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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado con dureza ante la reciente acumulación de procesos judiciales que afectan al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez. Durante su intervención en el foro "La España vertebrada", organizado por EL MUNDO, la dirigente madrileña calificó la situación actual como el "mayor ataque a la democracia que hemos vivido", denunciando una supuesta estrategia del PSOE para desactivar causas judiciales mediante la persecución de jueces, fiscales y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Ayuso fue tajante al afirmar que "Sánchez es corrupción" y defendió que, ante lo que denominó una "corrupción de Estado" que arrastra a las instituciones, la única salida coherente es la convocatoria de elecciones generales. En este sentido, la presidenta regional descartó frontalmente la opción de una moción de censura articulada por el Partido Popular con el apoyo de Vox y formaciones nacionalistas. En su lugar, instó al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza para comprobar el respaldo de voces críticas dentro del socialismo, como la de Emiliano García-Page.
La mandataria madrileña enumeró lo que considera una degradación institucional sin precedentes en Occidente: la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, los procesos contra la esposa y el hermano del presidente (David Sánchez), así como la situación del Fiscal General del Estado y la televisión pública. Según Ayuso, estas circunstancias evidencian un "sanchismo desahuciado" que rechaza las urnas para evitar un proceso electoral en igualdad de condiciones.
Para la dirigente madrileña, la corrupción no provocará que el presidente abandone el cargo, sino que es precisamente lo que "le ata" al poder. Ayuso concluyó señalando directamente a Pedro Sánchez como la "X" que une todas las investigaciones y el "epicentro de todo" el entramado que sobrevuela Moncloa y la sede de Ferraz. Con estas declaraciones, la presidenta eleva la presión sobre el Ejecutivo, asegurando que España debería haber ido a las urnas hace tiempo para frenar la quiebra del Estado de derecho.