Montse (64 años) compró su piso con fecha de caducidad. Un apartamento de cuatro habitaciones en el número 410-414 de la calle Mallorca (Barcelona). El motivo es la terminación de un templo que lleva 144 años en construcción: la Sagrada Familia. La obra de Antoni Gaudí afronta su última etapa con una crisis que comparte con el resto de barceloneses: la vivienda. Porque hasta donde debería llegar la escalinata final del Pórtico de la Gloria se alzan varios bloques de pisos, locales comerciales y parkings.

Esta es una contienda que dura décadas y que hoy es una discusión a dos voces. En un lado, la Fundación de la Junta Constructora de la Sagrada Familia a cargo de la terminación de la basílica "en su totalidad, y eso incluye la fachada de la Gloria y la escalinata, tal y como el arquitecto las concibió". En el otro, el Ayuntamiento de Barcelona, responsable de preservar el bienestar vecinal... después de propiciar un caos urbanístico.

En tercer plano, pero no menos importantes, los vecinos. Después de años en vilo (no son agente directo en las negociaciones ) aguardan a conocer la resolución final: a cuántas viviendas afectará una expropiación que se da por segura, y en especial, el justiprecio que pondrá valor a su inmueble, enmarcado en un complejo relato urbanístico, legal y artístico.

El pleito

Según los planos que expone la Junta, Gaudí concibió el acceso a la Sagrada Familia con una gran escalinata. A través de una especie de puente, conectaría el solar original (donde se ubica ahora la basílica) con los espacios entre las manzanas de edificios entre la calle Mallorca y la calle Aragó. La fachada sigue aún sin planificación y a cargo del ganador de un concurso entre artistas. Mientras, hay que encontrar una solución al conflicto vecinal presente.

Desde la Junta insisten: "seguimos con el diálogo y estamos seguros de que se llegará a una solución óptima para todos", en una respuesta que se repite años tras año. El pasado septiembre dio alas a nuevas teorías sobre una pronta solución cuando en el balance de resultados de la Fundación el presidente de la Junta, Esteve Camps, declaró que estaba "muy cerca de un acuerdo". Ante todo, "el puente [la escalinata] es indiscutible, es el proyecto de Gaudí. Somos herederos y tenemos que negociar con el Ayuntamiento, no con vecinos. Es un tema de urbanismo".

Porque para acometer el tramo final de las obras sería necesaria una modificación del Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana (PGM-76)... que debe ejecutar el propio Ayuntamiento. El organismo municipal asegura que busca una solución a la crisis que resultaría de demoler todos los edificios afectados y donde prima la protección a los vecinos, sean desplazados en la misma zona o cerca de las viviendas. Que fueron legalmente construidas, como recalcan los vecinos.

Para entender la situación hay que echar la vista (muy) atrás. Los primeros planos de la basílica que han sobrevivido y que custodia el Archivo Municipal de Barcelona están firmados en 1885, situando el acceso dentro de la superficie del templo. No obstante, los dibujos de Gaudí de 1908 y 1916 muestran la intención de ocupar parte del espacio frente a él, atravesando la primera isla de la calle Mallorca. Cabe destacar que a la par que la Sagrada Familia crecía en dimensiones, también lo hacía una ciudad en su apogeo urbanístico: la zona de L'Eixample (el ensanche), donde se sitúa el templo, se construyó entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, con la intervención de muchos proyectos urbanísticos en su diseño.

Montse, como propietaria, tiene acceso a la documentación notarial de su piso: fue constituido y aprobado por Núñez y Navarro, histórica compañía constructora de Barcelona y responsable de muchos otros edificios de la capital, en octubre de 1972. La fecha de sus escrituras fue el 14 de diciembre de 1976 y el Plan General Metropolitano (PGM) se había aprobado en julio de ese año, explica. A ella, su anterior dueña sí le advirtió de que la vivienda estaba amenazada cuando la compró en 2022. Pero la cuestión sobre si hubo aviso o no a los propietarios originales es otra eterna disputa, y la respuesta varía según el vecino interpelado.

