Editorial
La sentencia de la Audiencia Nacional que da la raz�n a Shakira supone un serio valapalo para la Agencia Tributaria por la notoria repercusi�n p�blica del caso
Shakira, junto a su abogado.AFP
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La sentencia de la Audiencia Nacional que da la raz�n a Shakira y ordena a Hacienda que le devuelva 55 millones m�s los intereses de demora al no detectar fraude fiscal supone un serio valapalo para la Agencia Tributaria por la notoria repercusi�n p�blica del caso. La lucha contra la rebeld�a fiscal o el impulso evasor es una prioridad necesaria de la Administraci�n. Pero las operaciones contra famosos con demasiada publicidad y abierta voluntad ejemplarizante s�lo logran su fin si se sustentan en una investigaci�n muy s�lida. En su defecto, como podr�a haber ocurrido con la cantante colombiana, se produce el efecto contrario: acaban minando su autoridad.
La inspecci�n abierta por la Agencia Tributaria a Shakira se ha materializado a trav�s de dos v�as. Una, la penal, en la que la artista asumi� la culpa por no pagar impuestos entre 2012 y 2014. Y otra, la administrativa, en la que, tras una prolongada batalla legal, la Audiencia Nacional ha declarado -en un fallo a�n recurrible ante el Supremo- que no puede considerarse que la cantante fue residente fiscal en Espa�a en 2011, pues Hacienda no ha logrado demostrar que Shakira viviera durante m�s de 183 d�as en nuestro pa�s aquel a�o.
Hacienda tiene los datos de todos los contribuyentes y un arsenal de herramientas que, en no pocas ocasiones, causan sensaci�n de indefensi�n. Acumula demasiados casos de filtraciones por inter�s pol�tico y medi�tico, por lo que, en primer lugar, hay que exigirle discreci�n. Al igual que ocurri� con Xabi Alonso o con Jorge Lorenzo, sus derrotas medi�ticas erosionan su reputaci�n y pueden provocar reacciones de simpat�a con quienes le hacen frente. El hecho de que la recaudaci�n est� en m�ximos con el tipo efectivo m�s alto de la historia del IRPF no ayuda.
Hacienda, s�mbolo del deber ciudadano y de la responsabilidad colectiva, tiene la obligaci�n de combatir el fraude. Preservar el cumplimiento de las obligaciones tributarias exige las m�ximas garant�as tanto cuando el contribuyente tiene los medios econ�micos para enfrentarse a Hacienda como, sobre todo, cuando carece de ellos.