El Partido Popular ha presentado este miércoles su informe de conclusiones en la Comisión de Investigación del Senado sobre el apagón del 28 de abril de 2025. En las casi 100 páginas del documento, los de Alberto Núñez Feijóo han recogido los hechos de aquel día y también llamadas y correos electrónicos entre los técnicos de las eléctricas privadas y el operador del sistema. Sus conclusiones son demoledoras y responsabilizan a Red Eléctrica, al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de la peor crisis eléctrica de la historia de España.
El informe señala a la empresa que preside Beatriz Corredor como responsable operativa directa, tras concluir que conocía la vulnerabilidad del sistema, al menos, desde el 31 de enero de 2025, tres meses antes del cero, pero no adoptó medidas preventivas proporcionales. Además, acusa a la empresa controlada por el Estado de fallos el mismo día del apagón, pues desde primera hora de la mañana sus técnicos ya estaban detectando fallos críticos en la red, pero "no activaron un protocolo de emergencia".
Concluye, además, que la responsabilidad política le corresponde al Gobierno. Por un lado, porque no ejerció correctamente la tutela del operador y no exigió información formal sobre incidentes previos, como los de los días 16, 22 y 24 de abril, que llegaron a provocar interrupciones en la industria y los trenes.
Por otro, lo acusa de diseñar una política de transición energética que priorizó la integración de renovables, sin reforzar los mecanismos de seguridad y estabilidad que requería el sistema. Una política, han recordado desde el PP, que se inició en la etapa Teresa Ribera al frente del Ministerio de Transición Ecológica y que ha mantenido su actual titular, la también vicepresidenta tercera, Sara Aagesen.
Por todo lo anterior, el Partido Popular ha exigido este miércoles la dimisión de la ministra ecológica y el "cese fulminante" de Beatriz Corredor, quien fue nombrada en 2020 a instancias de la estatal Sepi, principal accionista de Redeia.
Además, el informe es contundente sobre el papel de la CNMC, el supervisor sectorial. En primer lugar, señala al organismo que preside Cani Fernández por no actualizar el Procedimiento de Operación 7.4, clave para el control de sobretensiones como las que tumbaron el sistema hace un año. Este llevaba vigente desde el año 2000, a pesar de que ya desde 2020 documentos técnicos de Red Eléctrica instaron a revisarlo por el aumento de episodios de sobretensión derivados de la entrada masiva de fotovoltaica. Este punto debilita la defensa de la CNMC y el Ministerio, que insisten en que el apagón "podría haberse evitado" con las herramientas regulatorias disponibles.
El documento del PP es un misil en la línea de flotación de Red Eléctrica, desde donde han argumentado el carácter inédito del incidente y la ausencia de señales de alerta previas. "Según las conclusiones, el apagón del 28 de abril no fue una fatalidad. No fue un accidente imprevisible. No fue un episodio sin avisos. El apagón fue el resultado de una vulnerabilidad conocida, de un sistema que llevaba tiempo avisando y de que no actuaron con la diligencia que exigía", ha aseverado la senadora popular, Alicia García Rodríguez, en la rueda de prensa celebrada para presentar el documento.
La portavoz ha insistido en que la "responsabilidad política" del incidente le corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez por "sus políticas radicales y sectarias, basadas en la ideología y no en la tecnología". "Desoyó los avisos de los expertos, despreció las alertas y, cuando llegó la catástrofe, empezó la cadena de mentiras, la ocultación de pruebas y la búsqueda de culpables ajenos", ha acusado García.
Además, al senadora ha acusado al Ejecutivo y a Redeia de ocultar información clave, como los audios, y armar durante un año un "relato exculpatorio". Y ha insistido en la responsabilidad de Aagesen, a la que ha achacado una "gestión negligente" y ha afeado el mantenimiento de la política energética heredada de Ribera. García también ha puesto en el foco a la CNMC por no elaborar el informe de responsabilidades sobre el 28 de abril, como se compromtió.
El informe del PP basa buena parte de sus conclusiones en los audios y otras comunicaciones que intercambiaron los técnicos de Red Eléctrica y los centros de control de las dos mayores eléctricas privadas, Iberdrola y Endesa. La empresa que dirige Corredor se ha afanado en mantener estos archivos fuera de la opinión pública alegando razones de "confidencialidad y seguridad nacional". Por ello, el Senado acabó reclamándoselos a las eléctricas privadas, que sí se los facilitaron.
Estos archivos, recoge el informe, "demuestran que el propio operador del sistema había identificado, analizado y comunicado por escrito a Iberdrola, con absoluta precisión, los factores exactos que estaban generando inestabilidad en el sistema: alta variabilidad fotovoltaica, escasa inercia disponible, intercambios internacionales bruscos y saturación de líneas de transporte".
También debido a esas referencias previas a incidentes en la red, para el PP "no solo se amplía el horizonte temporal de la responsabilidad preventiva de Red Eléctrica, sino que la agrava cualitativamente", porque se elimina cualquier posibilidad de "imprevisibilidad".
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