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Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado una nueva y agresiva oleada de ataques contra infraestructuras del grupo chií Hizbulá en la ciudad de Tiro, al sur del Líbano. Esta escalada militar se produce en un contexto de máxima tensión, pese a la existencia de un acuerdo de alto el fuego firmado originalmente en abril y prorrogado el pasado 15 de mayo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya había anticipado este incremento de las hostilidades, vinculándolo a la toma de nuevas "zonas estratégicas" por parte de su ejército.
La operación en Tiro ha estado marcada por órdenes de expulsión masiva que afectaron a cerca de 200.000 residentes, notificadas apenas dos horas antes de que comenzaran los bombardeos. Asimismo, las autoridades israelíes han delimitado como "zona de combate" el 18% del territorio libanés, instando a la población civil a desplazarse forzosamente más allá del río Zahrani. Según fuentes militares, esta semana se han atacado aproximadamente 550 objetivos de Hizbulá, dejando víctimas mortales en localidades como Deir Amas.
El impacto de este conflicto ha trascendido el ámbito militar, provocando una respuesta política y económica inmediata en España. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció un paquete de ayudas directas de 400 millones de euros para mitigar las repercusiones económicas del conflicto en las familias y empresas catalanas. Este plan contempla 40 medidas, incluyendo exenciones fiscales y financiación específica para sectores vulnerables como la agricultura, la pesca y el transporte, afectados por el encarecimiento de materias primas y combustibles.