La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella enfrenta graves denuncias por la recolección ilícita de datos de 1,4 millones de ciudadanos y la compra sistemática de votos en el Caribe.
El escándalo incluye amenazas de muerte contra la comunidad universitaria y alertas de financiamiento transnacional. Foto: EFE
17 de junio de 2026 Hora: 19:27
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La campaña presidencial del ultraderechista Abelardo de la Espriella se encuentra en el centro de la polémica en Colombia, tras revelarse múltiples investigaciones periodísticas que exponen supuestas operaciones de fraude, desinformación y discursos de odio. Las denuncias del programa Señal Investigativa —de Señal Colombia y Revista Raya— alertan sobre el uso de intermediarios y maquinarias políticas regionales para incidir en los comicios.
De acuerdo con los reportes, la estrategia del candidato incluye campañas dirigidas a infundir temor en el electorado mediante la difusión de contenidos falsos. Las maniobras incluyen el uso no autorizado de bases de datos, mensajes engañosos, supuestas historias clínicas falsas y vallas publicitarias que visten a los contendientes de guerrilleros.
Me informan como columnista sobre la compra descarada de votos que se está ejecutando en efectivo y de noche en la Costa Atlántica, no solo en Barranquilla, por personas adherentes a la campaña de la ultraderecha de Abelarrdo de la Espriella. Señor @mindefensa es su hora de…
— Ramiro Bejarano G (@RamiroBejaranoG) June 17, 2026
La investigación detalla la captación presuntamente ilícita de los datos personales de más de 1,4 millones de ciudadanos, empleados posteriormente para el envío de propaganda política a dispositivos móviles.
Dentro de estos registros se constató la presencia de personal perteneciente a la Fuerza Pública. Paralelamente, Revista Raya recopiló evidencias sobre la entrega de planillas a trabajadores de la Alcaldía de Barranquilla con el fin de registrar potenciales votantes para De la Espriella, bajo la exigencia a ciertas personas de captar cuotas de entre 20 y 100 sufragios.
El espacio televisivo también expuso amenazas directas contra el sector académico. Al menos cinco instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, recibieron correos electrónicos firmados presuntamente por una cuenta vinculada al movimiento Salvación Nacional.
Las comunicaciones advertían la ejecución de una supuesta «limpieza» universitaria contra los sectores opuestos a los postulados del candidato, acciones que se complementan con la detección de grupos de WhatsApp conformados por militares y policías en retiro dedicados a propagar material audiovisual con mensajes de odio y miedo.
En el Caribe colombiano las alarmas se encendieron ante indicios de compra masiva de votos y la presunta participación activa de gobernantes locales.
El abogado Miguel Ángel del Río interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación el pasado 10 de junio para exigir la investigación de una red de apoyo electoral en el departamento del Cesar orientada a beneficiar al aspirante presidencial, según expedientes examinados por Revista Raya. Dicha alerta involucra de manera directa al denominado clan Gnecco en una zona que se perfila como crucial para el desenlace de la votación.
Los documentos consignados ante la Fiscalía describen la implementación de la «mochila», una modalidad histórica de corrupción en el Caribe basada en el financiamiento económico para asegurar respaldos en las urnas. Esta operación recae en los «mochileros», intermediarios encargados de recolectar bloques de entre 50 y 100 votos a cambio de comisiones por sufragio, según estudios académicos citados en la emisión.
Del Río compareció en una entrevista para profundizar en el impacto de estas estructuras organizadas y la procedencia de los fondos económicos que amenazan la transparencia del sufragio.
La alianza periodística rescató un antecedente judicial mediante una carta remitida por el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, conocido como alias «Pipintá», enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
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El antiguo miembro del Bloque Central Bolívar incriminó a Abelardo de la Espriella como el presunto enlace de un complot urdido en 2006 para sobornar a magistrados de la Corte Constitucional, con el objetivo de asegurar beneficios legales a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Hechos que, según el testimonio de «Pipintá», conoció a través de las declaraciones de otros comandantes de la organización armada.
Ante la gravedad de los hechos expuestos sobre manipulación mediática, el presidente Gustavo Petro se pronunció para denunciar que este tipo de propaganda mentirosa y delictiva se paga en el exterior y busca omitir sus enormes costos en las cuentas de la campaña opositora.
El mandatario defendió la trayectoria de Iván Cepeda, señalando que no ha sido defensor de guerrillas sino investigador del asesinato de su padre y constructor de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 16, 2026Este tipo de propaganda mentirosa y delictiva, porque Cepeda no ha sido defensor de guerrillas sino investigador del asesinato de su padre, y constructor de paz en el gobierno Santos, se paga en el exterior y no se remite el enorme costo a las cuentas de la otra campaña.
El jefe de Estado detalló que las operaciones delictivas e informaciones falsas se irradian desde Miami, Estados Unidos, financiadas mediante un fondo económico constituido en dicha ciudad norteamericana y del cual el alcalde de Medellín es socio.
De acuerdo con lo expuesto por el presidente, este mecanismo recibe cuantiosos aportes económicos provenientes tanto de grandes empresarios colombianos como extranjeros, motivados por la codicia y el rechazo a las mejoras de las condiciones de la población trabajadora y humilde.
Autor: teleSUR: mr - JB
Fuente: RTVC
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