�La realidad que viven hoy millones de consumidores espa�oles se puede resumir en tres hechos: pagan m�s por lo b�sico, reciben peores servicios y se sienten cada vez menos protegidos�. De esta premisa parte el Partido Popular para activar el empuje de la C�mara Alta, donde ostenta la mayor�a absoluta, contra el progresivo �deterioro� del poder adquisitivo de las familias y de la clase media espa�ola.

Con una iniciativa in�dita, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el Grupo Parlamentario Popular del Senado quiere forzar al Gobierno a blindar a los consumidores en tiempo real ante los vaivenes de las distintas crisis, estableciendo para ello mecanismos fijos y autom�ticos que garanticen �la protecci�n efectiva� de derechos y �la prestaci�n eficiente� de los servicios b�sicos.

El plan del PP tiene varios �mbitos de actuaci�n. El primero es radiogr�fico. Da un plazo m�ximo de tres meses al Ejecutivo para que presente ante las Cortes un informe de impacto del coste de la vida sobre los consumidores. Este informe deber� incluir un desglose espec�fico sobre �mbitos como la alimentaci�n, la energ�a, la vivienda, el transporte o la capacidad de ahorro de los ciudadanos. Deber�, adem�s, resaltar espec�ficamente en cada apartado su afecci�n a la clase media y a los colectivos vulnerables.

Pero lo m�s novedoso de esta iniciativa es que persigue tambi�n la creaci�n de un protocolo nacional de actuaci�n en materia de consumo, transversal a las administraciones, para cuando fallen los servicios esenciales en casos cr�ticos como los apagones energ�ticos, los caos ferroviarios o las interrupciones masivas de suministros.

Este mecanismo debe obligar a todas las administraciones a ofrecer informaci�n clara, homog�nea y en tiempo real a los ciudadanos, as� como a garantizar v�as de reclamaci�n �giles y accesibles, evitando as� que los afectados queden atrapados en procesos �fragmentados y opacos�.

La coordinaci�n entre ministerios deber�, adem�s, reforzarse para que, en toda crisis que afecte a servicios esenciales, �la protecci�n del consumidor se incorpore desde el primer momento a la respuesta p�blica y no quede diluida entre departamentos o niveles administrativos�.

El plan del PP incluye tambi�n la implantaci�n de un Sistema Com�n de Informaci�n y Alerta al Consumidor, dise�ado para coordinar la respuesta entre el Estado, las comunidades aut�nomas y los organismos reguladores con el objetivo de que �el ciudadano deje de ser un actor pasivo en las crisis y pase a contar con informaci�n �til y mecanismos efectivos de compensaci�n desde el primer momento�.

�La pol�tica de consumo no puede limitarse a declaraciones, campa�as o anuncios. Debe garantizar el acceso asequible a productos y servicios esenciales, la continuidad y la calidad m�nima de dichos servicios, informaci�n veraz y �til cuando se producen incidencias, con procedimientos de reclamaci�n r�pidos y accesibles y mecanismos efectivos de compensaci�n, indemnizaci�n y reparaci�n. Esos son los est�ndares m�nimos de una verdadera pol�tica de defensa del consumidor�, apunta la propuesta del PP en el Senado, firmada por Alicia Garc�a.

�El deterioro del poder adquisitivo, la persistencia de sobrecostes en bienes y servicios b�sicos, la crisis de vivienda, las disfunciones en el transporte y la ausencia de respuestas �giles han agravado el empobrecimiento de la clase media consumidora�, lamenta el PP, �obligando a muchas familias a recortar consumo esencial, posponer decisiones vitales y vivir en una situaci�n permanente de alerta econ�mica�.

La moci�n del PP, registrada para su debate en el pleno del Senado, incluye la solicitud de comparecencia ante la C�mara del titular del Ministerio de Consumo, Pablo Bustinduy, para que explique qu� actuaciones ha desarrollado su departamento en defensa de los consumidores afectados por el apag�n de hace un a�o, por las incidencias ferroviarias recientes y por otras alteraciones graves de servicios esenciales. El PP quiere que el ministro d� el detalle de todas �las medidas adoptadas, reclamaciones recibidas, compensaciones reconocidas y reformas impulsadas�.

�S�nchez aprovecha cualquier situaci�n para llenarse los bolsillos con el dinero de los espa�oles. Lo hizo durante la pandemia, tambi�n lo hizo con la invasi�n de Ucrania y lo est� volviendo hacer con la guerra de Ir�n�, advierte Alicia Garc�a. �El decreto de S�nchez [con las medidas para paliar las consecuencias de la guerra] ya ha caducado y se ha quedado corto. Por eso es urgente conocer en detalle c�mo est� afectando a los espa�oles y a su bolsillo la guerra en Ir�n y aprobar un plan de choque para que nunca m�s los espa�oles sean los que paguen con su dinero las consecuencias de una cat�strofe�, concluye.