horas. “Tenía el restaurante completo y a las 7 de la tarde no tenía ninguna reserva. Me habían cancelado todo”, relató. Decidió no abrir porque, según explicó, la clientela dejó de salir y mantener el servicio carecía de sentido sin reservas. Meses antes, Barlovento había recibido una distinción nacional en los premios T de Bares de Tapas Magazine. El reconocimiento reflejaba la buena trayectoria inicial del establecimiento.
Ángela también contó que varias personas entraron en el local para pedir comida y agua. Aclaró que no pretendían causar daño, aunque aquella escena aumentó su sensación de inseguridad. El episodio coincidió con el cierre preventivo de numerosos bares, restaurantes y tiendas. La CECE recomendó el 31 de julio mantener cerrados los negocios a pie de calle hasta recibir garantías oficiales. Este golpe se suma a la fragilidad que ya arrastra el pequeño comercio en España.
El cierre no solo eliminó la facturación de dos jornadas. Ángela aseguró que debía afrontar “muchas nóminas” y mantener una plantilla sin ingresos durante ese periodo. Los salarios, proveedores, alquileres y suministros siguen generando obligaciones aunque el establecimiento no abra. Los costes salariales en hostelería ayudan a explicar el impacto de una tarde sin reservas. La pérdida de clientela puede trasladarse rápidamente a la caja del negocio.
La suspensión de la Feria amplió el perjuicio. Era el primer año que Barlovento montaba una caseta, para la que ya había destinado dinero, tiempo y trabajo. “Se nos ha fastidiado todo”, resumió. La Ciudad comunicó el 31 de julio que la Feria prevista del 1 al 8 de agosto quedaba suspendida. La decisión afectó también a feriantes, comerciantes, artistas y negocios hosteleros que habían realizado desembolsos antes del anuncio.
Ángela afirmó que Ceuta no tenía capacidad para acoger a 60.000 personas. Su frase debe leerse con la referencia disponible aquel 31 de julio. El Ministerio del Interior estimó entonces unas 50.000 entradas, mientras el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, elevó el cálculo a 60.000. No existía una cifra única y cerrada. Eran dos estimaciones oficiales distintas durante unas horas de enorme movilidad y dificultad de recuento.
La situación comercial tampoco permaneció congelada en el cierre. El 1 de agosto, la CECE informó de que los establecimientos comenzaban a retomar la actividad “con normalidad aunque con cautela”. También señaló que se mantendría un refuerzo de seguridad. Barlovento representa así el daño sufrido durante las jornadas más críticas. El caso no debe presentarse como una clausura general todavía vigente en todos los negocios de Ceuta este 3 de agosto.
Pedro Sánchez anunció el 31 de julio que el Ejecutivo estudiaba “qué políticas habilitar”. La intención era compensar a los pequeños comercios afectados. Servimedia informó de que el Gobierno había iniciado un recuento de establecimientos para diseñar esas medidas. La Cámara de Comercio de Ceuta pidió apoyo urgente para autónomos y empresas del turismo, el comercio y la hostelería. También reclamó una línea específica para los perjudicados por la suspensión de las fiestas. La entidad alertó de que las cancelaciones podrían afectar al resto del verano.
La información consultada hasta la mañana del 3 de agosto no concreta cuantías, requisitos, plazos ni un procedimiento de solicitud. Todavía no puede presentarse como una ayuda abierta que los negocios puedan tramitar.
La comparecencia oficial de La Moncloa detalla la respuesta institucional, pero no publica las condiciones de una convocatoria económica. Mientras no existan bases oficiales, conservar facturas, justificantes de la caseta y registros de cancelaciones puede servir para documentar el perjuicio sufrido.
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