La decisión del CGPJ de abrir la vía para un posible expediente al juez Juan Carlos Peinado, que el sábado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos, resulta difícil de disociar de las coacciones del Gobierno
Pedro Sánchez, junto a su esposa Begoña Gómez.EFE
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La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de abrir la vía para un posible expediente al juez Juan Carlos Peinado, que el sábado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos, resulta difícil de disociar de las presiones del Gobierno y de su aparato propagandístico durante las últimas horas. El auto por el que el instructor del caso Begoña ha enviado al banquillo a la esposa de Pedro Sánchez, en el que justifica la adopción de medidas cautelares alegando que sus escoltas podrían ayudarla a fugarse, ha suscitado una reacción frontal por parte del Ejecutivo. Se trata de un intento de injerencia política que hoy pondrá a prueba la resistencia del órgano de gobierno de los jueces.
Peinado justifica la retirada del pasaporte a Gómez esgrimiendo argumentos desmesurados e impropios de un sistema de garantías, porque teme que sus escoltas pudieran colaborar en su fuga. Esta elucubración no sólo ha provocado el lógico enojo de la Policía, sino que proporciona al Ejecutivo la coartada perfecta para alimentar su narrativa victimista. La abierta acusación de lawfare se explica no sólo por su necesidad de desviar la atención ante la corrupción que sacude esta legislatura, sino por el combustible sentimental que encierra una causa que salpica al entorno más íntimo del presidente. Y es en este contexto, bajo presiones, en el que Isabel Perelló convocó ayer de urgencia a la Comisión Permanente del CGPJ para expedientar a Peinado -extremo sobre el que deliberará esta mañana- por una «falta grave de consideración» a los «funcionarios de la Policía Judicial». Es una decisión controvertida de la presidenta del Poder Judicial, cuya celeridad en este caso contrasta con su insuficiente reacción ante los últimos ataques que el Gobierno ha lanzado contra los jueces.
Una sanción a Peinado sentaría un peligroso precedente de interferencia por parte de un órgano de naturaleza política como es el CGPJ. Las desproporcionadas cautelares dictadas por el instructor son cuestionables no sólo por la forma, sino porque comprometen la credibilidad del procedimiento. Pero sólo una instancia superior, integrada por magistrados, puede corregir la decisión de un juez en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. El Consejo está obligado a actuar respetando este principio básico de la independencia judicial. Los medios de comunicación, conforme a nuestra función inherente de contrapoderes, estaremos vigilantes.
Las referencias extemporáneas no pueden solapar los sólidos indicios que Peinado fundamenta en su auto final, a la espera de que la Audiencia de Madrid decida si se celebra o no la vista oral con jurado. El juez señala de forma minuciosa la trama de influencias que operó desde la Moncloa. Incurriendo en un uso patrimonial del poder, Gómez tejió un círculo de élite para aprovechar la posición de su marido como trampolín para su carrera profesional.
Con independencia del desenlace judicial, los negocios de la esposa de Sánchez constituyen una conducta ética reprobable cuya responsabilidad política compete al presidente.