El abogado vizcaíno Iñaki Picaza asume la representación de familias y alumnos que cuentan con el apoyo de las direcciones de los centros concertados. La EHU reconoció que los evaluadores sí podían conocer los centros de los alumnos a los que corregían los exámenes

Actualizado Martes, 23 junio 2026 - 18:53

Varios estudiantes penalizados con 'ceros' en el examen de euskera de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Bizkaia han activado demandas judiciales ante el Contencioso-Administrativo para solicitar una "cautelarísima" que suspenda esta nota de sus calificaciones. El objetivo de las primeras familias del Colegio Vizcaya a las que se pueden sumar más en los próximos días es que se calculen las notas de acceso de estos alumnos sin el suspenso de euskera ante las irregularidades detectadas en los tribunales 11 y 12 en los que se acumularon 108 de los 168 'ceros' registrados en los exámenes realizados por más de 13.000 alumnos vascos.

Familias vascas representadas por el abogado vizcaíno Iñaki Picaza ya han iniciado las demandas ante los tribunales para intentar que la controvertida calificación de los exámenes de euskera en dos tribunales hipotequen su formación universitaria. La iniciativa para reclamar la intervención de la Justicia ha partido de las direcciones de varios centros concertados pero tendrán que ser los alumnos -si son mayores de edad- o sus representantes legales quienes demanden la intervención de los tribunales al considerar que se ha vulnerado el principio de igualdad en las calificaciones de los ceros iniciales que han sido posteriormente maquilladas con puntaciones bajísimas por debajo del 2.

Los alumnos tendrán que solicitar a la EHU una copia de sus exámenes antes de mañana 24 junio a través de la plataforma Sarbidea para a continuación facilitar al despacho vizcaíno Picaza Asesoría los documentos para su representación legal. Según los datos aportados en el Parlamento Vasco por la consejera de Educación Begoña Pedrosa, 108 alumnos de colegios concertados de orientación religiosa fueron penalizados con ceros en el examen de euskera. 79 de ellos fueron calificados por la evaluadora del tribunal número 11. La EHU aseguró en un principio que la normativa de la PAU garantizaba el anonimato tanto de los alumnos (identificados solo por códigos) como de sus centros de procedencia. Pero los casi 900 evaluadores que han formado parte de los 41 tribunales podían conocer de qué colegios, ikastolas o institutos procedían los alumnos que examinaba porque se agrupan en tribunales e, incluso, se reflejan en carteles para facilitar el acceso de los alumnos a las aulas de los exámenes.

El rector de la EHU Joxerramon Bengoetxea llegó a reconocer en una rueda de prensa que los evaluadores conocen informalmente a qué centros corrigen pero minimizó las consecuencias de la oleada de ceros en el tribunal 11 al tener derecho los alumnos a las revisiones. La vulneración del anonimato de los centros alimenta la tesis de que cualquier examinador puede penalizar a los alumnos aprovechando la flexibilidad de los criterios de corrección, especialmente en las materias lingüísticas donde cabe una penalización de hasta 2 puntos sobre la nota lograda.

La consejera de Educación Begoña Pedrosa defendió ayer en el Parlamento Vasco como una "propuesta" que se utilicen "fórmulas de distribución más equilibradas" de centros y alumnos entre los tribunales por el "riesgo de concentración de percepciones de desigualdad".

La petición de la cautelarísima ante el Contencioso Administrativo facilitaría que mientras se analizan jurídicamente las irregularidades detectadas, los alumnos no se ven penalizados en sus calificaciones para acceder a la universidad. La nota de acceso se calcula con una fórmula en la que el 60% es la nota media del Bachillerato y el 40% la nota media de la PAU. Con esta medida extraordinaria solicitada ante los tribunales, en el cálculo de la nota media de la PAU no constaría el resultado del examen de euskera.