Madrid se enfrenta a una situación paradójica: es una de las regiones capitalinas más seguras de Europa, un hecho que comparten expertos, estadísticas y la percepción ciudadana. Sin embargo, la inseguridad se ha convertido en un tema recurrente en el debate político, marcado por el enfrentamiento entre el Gobierno central y el autonómico. Mientras tanto, los intentos de homicidio, los delitos sexuales y las infracciones penales contra la salud pública relacionadas con el tráfico de drogas han crecido de forma sostenida desde 2018.

Pero ¿cómo es posible que en Madrid, donde los asesinatos y homicidios muestran una tendencia descendente, las tentativas se hayan duplicado, según los sucesivos balances trimestrales de Criminalidad del Ministerio del Interior?

Desde la cartera que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska declinan comentar la fenomenología y las cifras específicas de la Comunidad, y remiten a este diario a los citados balances elaborados a nivel nacional, donde no se abordan cuestiones como el incremento de homicidios en grado de tentativa.

Y es que, aunque no se han producido grandes avances en la medicina de emergencias que expliquen un mayor número de vidas salvadas in extremis, las cifras de Interior parecen revelar que los madrileños se han vuelto el doble de propensos -y de torpes- a la hora de atentar contra la vida de sus semejantes. Nada más lejos de la realidad. «Esto se debe a una mayor rigurosidad en la interpretación policial, que tiende a calificar como tentativa de homicidio hechos que antes podrían haber sido tratados como lesiones graves», explica Abel González, vicedecano del Colegio de Criminólogos de Madrid.

El académico recuerda que los presuntos delitos «se califican en el momento, cuando se recibe una denuncia o se tiene noticia de un hecho», que «estos datos no se encuentran supervisados por otros operadores» y que «el sentir general de las fuerzas y cuerpos de seguridad es que cada vez se sienten más desprotegidos y por eso recogen los hechos como si tuvieran una mayor gravedad».

El tráfico de drogas es otro delito en auge, con un incremento superior al 80 % desde 2018. Según el Ministerio del Interior, este aumento está «muy relacionado con la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el marco de planes específicos». Una interpretación que González respalda: «Se están destinando más recursos y más policías, por lo que hay más operaciones», asegura.

Sin embargo, Rubén Martín, presidente de la sección de Penalistas del Colegio de Abogados de Madrid, señala que el aumento de los delitos de tráfico de drogas en las estadísticas también refleja un mayor afán punitivo de los agentes. «Si pillan a un chaval con un puñado de pastillas, en lugar de llevarlo por la vía administrativa, lo llevan por la vía penal y le acusan de tráfico de drogas, aunque la cantidad que lleve sea para él y sus dos amigos», explica el letrado. A su juicio, más allá de los grandes operativos de los que presume Interior, el repunte en los delitos contra la salud pública está vinculado a un mayor acceso a drogas y a «una intensificación de los controles, sobre todo en conciertos y otros eventos multitudinarios».

No obstante, la tendencia más alarmante es el aumento de los delitos contra la libertad sexual, especialmente las agresiones sexuales con penetración, que pasaron de 252 en 2018 a 681 en 2024. Alfonso Serrano, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, las considera «los más preocupantes».

«Este aumento se debe tanto a un cambio en las políticas de concienciación sobre los delitos sexuales como a la reducción de la llamada cifra negra, es decir, los delitos no denunciados», apunta González, quien matiza que en este tipo de casos «lo habitual, sobre todo en los que existe penetración, es que el agresor y la víctima se conozcan». Aunque hay consenso entre los expertos sobre este análisis, Martín añade otro apunte: «Los cambios legislativos» también han contribuido al incremento de denuncias.

Al mismo tiempo, preocupan las agresiones sexuales cometidas por menores. «Está relacionado con el consumo de pornografía violenta, que en muchos casos sustituye a la educación sexual», afirma González. «Entre los menores condenados, muchas veces hay que empezar con un trabajo pedagógico porque ellos no terminan de comprender que lo que han cometido es una agresión», añade. «Sin embargo, es necesario hacer más estudios en esta línea, como venimos reclamando desde el Colegio de Criminólogos», insiste.

Mientras tanto, el debate político sobre la seguridad en Madrid continúa. La semana pasada, el Partido Popular regional acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de «dejar a Ayuso con 1.000 guardias civiles menos para patrullar» y afirmó que «cada día es más evidente que va contra Madrid, no solo en lo económico, también en materia de seguridad» en las calles de la región.

El delegado de Gobierno, Francisco Martín, rechazó estas declaraciones, y aseguró que «en 2024 se ha alcanzado un nuevo máximo histórico de agentes de Guardia Civil y Policía Nacional en Madrid». Sin embargo, Serrano considera que esto responde a «un maquillaje de los datos del Gobierno: una cosa es la relación de puestos de trabajo y otra la cantidad de puestos reales». Según el diputado popular, el incremento de efectivos -del 6 % desde 2018- no ha sido proporcional al crecimiento de la población en la Comunidad, que cifra en un 8 %. Cita como ejemplo el caso del municipio de Villaviciosa de Odón: «La Delegación del Gobierno decía que había 56 guardias civiles, pero en la junta de seguridad local el comandante del puesto aseguró que eran 53 sobre el papel y que solo 24 plazas están ocupadas», asevera.

El diputado del Partido Popular en la Asamblea también sugiere que la falta de efectivos en municipios madrileños, con puestos cerrados de la Guardia Civil, podría estar generando infradenuncias. Pese a ello, Alfonso Serrano sostiene que «Madrid es y ha sido una región segura», aunque apunta «algunos indicadores preocupantes» vinculados a «la falta de efectivos en las calles».

A pesar de las discrepancias políticas, el consenso generalizado es que Madrid es una región segura. Esto se evidencia en la relación de delitos por habitante y la disminución -o estancamiento- de la mayoría de los indicadores de criminalidad en las últimas décadas. «Ahora lo normal en el turno de oficio es que te llamen por delitos relacionados con el tráfico o con la violencia doméstica, que está en una meseta tras el incremento provocado por los cambios legislativos. En cambio, los robos y homicidios son cada vez más raros», señala Rubén Martín.

Finalmente, Abel González destaca la relevancia de la percepción subjetiva de los ciudadanos: «Hay barrios donde los delitos son bajos, pero el abandono urbanístico y la mala iluminación generan sensación de inseguridad». Añade que influyen factores como el relato de conocidos que han sido víctimas, los medios de comunicación o ciertos prejuicios. «Por ejemplo, los estudios muestran que ciertos barrios multiculturales son percibidos como más peligrosos por la gente de fuera que por sus propios habitantes».

En palabras del letrado, «en la Comunidad de Madrid, gran parte de la violencia, los robos y los delitos de sangre eran consecuencia de la epidemia de drogas de los años 80 y 90, cuando era mucho más habitual sufrir un atraco en la calle». Mientras tanto, González apunta que «España, en general, es menos violenta que otros países europeos gracias al carácter cultural, el control de armas y una educación en igualdad». Sin embargo, reclama estudios sobre la percepción subjetiva de la seguridad en la región, porque el componente emocional de los ciudadanos pesa más que los datos fríos de un informe a la hora de determinar si vivimos en una región segura.