La ministra portavoz Elma Saiz, junto a Félix Bolaños y Óscar Puente durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosEFE
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El decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros para una regularización extraordinaria permitirá legalizar la situación de medio millón de personas que viven en España. Aunque adolece del consenso que debería guiar las políticas en esta materia, constituye un pragmático ejercicio político que además responde a las necesidades económicas del país. No hay alternativa a la inmigración: la única disyuntiva realista es si esta es legal o ilegal. Partiendo de este hecho, lo que cabe exigir al Gobierno es una gestión rigurosa y consensuada. Sin ello, se corre el riesgo de continuar gestionando la inmigración de forma reactiva y efectista, lo que no sólo resulta ineficiente, sino que alimenta a aquellos sectores que quieren dinamitar la convivencia social.
Los flujos migratorios suponen una inyección social y de mestizaje que, con un componente emocional indudable, no está exenta de tensiones identitarias y culturales. En todo caso, es una realidad incontestable que se trata de un fenómeno imprescindible para nuestro crecimiento y la sostenibilidad del Estado de Bienestar. Desde este punto de vista, una regularización masiva aumentará el PIB y las cotizaciones, aunque bajará un 0,6% los salarios, al incrementar la oferta de trabajadores en situación regular y aflorar empleo con bajos sueldos, lo que reducirá la media salarial.
Tras eludir su paso por el Congreso, y aunque no expulsará a los inmigrantes que no obtengan el permiso tras la regularización, el Ejecutivo ha endurecido el decreto para obligar a los interesados -tal como sugirió el Consejo de Estado- a probar que no tienen antecedentes penales. Ahora se abre un proceso no exento de dudas. A la huelga convocada por CCOO en las Oficinas de Extranjería se suman los recursos judiciales que PPy Vox elevarán a los tribunales, incluidos los comunitarios. Por otro lado, Bruselas ya avisó de las «consecuencias» que esta regularización puede tener para la UE.
La improvisación en la tramitación de esta medida obedece no sólo al cálculo del Gobierno, sino a la falta de una estrategia de país en esta materia. España necesita de una vez una política migratoria ordenada y compatible con la solidaridad.