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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un expediente sancionador contra una importante empresa del sector inmobiliario, de la cual no se ha facilitado el nombre, por la gestión de miles de viviendas en diversas ciudades del país. La investigación, impulsada por el departamento de Pablo Bustinduy, ha identificado cuatro potenciales infracciones que vulneran los derechos de los arrendatarios al imponer condiciones injustas en los contratos de alquiler.
Entre las irregularidades detectadas destaca la imposición de seguros de impago a los inquilinos, una práctica que la Dirección General de Consumo considera abusiva. Además, se ha señalado la incorporación de cláusulas en las que se obliga al arrendatario a reconocer una "negociación individualizada" en lo que realmente son contratos de adhesión con condiciones preestablecidas por la empresa. El expediente también recoge penalizaciones "desproporcionadas" por retrasos en la devolución de la vivienda y el cobro de gastos injustificados relacionados con los suministros y sus cambios de titularidad.
Las repercusiones legales para la inmobiliaria podrían ser severas si se confirman estas prácticas. Cada una de estas infracciones puede ser castigada con multas de hasta 1.000.000 de euros. Alternativamente, las sanciones podrían fijarse en una cuantía de entre seis y ocho veces el beneficio ilícito generado por estas cláusulas abusivas. Consumo ha enfatizado que estas medidas buscan proteger a los ciudadanos frente a empresas que aprovechan su posición de fuerza en el mercado inmobiliario.
Este no es el primer caso de este tipo que afronta el Ministerio este año. El pasado mes de abril, se ratificó una multa de 3,6 millones de euros a la firma Alquiler Seguro por seis infracciones muy graves y una grave. En aquel caso, se determinó que la empresa había vulnerado los derechos de los consumidores aprovechando su predominio en el mercado. Aunque la Dirección General de Consumo subraya que la apertura de este nuevo expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, el proceso marca una clara advertencia al sector sobre el cumplimiento de la normativa de protección al consumidor.