Un momento de la intervención policial.
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La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han desarticulado una trama que supuestamente amañaba inspecciones técnicas de vehículos en una estación ITV del distrito madrileño de San Blas, permitiendo circular a automóviles con graves deficiencias mecánicas a cambio de pagos de entre 100 y 150 euros. Los arrestados están acusados de los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, delito contra la seguridad vial y coacciones.
La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas: el director de la ITV San Blas Applus, situada en la calle Aguaviva, el ingeniero jefe del centro y dos miembros de un clan que actuaban como intermediarios para captar clientes y garantizar la aprobación de vehículos que, en condiciones normales, habrían suspendido la inspección, según fuentes policiales.
La investigación comenzó en noviembre de 2025 tras detectarse posibles irregularidades en la estación de inspección. Las pesquisas permitieron descubrir una estructura organizada que llevaba meses operando y que obtenía resultados favorables de forma fraudulenta para vehículos que no cumplían los requisitos mínimos de seguridad exigidos por la normativa vigente.
Según los investigadores, uno de los implicados cobraba entre 100 y 150 euros por vehículo a cambio de asegurar la aprobación de la ITV. Para ello contaba presuntamente con la colaboración de los responsables del centro y con la pasividad forzada de varios trabajadores, que habrían sido presionados y coaccionados por sus superiores para participar en la operativa o no denunciar las irregularidades.
Los miembros del clan detenidos se encargaban de trasladar los vehículos hasta la estación y realizar los trámites necesarios para lograr una inspección favorable. De esta forma, automóviles que debían haber sido inmovilizados y retirados de la circulación podían seguir circulando por las carreteras.
Entre las anomalías detectadas por los agentes figuran ruedas agrietadas y cuarteadas, sistemas de iluminación en mal estado y focos delanteros descolgados, además de otras deficiencias estructurales incompatibles con la obtención de un resultado favorable en la inspección técnica.
Los investigadores estiman que la organización conseguía aprobar fraudulentamente entre 10 y 20 vehículos al día, una actividad que podría haber permitido la circulación de centenares de automóviles potencialmente peligrosos.
"La introducción en las carreteras de vehículos que carecen de las condiciones mínimas de seguridad supone un grave riesgo para el conjunto de los usuarios de la vía", destacan fuentes policiales. El pasado 19 de mayo, agentes de ambos cuerpos realizaron una entrada y registro en las instalaciones de la ITV de San Blas, donde intervinieron abundante documentación relacionada con la investigación.