Estados Unidos retiró a Venezuela de la lista de países que han "fallado demostrablemente" en la lucha contra el narcotráfico a lo largo del último año. La decisión se convierte en un nuevo respaldo al gobierno de Delcy Rodríguez, a quien Donald Trump ha calificado de "maravillosa".

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Sin embargo, aunque el chavismo insiste en que Venezuela no es un país aliado de narcotráfico, organizaciones han documentado a través de los años el mapa criminal y de drogas en el país. 

Informes de organizaciones de veeduría como Transparencia Venezuela cifran en más de 8.200 millones de dólares el volumen bruto del negocio de las drogas en el país. 

El presidente estadounidense, Donald Trump, atribuyó esta decisión oficial a los “pasos positivos” adoptados bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez, con quien Washington ha reconfigurado canales de diálogo pragmático —incluyendo acuerdos energéticos y entendimientos comerciales de crudo—.

Bajo esta nueva lectura diplomática, la Casa Blanca manifestó esperar avances “continuos y medibles” en el desmantelamiento de organizaciones narcoterroristas y en la contención efectiva del tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense. 

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No obstante, este espaldarazo político convive con profundas contradicciones internas en Washington y fuertes cuestionamientos de sectores legislativos que continúan tildando a la cúpula gobernante de mantener vínculos estrechos con redes criminales transnacionales. 

¿Cómo operan las estructuras narco en Venezuela? 

A pesar de la distensión diplomática y los anuncios de cooperación, las estructuras financieras del narcotráfico continúan operando con niveles masivos de capitalización. 

Estimaciones financieras de Transparencia Venezuela revelan que el mercado ilícito de sustancias estupefacientes generó ingresos brutos por 8.236 millones de dólares, un flujo de recursos que históricamente ha servido para lubricar redes de complicidad y sostener economías paralelas frente a la crisis formal del país.

El ELN y la retórica de control territorial

Por su parte, la expansión territorial del ELN—documentada ampliamente por centros como InSight Crime— sigue consolidando corredores estratégicos desde la frontera colombiana hasta los enclaves costeros y fluviales del oriente y occidente venezolano. 

Si bien Washington demanda al gobierno interino resultados tangibles en el desmantelamiento de estas expresiones armadas, la guerrilla mantiene una sólida retaguardia operativa, aprovechando la porosidad institucional y los históricas zonas grises de control militar en el territorio. 

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La salida de Venezuela de la lista negra de países negligentes en la lucha antidrogas marca un punto de inflexión donde la geopolítica energética y los acuerdos pragmáticos de la administración interina se anteponen temporalmente al historial de confrontación. 

Sin embargo, el desafío de frenar un entramado criminal que mueve más de 8.200 millones anuales y en el que operan actores armados irregulares pone a prueba la veracidad y el alcance real de los compromisos exigidos por la Casa Blanca.