Editorial
Se ha privado a la opini�n p�blica de analizar con serenidad unos hechos que resultan pol�ticamente inaceptables
EUROPA PRESS
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El �ltimo recurso de la Fiscal�a contra la causa abierta a Bego�a G�mez introduce un elemento que el Gobierno ha tratado de eludir desde el inicio: la distinci�n entre responsabilidad penal y responsabilidad pol�tica. El Ministerio P�blico sostiene que los hechos investigados no rebasan el umbral del delito. Pero, al mismo tiempo, reconoce expresamente que determinadas actuaciones �pueden no resultar �ticas ni deseables en un Estado democr�tico� y que es preciso evitar situaciones que generen dudas sobre la rectitud en el ejercicio del poder. Ah� reside el n�cleo del caso.
Porque el debate relevante no es s�lo si la conducta de la esposa del presidente fue o no delictiva, lo cual depender� ahora de lo que decida la Audiencia de Madrid. Es, ante todo, si el uso de su posici�n para promover su actividad profesional se ajusta a los est�ndares m�nimos de ejemplaridad p�blica. La propia Fiscal�a admite que son pertinentes las �consideraciones �ticas o est�ticas� sobre la actuaci�n de Bego�a G�mez; indica que la mezcla entre intereses privados y estructuras institucionales resulta indeseable; y admite que ello �puede hacer nacer la sospecha� sobre el tr�fico de influencias. Ese reconocimiento invalida de ra�z la tesis de la Moncloa, que contra toda evidencia insiste en presentar la actuaci�n de G�mez como �impecable� e �intachable�.
Lo que se ha intentado es impedir que ese debate tenga lugar. El Gobierno ha centrado su estrategia en desacreditar al juez instructor. Pero esa l�nea argumental queda debilitada cuando es la propia Fiscal�a la que introduce reparos �ticos y advierte de la necesidad de una regulaci�n clara sobre el papel de los familiares de cargos p�blicos.
En una democracia madura debe ser posible discutir con normalidad si ha existido o no un trato de favor derivado de la proximidad al poder. En su lugar, se ha privado a la opini�n p�blica de analizar con serenidad unos hechos que resultan pol�ticamente inaceptables.
El list�n democr�tico no puede situarse bajo ese m�nimo. La exigencia de ejemplaridad no empieza donde acaba el C�digo Penal, sino mucho antes.