El hecho tangible es que se concedió la licencias de obras de los edificios malditos durante una especie de limbo legal en el periodo transcurrido entre 1974 -año de las concesiones para la construcción y a pesar de la oposición de la Junta, con insuficiente capital como para adquirir los terrenos colindantes donde ahora quiere expandirse-, y 1976, año de aprobación del PGM. Lo aclara el propio Ayuntamiento: "Respecto a las circunstancias que llevaron a esta situación: el PGM-76 ya reservaba este espacio para un acceso diáfano a la Sagrada Familia, calificándolo de zona verde".

La dificultad de acabar las obras de la Sagrada Familia -llegaron a tacharse de imposibles- dio pie a la urbanización de sus alrededores. Pero a la par, "la Sagrada Familia operó bajo una especie de silencio administrativo, construyendo sin una licencia de obras formal que no se regularizó hasta el verano de 2019" (133 años después del inicio de las obras), según recoge el medio local Betevé. Es cierto que el PGM-76 todavía mantiene así la reserva de suelo, además de extender las zonas verdes a otras ya edificadas, lo cual deja abierta la posibilidad de que sean, en un futuro, expropiadas. Y todo se debe a que, en sus inicios, el proyecto de la SAgrada Familia dependía de donativos y no contaba con suficiente capital como para adquirir los terrenos colindantes donde ahora quiere expandirse.

El Ayuntamiento asume la responsabilidad de este caos urbanístico. Fuentes consultadas del consistorio afirman que "se sabía sobre plano que iba a estar afectado" el edificio de Núñez y Navarro, y adelantan que la solución no llegará tampoco este junio (los vecinos esperaban que la visita papal fuera excusa para los avances). "Este acuerdo requiere tiempo y mucha paciencia", alegan. Desde Jordi Hereu (2006-2011) a Jaume Collboni (desde 2023), los últimos alcaldes de Barcelona han heredado la tarea de acabar con esta "situación de provisionalidad" vecinal. Tarea nada fácil a la hora de mantener el discurso de protección a la vivienda (dret a l'habitatge) de los afectados, y menos en la capital de los altos precios de la inmobiliarios. Y a la par, negociar con su motor de ingresos en la capital: el turismo.

La resolución deberá llegar antes del año 2034, que es el límite propuesto por la Junta para acabar el templo. Y la teoría apunta a que el coste lo asumirá la misma como beneficiaria de una expropiación con fines privados. El templo cuenta con una facturación anual de 134,5 millones de euros, y un fondo de acción social de 3,5 millones de euros que prevé alimentar con cinco millones más anuales.

Queda la incógnita del número de afectados. En 2019 se hicieron tres propuestas urbanísticas, cada una con un nivel de afectación y un desarrollo de la escalinata distinto. Pero ahora no hay pistas sobre esto último, ni sobre la forma que tendrá la compensación a los vecinos.

El barrio

El debate lleva tiempo afianzado en los portales de los bloques afectados y su alrededor. También en bares y restaurantes. En el Pasaje Font, que atraviesa la primera manzana afectada, hay alguna fachada más renovada, propiedad de empresas de alquileres turísticos, pero el resto se mantienen con un aspecto deteriorado. Alegan vecinos de los bloques de Núñez y Navarro que el mantenimiento de los edificios hace años que no se realiza a la espera de un derribo. Los más escépticos han hecho vida rutinaria, pese al rumor constante de una próxima demolición que no acaba de llegar.

Una vecina relata a EL MUNDO que compró su piso cinco años después de su construcción (sin avisos sobre el derrumbe) y sus últimas obras de remodelación interior se han enfrentado a los más agoreros, que las tachaban de innecesarias. «Tengo que vivir en condiciones», se resigna.

La paciencia de los vecinos de las obras interminables de la Sagrada Familia está al límite. "En estos días no es fácil vivir aquí y la gente está muy enfadada", dice Montse. Con más molestias a raíz de la visita papal, con la explosión del turismo queda poco del antiguo barrio barcelonés.

