Entre 60 y 70 euros al día. Es lo que las organizaciones sociales calculan como el "coste razonable" para sostener una plaza diaria en una vivienda de inclusión. Al menos así es cómo lo ve la Provincia de España Este de las Hijas de la Caridad, que denuncian la "infradotación crítica" de los ayuntamientos para un servicio que no se debería limitar a ofrecer una alternativa habitacional, sino que debería garantizar también la intervención social necesaria para rescatar a una persona de la exclusión extrema. Sin embargo, advierten que apenas reciben una cuarta parte de los costes reales a través de licitaciones públicas y consideran que, en realidad, "están financiando pobreza". Por ejemplo, en ciudades como Zaragoza, el ayuntamiento les entrega 12,64 euros al día por persona que atienden, mientras que el de Alicante les da 18,87 euros al día.

Y es que la exclusión en España no se ha logrado disolver con las fases de bonanza económica. Según los datos del IX Informe Foessa, 9,4 millones de personas en todo el país se encuentran en esta situación y casi cuatro de cada 10 ciudadanos caen automáticamente en el estrato de la clase baja cuando se restan los gastos habitacionales de sus ingresos disponibles. Este fue el caso de Milagrosa (38 años), cuando llegó a España en 2018 desde Guinea Ecuatorial con sus dos hijos, uno de ellos con autismo. A pesar de tener familiares en Madrid, Milagrosa se encontró con una falta de apoyo que la empujó rápidamente a la vulnerabilidad absoluta. "Llega un momento que tú te crees hasta animal y te olvidas de que eres ser humano porque no puedes hacer nada", cuenta al recordar un periodo de hambre y abusos en habitaciones alquiladas donde se le impedía incluso el aseo personal con agua limpia.

Situaciones como la de Milagrosa son las que llevan a la entidad social de las Hijas de la Caridad, que gestiona alrededor de 85 viviendas, denuncia que, "con prestación social, el acceso a una vivienda es imposible, y a duras penas a una habitación". Además de lo recibido por los ayuntamientos, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en protección internacional, financia 50 euros por día, lo que califican como muy poco por encima del umbral de vulnerabilidad, que son de 46,02 euros.

Mientras tanto, el precio de una vivienda media en Alicante, donde Milagrosa vive, alcanza los 1.141 euros mensuales. En su país, ella mantenía una vida profesional activa donde "trabajaba y tenía mis negocios" porque siempre fue una persona que procuraba estar bien y ser autónoma. Sin embargo al aterrizar en España, buscando un mejor futuro para sus hijos, el bloqueo administrativo para obtener la documentación completa no le permitieron retomar su vida laboral y quedó excluida del mercado tradicional de vivienda. "Fuimos de organización en organización, de casa en casa", recuerda. Ella es una de las 1.238personas en situación de pobreza que la Provincia de España Este de las Hijas de la Caridad ha acompañado para encontrar un recurso habitacional. De estas, el 38% se encuentran en una situación extrema, mientras que el 55% están en situación de vulnerabilidad y el 7% en riesgo de exclusión social por otros factores fuera de lo económico.

Aunque para ella recuperar un hogar ha supuesto sobre todo "alcanzar la paz y la tranquilidad" necesarias para reconstruir su autonomía, el mercado inmobiliario actual absorbe casi la totalidad de sus ingresos disponibles. Describe la situación como una "libertad en prisión" pues destina 850 euros de su prestación de 1.100 euros exclusivamente al alquiler. Esta asfixia económica le impide cubrir algunas necesidades de sus hijos o detalles cotidianos como comprar un patín para que jueguen con otros niños. Aunque la entidad ha logrado encontrar opciones de habitaciones por unos 350 euros o a viviendas completas por una media de 750 euros, son precios que siguen por encima de la renta media de un hogar que percibe el Ingreso Mínimo Vital (IMV) básico, que es de 511,08 euros, "lo que hace que el acceso a una vivienda de mercado sea prácticamente imposible sin intervención social".

El estudio de la Fundación Foessa advierte que para las familias en situación de pobreza severa el hogar se ha convertido en una losa ya que hoy dedican más del 70% de sus ingresos al alquiler, lo que repercute ineludiblemente en la desatención de otras necesidades básicas. Este escenario de exclusión residencial, indican, se agravó significativamente con la crisis del Covid, ya que penalizó de forma desproporcionada a sectores laborales feminizados como el comercio o los servicios donde se insertan mayoritariamente las mujeres con cargas familiares.

Este fue el caso de Reina (52 años), que llegó a España en 2018 desde Venezuela con sus hijos; pero con la pandemia llegó hasta a "quedarse en la calle" por la falta de oportunidades laborales. "No es solamente que te den el techo, sino que te ayudan, creen en ti, te dan ese empuje que hace falta", explica al recordar la ayuda que le dieron las entidades sociales. Tras una etapa de formación y ahorro, Reina logró insertarse en el mercado laboral y hoy trabaja en la limpieza de hospitales. Sin embargo, el precio medio de una vivienda en Valencia, donde ella vive, es de unos 1.159 euros mensuales, según los datos recopilados por las Hijas de la Caridad.

Al salir al mercado libre, Reina se enfrentó a los "requisitos imposibles" de las inmobiliarias. Ahora, afronta un alquiler de 1.200 euros que supera su salario mensual de 1.100 euros, una brecha que ha obligado a sus hijos a aparcar sus estudios universitarios para buscar empleos, en medio de la precariedad del mercado, con los que intentar sostener el hogar. Además, se suma la inestabilidad de las propias prestaciones públicas diseñadas para combatir la pobreza. Reina denuncia que tras lograr un empleo, la Seguridad Social le reclama ahora la devolución del IMV debido a los retrasos en la actualización de datos de la administración. "El Estado ayuda, pero luego te lo piden. Somos una hucha para ellos", denuncia.

Para sostener el sistema que evita que los más vulnerables caigan en la exclusión, las Hijas de la Caridad despliegan un total de 515 plazas en una red residencial que se reparte entre 30 viviendas en la Comunidad Valenciana, 30 en Aragón, 21 en Cataluña y 4 en Navarra. Esta estructura, que atiende prioritariamente a mujeres (57%), debe compensar déficits de financiación incluso en ciudades con mayor dotación relativa como Barcelona, donde la administración aporta 49,29 euros diarios por plaza frente a los 60-70 euros que cuesta realmente el servicio.