La ministra asegura que la reforma no va a suponer "un paso atrás" ni "ningún tipo de recorte"
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.EFE
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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, rectifica y retira los recortes que había planteado en el borrador de la reforma de la ayuda a familias con hijos con enfermedades graves, la prestación conocida como CUME. Tras la presión de las familias afectadas por el endurecimiento de los requisitos, que este fin de semana compartían sus duros testimonios y su miedo a perder la ayuda en las páginas de EL MUNDO, la portavoz del Gobierno se ha reunido con las principales asociaciones representativas del colectivo este mismo miércoles y ha acordado acceder a sus demandas.
Tras el encuentro mantenido en la sede del Ministerio con representantes de Asfacume y 'CUME nos une', Saiz ha explicado a los medios de comunicación que el ministerio ha recogido "el sentir de las familias" y se han "clarificado" algunos puntos para "mejorar en seguridad jurídica, que las familias no tengan cargas administrativas adicionales y mejorar la prestación". "En ningún momento vamos a dar un paso atrás y ni va a suponer ningún tipo de recorte", se ha comprometido la ministra.
Aunque en un primer momento Saiz no ha aclarado a qué demandas específicas ha atendido el Ministerio, en una nota de prensa enviada con posterioridad a la reunión su departamento sí especifica los detalles de la nueva redacción del texto. "El reglamento incorpora nuevos supuestos protegidos y mantiene una cláusula abierta que permitirá a los facultativos determinar, mediante la correspondiente declaración médica, cuándo existe una necesidad acreditada de cuidado directo, continuo y permanente", detalla la nota.
Ese era, precisamente, el principal punto de fricción con el anterior borrador, ya que las familias denunciaban que no se atendía a las necesidades de cuidados directos, continuos y permanentes, sino que se circunscribía la prestación a los cuidados "clínicos" y "médicos". De ahí su miedo a perder las ayudas, que llevó a las asociaciones de familias afectadas a movilizarse en una intensa campaña y a recoger miles de firmas contra lo que consideraban un "recorte encubierto" por parte del Gobierno.
"La medicina evoluciona, la organización sanitaria evoluciona y las necesidades asistenciales también evolucionan", ha señalado Saiz. "Éste ha sido uno de los principales cambios del nuevo texto, por el que se adapta la prestación a la evolución de la medicina y de las necesidades asistenciales", explican desde su departamento. La ministra ha destacado que muchos menores requieren hoy cuidados intensivos y permanentes sin necesidad de permanecer hospitalizados durante largos periodos, una realidad que no siempre encontraba un encaje claro en la regulación vigente.
En el comunicado, Seguridad Social indica que "la reforma también actualizará el listado de enfermedades graves incorporando nuevas patologías" -como ya contemplaba el borrador inicial al incorporar el trastorno del espectro autista y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu- "y se habilitará un mecanismo reglamentario para que dicho catálogo pueda seguir ampliándose conforme avance el conocimiento científico".
"Además, se simplifican los procedimientos para las familias mediante la ampliación de los plazos de renovación y la mejora del sistema de prórrogas", recuerda, asimismo, el Ministerio, sobre otra de las mejoras que ya se incorporó en la versión previa del proyecto de real decreto.
"El Ministerio incorporará asimismo ajustes al texto inicial a partir de las aportaciones realizadas por las asociaciones durante el proceso de audiencia pública. Un diálogo que se mantendrá especialmente en materias relacionadas con las prácticas formativas y el seguimiento facultativo", añaden desde Inclusión.
"Queremos contemplar más situaciones que hasta ahora no estaban recogidas y ofrecer mayor seguridad a las familias beneficiarias de esta prestación", ha afirmado Saiz, que ha añadido: "Hemos escuchado las aportaciones de los afectados e incorporamos algunas de ellas en el texto". El proceso de audiencia pública finaliza mañana y, tras los trámites preceptivos, incluido el informe del Consejo de Estado, la reforma verá la luz después del verano, según ha afirmado la portavoz gubernamental.
La prestación CUME, que cubre actualmente a cerca de 19.000 beneficiarios -y a la que se dedica una partida de 355 millones de euros-, tiene como finalidad compensar la pérdida de ingresos de quienes reducen su jornada laboral para atender a menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave que requieren cuidados directos, continuos y permanentes. En los últimos años se ha ampliado la edad de los menores afectados de 18 a 23 años y 26 en algunos casos, se han incorporado casos de familias monoparentales y se ha posibilitado que resulte beneficiario el cónyuge o pareja de hecho. En 2018, esta prestación llegaba a menos de 6.000 familias.