Fernando Díaz Lastra, presidente de la comunidad de vecinos de los edificios 410-414 de Calle Mallorca, insiste: "No me van a echar de mi casa, pagada con mis propios impuestos. Esto lo tiene que costear la Sagrada Familia que además es una obra privada". Él es uno de los seis miembros de la Plataforma de Afectats pel Temple. Su presidente y abogado, Salvador Barroso, es otro vecino del Pasaje Font. Se abraza a la Constitución para exigir explicaciones acerca de una expropiación con fines privados, e insiste en que no hay ningún registro oficial donde aparezca que su vivienda deba ser derribada. "El Ayuntamiento se está dejando arrastrar por los intereses crematorios de la Junta", critica.

De acuerdo con las últimas informaciones, no serán dos manzanas completas las afectadas, explica Gabriel Mercadal (Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Familia, la más numerosa). Las últimas propuestas reducían el impacto de un millar de viviendas a alrededor de 174, "y contemplaban el realojo de los vecinos a pocos metros de distancia", explica. La ubicación podría estar en el solar del número 424 de la calle Mallorca, que fue adquirido por la Junta para la gestión de obras, y alzar un edificio en el que puedan alojarse los vecinos desplazados. Al menos, esta es la teoría en la que confía Mercadal, que agrega que las casas construidas en la década de 1980 descuentan la presencia de una escalinata de 60 metros de anchura, desde la fachada de la Gloria hasta la calle Aragó.

Este plan para la transformación de uso desde la calle Mallorca hasta la Calle Aragó "con una dimensión aproximada de 60 metros de ancho, que supone una afectación de más del 50% de dos manzanas del ensanche absolutamente consolidadas, que llevan más de 40 años en un régimen transitorio" se mereció en 2019 el análisis de distintos arquitectos urbanistas (AAUC) y defensores del patrimonio artístico (AADIPA). Entre otras cuestiones, subrayaron el carácter posterior de las intenciones de la Sagrada Familia con la escalinata, que no fueron acometidas por Gaudí (1926) y sí por arquitectos posteriores, pero que no están totalmente especificadas. Y recalcaron la gravedad de dejar un patrimonio cultural y artístico sin finalizar.

Esta terminación de la basílica, con la escalinata, conllevará un proceso de entre diez y doce años (por los permisos, planes de construcción, obras...). Pero primero se han de resolver las negociaciones. La Junta cuenta con que los propietarios recurrirán la expropiación (ya han presentado dos recursos anteriormente). Pero muchos son dueños de edades avanzadas, y habrá quien acepte de buenas maneras las llaves de una nueva vivienda en una zona donde el precio por metro cuadrado se sitúa en torno a los 6.000 euros en Calle Valencia y en torno a los 10.000 euros en Calle Cerdeña, según los datos de pisos.com. Cabe destacar que esta oferta de compraventa es muy reducida, y la disparidad amplia en unos inmuebles con una segura y gran revalorización futura. En el presente, solo el alquiler por metro cuadrado alcanza los 24,23 euros, según Fotocasa.

En el caso de Mercadal, su familia es propietaria de un piso en Pasaje Font: "Sé que caerá y que me van a pagar una indemnización, que espero que sea correcta. Y ya me conformo". Se ampara en el desenlace de otros casos de expropiación en la Ciudad Condal, donde ante derribos similares se realojó a los residentes dando prioridad a los más antiguos e indemnizaciones ajustadas a quienes perdieron una propiedad. Mercadal asegura que hay una "solución equilibrada" a punto de llegar, con un consenso no completo, pero sí "generalizado".

En cuanto a los potenciales afectados, en 2022 llegaron a estimarse 3.000 viviendas amenazadas, 1.000 propietarios y 50 comercios. Hoy el Ayuntamiento estima 440 viviendas con unos 800 habitantes. Estas cifras del Consistorio parecen escasas para ambas manzanas, pero Montse y otros vecinos ponen en duda su representatividad por la existencia de pisos para alquiler residencial y turístico.

En el caso de Montse, no está preocupada por su futuro realojo. Su vivienda es el proyecto de su hijo Adriá para crear un espacio de acogida a jóvenes internacionales que será regentado por la Fundació Vall d'Ebron. Sea ella la propietaria o no, lo tiene claro: una vivienda es una vivienda. Lo único que lamenta es que esta sea la búsqueda de una solución "para los vecinos, pero sin los vecinos".